El Acuerdo de Escazú es el primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y es un acuerdo en el que la sociedad civil tiene participación a través de los representantes. Se eligen 6 representantes, dos por cada SubRegión. Argentina integra la Subregión 1, junto con Bolivia, Perú, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Las elecciones son el próximo 2 y 3 de noviembre y solo pueden votar quienes se hayan inscripto en el mecanismo del acuerdo cuya Secretaría Técnica está a cargo de CEPAL.

Marina Parra, Licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires y especializada Ambiente y Desarrollo, se define como activista ambiental y feminista y se postula como candidata a Representante del Publico en el Acuerdo de Escazú.

¿Por qué decidiste postularte a representante del Público en el Acuerdo de Escazú?

Porque entiendo al Acuerdo de Escazú como un mecanismo indispensable para garantizar una justicia social y ambiental, que cuide a defensores de DDHH y haga realidad una democracia ambiental en Latinoamérica y el Caribe. La motivación para postular como Representante del público en el Mecanismo del Acuerdo de Escazú, que es una función ad honorem, se basa en mi convicción de que la participación pública y la construcción de una ciudadanía activa son condiciones de posibilidad de una verdadera gobernanza ambiental justa y sostenible.

¿Cuál crees que es el aporte que hace el Acuerdo de Escazú a la política ambiental y en general a la política?

Escazú es una oportunidad única que tiene nuestra región para reducir la brecha de implementación en materia de derechos humanos, y proteger asimismo a defensores ambientales que se encuentran amenazados/as y perseguidos/as cuando aún no perdieron su vida. Fortalecer el acceso a la información pública es dotar de transparencia a los actos de gobierno. La responsabilidad de cada sector debe ser asumida con compromiso y sostenido con capacidad y seriedad, y esos procesos deben ser fomentados y monitoreados.

¿Es Escazú una oportunidad para hacer efectivo el Derechos Humano a un ambiente sano en la región?

Sostengo que el enfoque de derechos humanos supone que se garantice la participación, la transparencia, el acceso a la información pública, el acceso a la justicia ambiental y el respeto irrestricto a quienes defienden sus territorios de vida. Para ello hay que impulsar desde el Público una mejora en el accionar de los estados fortaleciendo las estrategias de gobierno abierto y una institucionalidad dinámica que dialogue, vincule y promueva la participación.

¿Cuál sería tu contribución para mejorar la participación de la sociedad civil en la implementación del Acuerdo de Escazú?

Creo que mi experiencia podrá servir para articular la diversidad, conociendo las problemáticas y para incidir en decisiones de mejora, haciendo converger demandas y propuestas, y principalmente generando confianza mutua entre los actores para fortalecer lazos de cooperación entre estados-sociedad civil.

¿Qué opinas de la situación del acceso a la justicia ambiental en Argentina?

Sobre el acceso a la justicia ambiental recientemente se creó en la Provincia de Misiones un Juzgado Ambiental, lo que no necesariamente supone el acceso a la justicia ambiental por parte de las comunidades locales y pueblos indígenas, pero si mejora la situación y habilita ámbitos para fortalecer el empoderamiento de las poblaciones. Sobre la situación del acceso a la justicia ambiental es necesario fortalecer procesos de educación ambiental, especialmente en los operadores judiciales, o como me gusta llamarlo también de alfabetización ambiental para comprender que en este período histórico se nos juega la existencia misma.

Creo que el rol de las universidades también puede ser estratégico por su contribución en la construcción de información sólida, por la formación de perfiles profesionales comprometidos con los procesos de transformación social y mejora institucional, y por su aporte a redes de asistencia jurídica y técnica. Y finalmente para la producción de prueba, el acceso a la justicia ambiental hoy en día tiene como principal limitación el costo de la prueba como por ejemplo los análisis de laboratorio necesarios para poder iniciar una acción judicial.

¿Qué otros aspectos consideras relevantes para una mejor implementación de Escazú en nuestro país?

Como docente entiendo la importancia de la construcción de ciudadanía desde una perspectiva educativa crítica que fortalezca las capacidades de las personas para conocer, participar y decidir en los asuntos que atañen a sus vidas y sus territorios. Por eso integro iniciativas que buscan fortalecer la participación de la población joven, de mujeres, de indígenas en la construcción de políticas públicas, sin embargo se trata de generar mayor institucionalidad y de una decisión fundada en un consenso social a mayor escala que hay que construir. A su vez es crucial la territorialización de políticas públicas en sus instancias de diseño y de implementación, en la construcción de acuerdos multisectoriales que respeten las diversidades pero principalmente reflejen la garantía en el cumplimiento de los derechos y en un acceso irrestricto a ellos.

Hace más de 15 años trabajo en desarrollo local sostenible con perspectiva de géneros y multiculturalidad. Si bien nací en Buenos Aires y trabajé en DDHH gran parte de mi vida, elegí mudarme a Salto Encantado, en el interior de Misiones, donde vivo con mi familia, mi niño nació acá, y tenemos una chacra agroecológica que armamos con mucho esfuerzo. Trabajo en el territorio con comunidades locales y pueblos indígenas y con sus problemáticas. Además soy docente universitaria lo que me permite estar en contacto con jóvenes e integro una organización que nuclea cooperativas y asociaciones campesinas e indígenas para el uso sostenible de la biodiversidad, la aplicación del protocolo de Nagoya, la agroecología y el empleo verde, fortaleciendo el arraigo y el rol de mujeres y jóvenes en la gestión ambiental comunitaria. Soy parte de una generación y de un colectivo que se compromete con las necesidades de su tiempo y por eso agradezco cada día el aprendizaje de caminar junto a otros buscando cuidar nuestra casa común. El ambiente en tanto derecho colectivo debe ayudarnos a replantear los modos de desarrollo y en particular en un contexto de emergencia en la adaptación al cambio climático. Se trata por ello de formar una gran red de trabajo colaborativo, popular, territorializado y representativo de necesidades y propuestas. Para ello quedo a disposición.

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