Denuncian una “ofensiva concentradora” y buscan derogar el DNU que desarmó la regulación yerbatera
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La diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de ley que busca derogar el Decreto 812/2025, norma con la cual el Poder Ejecutivo nacional suprimió las facultades históricas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para regular el sector, fijar precios mínimos y establecer mecanismos de control institucional. La iniciativa propone restituir plena vigencia al Decreto 1240/2002, que desde hace más de dos décadas ordena el funcionamiento del organismo.
El texto legislativo plantea que el decreto presidencial constituye una nueva avanzada desregulatoria, orientada a “dejar en completo desamparo” a miles de pequeños y medianos productores y a los más de 15.000 tareferos que integran la cadena yerbatera. Según expone el proyecto, esta medida consolida una “enorme transferencia de ingresos” hacia las grandes compañías industriales, en un contexto en el que —paradójicamente— producción, consumo y exportación de yerba mate atraviesan récords históricos.
Un diagnóstico crítico sobre el impacto del decreto
En los fundamentos, Monzón advierte que el DNU 812/2025 profundiza un proceso iniciado con el Decreto 70/2023, que ya había intentado limitar la capacidad del INYM para fijar precios de referencia y ordenar la actividad. Esa ofensiva fue objetada judicialmente por asociaciones de productores y por la provincia de Misiones, que obtuvieron fallos favorables.
El proyecto sostiene que la decisión del gobierno nacional de no nombrar un presidente del INYM durante 2024 y 2025 paralizó el funcionamiento del organismo y habilitó la caída abrupta del precio de la hoja verde: los colonos percibieron valores entre un 20% y un 80% menos, en un contexto inflacionario que elevó fuertemente los costos de producción. Esa situación dejó sin cobertura a casi 12.000 productores familiares y puso en riesgo la subsistencia de 15.000 tareferos.

La diputada remarca que la desregulación abre paso a un proceso acelerado de concentración de tierras y expulsión de familias rurales, permitiendo que grandes empresas avancen sobre chacras históricas. Según el proyecto, el resultado será “la eliminación de miles de pequeños productores que quedarán en situación de extrema vulnerabilidad y el empobrecimiento de las familias que habitan la región”.
Monzón subraya que el corazón productivo del nordeste argentino está directamente amenazado. El documento recuerda que, durante más de veinte años, el INYM impulsó un esquema de desarrollo equilibrado, que permitió:
- Crecer 25% en producción de hoja verde.
- Aumentar 35% el número de productores activos.
- Expandir 13,7% el mercado interno.
- Alcanzar un récord de 325 millones de kilos de consumo en 2023.
Ese entramado -clave para sostener la ruralidad, la ocupación y la identidad cultural- podría desmoronarse ante un escenario de libre mercado sin reglas ni precios mínimos. El proyecto alerta que la medida del gobierno “profundizará la desigualdad, empobrecerá a la mayoría de la población y promoverá la conflictividad social”, recordando los antecedentes de resistencia del sector cada vez que se intentó avanzar sobre sus derechos.
Al fundamentar su iniciativa, la diputada Monzón sintetizó en una frase la asimetría que atraviesa la cadena:
“El valor del paquete de yerba en la góndola se duplica, pero a los pequeños y medianos productores les ofrecen $160 por kilo de hoja. No es libertad de mercado, es indefensión frente a un puñado de industriales yerbateros que se quedan con todo”.
La legisladora sostiene que el Estado nacional debe recuperar su rol en la regulación, no para intervenir en forma discrecional, sino para garantizar la competencia leal, la supervivencia del pequeño productor y la estabilidad de un sector estratégico.
El proyecto concluye con una advertencia: si no se frena la ofensiva desregulatoria, la Argentina perderá uno de sus modelos más exitosos de producción regional con valor agregado y equilibrio social. Por ello, Monzón solicita a sus pares que acompañen la iniciativa para restablecer las facultades plenas del INYM, proteger la economía de miles de familias rurales y evitar un proceso irreversible de concentración.
