El regreso del crédito hipotecario en la Argentina volvió a instalar una promesa de reactivación del mercado inmobiliario. Pero en paralelo, el escándalo por los préstamos otorgados a funcionarios libertarios del Banco Nación dejó al descubierto una brecha difícil de justificar: lo que necesita ganar un ciudadano promedio para acceder a un crédito básico frente a los montos millonarios que recibió un grupo reducido de dirigentes.

Según las condiciones vigentes del Banco Nación, un crédito típico para adquirir una vivienda de 100.000 dólares financia hasta el 75% del valor, es decir, unos 75.000 dólares. Para ese nivel de préstamo, los requisitos de ingreso son contundentes: se necesitan ingresos familiares netos de al menos $3,6 millones mensuales para un plazo de 20 años, con cuotas cercanas a los $914.000.

A 30 años, el umbral baja levemente, pero sigue siendo elevado: ingresos de más de $3,2 millones para sostener una cuota de alrededor de $808.000 mensuales. En caso de no acreditar haberes en el banco, los requisitos se endurecen aún más, con ingresos exigidos por encima de los $4,3 millones.

Este esquema deja en evidencia una realidad: el crédito hipotecario está reservado para un segmento muy reducido de la población, con empleo formal, altos ingresos y estabilidad financiera. Los trabajadores informales o con ingresos variables, en la práctica, quedan excluidos del sistema.

Los préstamos de la polémica: hasta cinco veces más altos

En ese contexto, la revelación de los créditos otorgados a funcionarios del oficialismo amplifica el contraste. Mientras una familia necesita más de $3 millones mensuales para acceder a un crédito de 75.000 dólares, varios funcionarios obtuvieron préstamos que cuadruplican o quintuplican ese monto.

Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro Luis Caputo, accedió a un crédito de $373 millones, equivalente a unos 315.000 dólares. Federico Furiase, secretario de Finanzas, obtuvo $367 millones (más de 280.000 dólares). Emiliano Mongilardi, director de YPF, recibió $309 millones.

En el mismo listado aparecen Juan Pablo Carreira, con un crédito de $112,9 millones, y los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con montos que van de $230 millones a $279 millones.

En total, al menos nueve funcionarios y legisladores accedieron a préstamos por más de $2.500 millones.

Mercado en recuperación, acceso restringido

El dato no es menor en un contexto donde el crédito hipotecario intenta consolidar su recuperación. En 2025 se firmaron más de 44.000 préstamos, uno de los niveles más altos desde 2004. Sin embargo, esa recuperación se explica más por una base muy baja que por una masificación real del acceso.

Hoy, el sistema financiero muestra una paradoja: hay crédito disponible, pero sólo para una minoría altamente calificada. Y en ese escenario, la aparición de préstamos millonarios otorgados a funcionarios vuelve inevitable la discusión sobre equidad, condiciones de acceso y transparencia.

El caso trasciende lo político y se instala en el terreno económico. Expone con claridad la segmentación del sistema financiero argentino: mientras la mayoría queda afuera del crédito, un grupo reducido accede a montos que multiplican varias veces el estándar del mercado.

La pregunta que queda abierta no es sólo quiénes acceden, sino bajo qué condiciones y con qué criterios se asigna un recurso escaso en una economía donde el crédito sigue siendo un privilegio.