La Corte Suprema rechaza recusaciones del Grupo Macri y mantiene viva la causa penal por la deuda del Correo Argentino

El máximo tribunal desestimó el intento de apartar a dos camaristas por supuesta parcialidad. El expediente, iniciado en 2017, investiga un acuerdo con el Estado para condonar el 98% de la deuda de Correo Argentino S.A., controlada por SOCMA.

Un fallo clave: la Corte mantiene el expediente en curso

En una decisión que ratifica el curso de una de las causas judiciales más sensibles vinculadas al expresidente Mauricio Macri, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por dos directivos del Grupo Macri, que buscaban apartar a los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña, en el marco del expediente Correo Argentino S.A.

La presentación había sido formulada por Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y Jaime Kleidermacher, su apoderado legal, ambos imputados en la causa que desde 2017 instruye el juez federal Ariel Lijo.

Recusaciones por “enemistad manifiesta” y “temor de parcialidad”

Los representantes de la empresa controlada por SOCMA alegaban una supuesta parcialidad de los camaristas. A Farah lo señalaron por haber denunciado presiones del gobierno de Macri para removerlo de la Cámara. En el caso de Boico, cuestionaron su pasado como defensor de dirigentes kirchneristas, incluyendo a Cristina Fernández de Kirchner.

Según la defensa, ambos magistrados tendrían una “enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri”, lo que —argumentaron— afectaría su imparcialidad en el expediente penal.

Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Cámara de Casación Penal, en un fallo del juez Javier Carbajo, rechazaron la recusación. Carbajo sostuvo que “no se ha demostrado objetivamente el temor de parcialidad”, y que la presentación no superó el umbral jurídico requerido.

Decisión de la Corte: no hay sentencia definitiva para revisar

El reclamo llegó a la Corte Suprema a través de un recurso de queja, que fue rechazado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, al considerar que no se trata de una sentencia definitiva ni equiparable, requisito indispensable para su intervención.

La decisión implica que el expediente judicial seguirá su curso con los jueces recusados en funciones, y representa una señal relevante sobre el criterio restrictivo del máximo tribunal ante intentos de frenar procesos penales en etapas preliminares.

El expediente penal investiga el acuerdo alcanzado en 2016 entre el Ministerio de Comunicaciones, entonces a cargo de Oscar Aguad, y Correo Argentino S.A., para cerrar la convocatoria de acreedores mediante una propuesta que incluía una quita del 98,87% de la deuda con el Estado.

La fiscal Gabriela Boquin denunció el convenio como “abusivo” y “ruinoso”, y logró frenarlo judicialmente. En la causa están imputados también Juan Manuel Mocoroa, ex responsable de Asuntos Jurídicos del ministerio, además de los mencionados Cibils Robirosa y Kleidermacher.

Con este nuevo fallo, la Corte Suprema envía una señal institucional en favor de la continuidad del proceso penal, en una causa que involucra potenciales responsabilidades penales por daño al patrimonio público. Además, marca un precedente ante eventuales intentos similares de apartar jueces por motivos políticos o personales.

A más de siete años de iniciada, la causa Correo Argentino permanece como un símbolo de la tensión entre poder económico, justicia y Estado, con impacto en la credibilidad institucional y la recuperación de acreencias estatales.