El presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad, afirmó -en la oportunidad- que “el Digesto es una herramienta tan importante como el presupuesto provincial, porque le da certeza y seguridad jurídica a la población”. Señaló que esta política desburocratiza, simplifica y transparenta la gestión, al ordenar miles de ordenanzas, en algunos casos antiguas y contradictorias, que durante años generaron confusión en la administración y en la vida cotidiana de los vecinos.

La Cámara de Representantes de Misiones concretó la firma de 18 convenios con presidentes de concejo deliberante, quienes rubricaron los acuerdos acompañados por intendentes y equipos técnicos de sus municipios. El encuentro, realizado en el Salón de las Dos Constituciones, reunió a legisladores, autoridades provinciales y representantes de las comunas, consolidando un paso estratégico en el proceso de modernización normativa de la provincia.

Con estas adhesiones, ya son 46 los municipios que trabajan en la organización y estandarización de sus ordenanzas, bajo un modelo pionero a nivel nacional que integra normas provinciales, locales y de organismos en una misma plataforma accesible.

Declaraciones institucionales

El presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad, reforzó que esta política es una de las más trascendentes de la Cámara: “Después del presupuesto, el Digesto es la herramienta más importante para garantizar transparencia y eficiencia en la gestión pública”. Señaló que ordenar las ordenanzas no es un detalle técnico, sino un cambio profundo: “Durante décadas se acumularon normas que no se derogaban, se superponían o se contradecían. El Digesto viene a poner orden, a unificar criterios y a simplificar en un clic lo que antes llevaba semanas de trámites”.

La secretaria legislativa a cargo del Digesto Jurídico, doctora Silvana Pérez, recordó que este camino comenzó en 2008 con la iniciativa del ingeniero Carlos Rovira y la aprobación de la ley provincial en 2010. “Los primeros años fueron de prueba con el Digesto provincial; una vez que vimos que funcionaba, avanzamos hacia los municipios. Hoy podemos decir con certeza que esta herramienta garantiza seguridad jurídica y cercanía con el ciudadano”, afirmó.

Pérez subrayó además que el trabajo se sostiene en el acompañamiento directo a cada municipio, explicando que “con todos los intendentes y presidentes de concejo ya dialogamos, algunos vinieron a mi oficina, con otros nos reunimos en los municipios por Zoom, pero la decisión política de esta Cámara es llegar a todos los municipios”. En sus palabras, no se trata de una firma protocolar sino de “un compromiso colectivo con el bien del ciudadano, porque lo más importante es el resultado que obtiene la gente”.

Municipios firmantes

En esta etapa se sumaron los municipios de Almafuerte, Bonpland, Campo Viera, Campo Grande, Comandante Andresito, Concepción de la Sierra, Dos de Mayo, Florentino Ameghino, Fracrán, Garuhapé, General Alvear, Gobernador López, Puerto Leoni, Puerto Libertad, Ruiz de Montoya, Salto Encantado, San Antonio y Santa Ana.

Instancia de diálogo y demostración técnica

Tras las firmas, los representantes municipales participaron de un intercambio en el que plantearon consultas y valoraron el impacto que tendrá contar con un Digesto propio en cada comuna. Coincidieron en que la herramienta permitirá agilizar la gestión, evitar confusiones normativas y transparentar la información pública.

La doctora Pérez mostró luego el funcionamiento de la página del Digesto Jurídico disponible en la dirección www.digestomisiones.gob.ar: exhibió el Digesto provincial, los compendios y los digestos municipales, explicó la organización en ramas temáticas y los mecanismos de búsqueda que facilitan el acceso ciudadano a las normas.

Una política de Estado

El proceso de digestos municipales se suma a los ya implementados en organismos estatales como el EPRAC e INYM. Desde 2021, la Legislatura impulsa este camino con la meta de alcanzar los 79 municipios de la provincia, consolidando un mapa normativo único, transparente y accesible para la ciudadanía y para quienes gestionan políticas públicas en el territorio.