Cuidar nuestra tierra

Escribe Nicolás Marchiori, Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral.

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Por Nicolás Marchiori* -El desarrollo productivo, desde la perspectiva misionerista, implica un cambio de paradigma que tiene como objetivos innegociables proteger la vida de los productores, desarrollar prácticas más sustentables y amigables con el ambiente para dejarles a las futuras generaciones un planeta más sano. En Misiones, la ley de promoción de bioinsumos se ha transformado en blanco de todo tipo de ataques perpetrados por lobbystas de corporaciones que tienen grandes intereses vinculados a la producción, distribución y comercialización de venenos como el glifosato.

El influyente pensador francés Jacques Attali sostiene en su libro L’économie de la vie (La economía de la vida) que “cuando la política se vuelve incapaz de asegurar el bienestar de sus ciudadanos, cuando ya no puede garantizarles un cierto nivel de vida ni prometérselo a sus hijos, y sobre todo cuando ya no sabe evitarles la muerte, la sociedad que esa política administra y la cultura de la que es garante se encuentran en gravísimo peligro”.

La pandemia del coronavirus ha dejado en claro que uno de los roles esenciales de la política es proteger a la ciudadanía contra la muerte.

No hay dudas de que este evento que generó una crisis de escala global ha sido claramente agravado, e incluso provocado, por nuestro estilo de vida y nuestro impacto sobre los ecosistemas. En virtud de lo dicho, se torna más que necesario un replanteo muy profundo de nuestros modos de organización, consumo y producción de manera tal que se garantice la lucha contra el calentamiento global y la defensa del medioambiente.

Mucho se habla del rol de los gobiernos y de la clase política en general. El filósofo y antropólogo francés Bruno Latour considera en la obra Mémo sur la nouvelle clase écologique (Manifiesto ecológico político) que la ecología política, si quiere existir, no debe dejarse definir por otros, y en su búsqueda debe detectar los nuevos causantes de injusticia y los nuevos frentes de lucha.

Al basarse en la inquietud por una naturaleza conocida por la ciencia y por fuera del mundo social, durante demasiado tiempo la ecología política descansó en una versión pedagógica de su acción: la situación catastrófica era conocida y, por tanto, se pasaría necesariamente a la acción. Sin embargo, ha quedado claro que el llamamiento a proteger la naturaleza, lejos de poner fin a los conflictos sociales o de desviar la atención de ellos, los ha multiplicado. De los chalecos amarillos en Francia a las manifestaciones de jóvenes, pasando por las protestas de los agricultores en India o las comunidades aborígenes que resisten el fracking en América del Norte, el mensaje es claro: los conflictos proliferan.

Latour señala en su libro que, llamativamente, las preocupaciones ecológicas se han vuelto omnipresentes. Al menos por ahora, la multitud de conflictos no ha adoptado la forma de una movilización general, como pudieron hacerlo, durante los últimos siglos, las transformaciones desencadenadas por el liberalismo y el socialismo. Por el momento, parecería que la inmensa diversidad de los conflictos es lo que impide dar una definición coherente de esas luchas. Sin embargo, esa diversidad no es un defecto, sino una ventaja. Sucede que la ecología ha emprendido una exploración general de las condiciones de vida que fueron destruidas por la obsesión de la producción. Para que el movimiento ecológico gane consistencia y autonomía, y esto se traduzca en un impulso histórico comparable a los del pasado, le hace falta reconocer, abrazar, comprender y representar su proyecto con eficacia, agrupando todos esos conflictos en una unidad de acción comprensible por todos. Con ese objetivo, ante todo debe aceptar que la ecología implica división; después, debe aportar una cartografía convincente de los nuevos tipos de conflictos que genera y, por último, debe definir un horizonte común para la acción colectiva.

En tiempos en donde se habla y discute de una tercera revolución verde, lo cierto es que hoy las empresas multinacionales denominadas biotecnológicas demuestran que no han sido diseñadas especialmente para responder a las necesidades básicas de los campesinos, la población rural y los agricultores minifundistas, sino para contribuir aún más a la lógica capitalista de producción y acumulación del capital económico que fortalece a las grandes corporaciones.

El actual esquema no beneficia a los grupos sociales más vulnerables y desfavorecidos, todo lo contrario, genera importantes ganancias a un grupo muy reducido de empresarios que tienen en propiedad las acciones en bolsa de las más grandes compañías multinacionales del sector agroalimentario.

Dicho esto, la avaricia humana y mercantil amenazan las barreras naturales como así también todo tipo de límites éticos y normativos.

La agricultura debe desarrollarse en armonía con la naturaleza, reconociendo que hay límites naturales a las ambiciones. Esa concepción ha tallado profundamente la visión y concepción del Proyecto Misionerista y por ello Misiones sentó las bases para convertirse en la primera provincia agro sustentable del país, que cuida la vida de los productores y aspira a dejarle a las futuras generaciones un planeta más sano.

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Dar más vida a las chacras misioneras

Con la sanción de la “Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos” en la Legislatura misionera, Misiones dio una muestra en materia de vanguardia legislativa. La ley de autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Ing. Carlos Rovira, establece un marco regulatorio para la investigación, desarrollo, producción, procesamiento, registro, comercialización y utilización de productos biológicos naturales, más conocidos como bioinsumos. Esta importante ley que está a favor de la vida de los productores misioneros y del cuidado del ambiente pensando en las futuras generaciones, estuvo en estudio durante cinco años y contó con la opinión de diferentes sectores involucrados antes de alcanzar dictamen de comisión y fue votada en contra por los legisladores de la alianza de Juntos por el Cambio, quienes hoy son el principal vehículo para materializar el agresivo e incesante lobby de las grandes corporaciones que desarrollan, producen, distribuyen y comercializan agrotóxicos.

En materia de producción agrícola, Misiones ha adoptado un perfil minifundista que tiene la particularidad de que los productores viven a pocos metros de sus plantaciones, por lo que el contacto con los químicos es cotidiano y los efectos nocivos de su uso son de altísimo impacto.

La producción minifundista con unidades agrícolas de pequeña escala favorece la posibilidad de llevar adelante una modificación de los esquemas de trabajo a diferencia de los grandes latifundios de la Pampa Húmeda, en donde la aplicación de venenos se realiza indiscriminadamente.

La Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos constituye un paso más hacia la búsqueda y consolidación del modelo de producción sustentable impulsado por la provincia que permite además la oferta de alimentos más sanos para la población, la soberanía alimentaria y el cuidado del suelo.

El Ing. Carlos Rovira consideró que se trata de “un gran paso pensando en las futuras generaciones que van a gozar de un enorme beneficio en salud y producción, porque el productor y el Estado bajan su gasto en salud y se obtiene una rentabilidad multiplicada produciendo en una tierra libre de venenos. Este es el principal legado que le estamos dejando a las futuras generaciones”.

Con esta ley, Misiones prevé el reemplazo progresivo de los venenos por los bioinsumos. Un proceso que llevará años, en donde el Estado provincial asumirá un rol fundamental acompañando y ayudando a los productores a realizar esa implementación gradual.

Cabe destacar que en el año 2018, por medio de la Ley XVI – 124, la provincia daba un primer paso en materia del cuidado y protección de la vida. Por medio de la citada norma, se prohibió el uso del glifosato, sus componente y afines, en los ejidos urbanos de la provincia; comunidades de pueblos originarios; establecimientos educativos y sanitarios; Reservas Naturales; centros turísticos; cursos de agua dulce que proveen para consumo humano o su utilización para la producción agrícola ganadera. Esta prohibición rige, conforme lo estipula el marco legal citado, desde el 1° de abril de 2020.

El poder de una bestia magnífica

Diferentes relevamientos confirman que el glifosato, principal componente del producto Roundup de la multinacional Bayern-Monsanto, es el herbicida más empleado del mundo y sospechoso de ser cancerígeno.

En América Latina el glifosato se usa masivamente. Argentina es el país que más pesticida emplea a nivel mundial: cinco kilos por habitante por año. Los grandes pooles de siembra de la Pampa Húmeda reciben indiscriminadamente glifosato.

Monsanto no discrimina ideologías y su poder de lobby es fenomenal. Así lo confirma el Dr. Ávila Vázquez, coordinador de la red argentina Médicos de Pueblos Fumigados: todos los gobiernos apoyan a Monsanto y el uso del glifosato, ya sean de derecha, conservadores o progresistas.

Hace unos años, Ávila Vázquez contaba en una entrevista realizada por el canal alemán Deutsche Welle que Médicos de Pueblos Fumigados había interpuesto una demanda judicial contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina por negarse a publicar los estudios en base a los que el país aprobó el uso del glifosato.

El coordinador de la red daba cuenta de la existencia de muchos casos de niños que nacen con malformaciones, porque sus madres estuvieron expuestas al glifosato durante el embarazo.

El médico explicaba en la entrevista que “el glifosato actúa sobre algunos receptores del desarrollo embriológico, y nosotros vemos que nueve meses después de la época en que se empieza a fumigar con intensidad en Argentina empiezan a aumentar los casos de niños que nacen con malformación”.

Hoy en día los herbicidas de glifosato, como el Roundup, representan la mitad de los ingresos de la compañía. La multinacional promociona agresivamente el Roundup como un herbicida seguro y de use general en cualquier lugar, desde céspedes y huertas hasta grandes bosques de especies coníferas, donde se utiliza la fumigación aérea para impedir el crecimiento de matorrales favoreciendo el crecimiento de árboles rentables.

En los Estados Unidos, la batalla contra Monsanto lleva décadas. La organización North West Coalition for Alternatives to Pesticides (NCAP), revisó más de 40 estudios científicos sobre los efectos del glifosato y concluyó que el herbicida es mucho menos inocuo de lo que dicen los anuncios de Monsanto.

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Ya en la década de los ‘90, el Fiscal General del Estado de Nueva York había denunciado que los anuncios del Roundup eran engañosos, ya que se manipulaba información referida a la biodegradabilidad y el carácter de “ambientalmente positivo” del herbicida.

A la fecha, Monsanto lleva pagadas exorbitantes sumas de dineros por juicios perdidos en Estados Unidos. El caso más resonante de los últimos tiempos fue el de Edwin Hardeman, que demandó a la empresa alemana por contraer linfoma de no-Hodkin a partir del uso habitual de Roundup. La condena indemnizatoria por 25 millones de dólares que data del año 2022 sentó jurisprudencia para otras 30.000 denuncias presentadas en los tribunales norteamericanos contra el agrotóxico estrella.

La de Hardeman fue elegida como la causa testigo y la investigación destapó los denominados Monsanto Papers, una serie de documentos internos, desclasificados por orden del juez Vince Chhabria de San Francisco, en los que se observa cómo era el modus operandi de la empresa para aprobar el uso del herbicida en las agencias de control estatales con estudios hechos por la propia Monsanto y cómo se organizaba el lobby entre los gobiernos y ante la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo confirmó en el año 2015 vinculación entre el herbicida y el cáncer.

En el caso de Argentina, la creciente documentación de estudios científicos y casos relevados por los pueblos fumigados frente a la falta de control estatal sobre los agrotóxicos comenzó a generar luchas ciudadanas para conseguir ordenanzas municipales que alejen el uso de agrotóxicos de cascos urbanos, escuelas rurales y espejos de agua. Desde 2003 hasta la fecha, se lograron cerca de medio centenar de fallos judiciales que prohíben o limitan las fumigaciones con agrotóxicos en 8 provincias.

El lobby a favor de los venenos en Misiones

Desde la sanción de la “Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos” en el mes de junio de 2023 en la Legislatura misionera, las principales corporaciones económicas vinculadas al sector agropecuario en la Argentina vienen disparando con munición gruesa tratando de menoscabar la imagen y torcer la voluntad de un poder del Estado.

A las ya habituales expresiones de los diputados pertenecientes a la alianza de Juntos por el Cambio, quienes se han transformado en voceros de las corporaciones que ven afectado el descomunal poder de lucro a costa del envenenamiento de la tierra y de los productores misioneros, la semana pasada se sumó un nuevo recurso muy común en tiempos de la posverdad y la construcción de realidades a través de falacias y mentiras. Con ayuda de algunos medios afines a referentes de la oposición circuló una nota en la que un supuesto grupo de trabajadores de la tierra de Misiones se pronunciaban a favor del uso del glifosato. El nivel de operación fue de tal magnitud que en dicha nota figuraba la firma de Darío Tatarín, un técnico del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial de Misiones (IFAI). Al advertir la burda operación, el mismo Tatarín se dirigió en una misiva al titular de la Cámara de Representantes de la provincia, negando su apoyo a la citada nota y declarándose un acérrimo defensor de los bioinsumos.

El titular del IFAI, Roque Gervasoni, salió con los tapones de punta ante la afrenta y calificó a la operación como una estrategia de Juntos por el Cambio y la FARM (Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones), cuyo titular Darío Bruera milita abiertamente en la alianza opositora, para continuar contaminando y enfermando con pesticidas a Misiones.

De esta forma, en Misiones se puede ver de cerca como operan mediante un agresivo lobby quienes defienden los intereses de corporaciones acostumbradas hacer valer con total impunidad su poder fáctico para torcer la voluntad de quienes se interpongan en el camino y afecten sus grandes márgenes de ganancias, aunque las mismas sean a costa del envenenamiento de la población.

Otro hecho relevante de la semana fue la reunión llevada a cabo en Oberá por un numero grupo de pequeños productores dedicados a la producción orgánica, ambientalistas y ciudadanos comunes con el objetivo de analizar el impacto del uso de productos químicos en el agro. Como resultado de la reunión, los presentes acordaron impulsar una demanda por daños y perjuicios contras las grandes empresas productores de alimentos, infusiones y tabaco que usan indiscriminadamente agrotóxicos en la provincia y defienden la aplicación de glifosato, atentando contra la salud y el medio ambiente.

*Nicolás Marchiori, Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral.

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