La Cámara de Diputados de Paraguay volvió a pasar hoy a cuarto intermedio, ahora hasta mañana por la tarde, para continuar la discusión sobre un eventual inicio de juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, acusada de evitar una investigación sobre maniobras del expresidente Horacio Cartes, denunciado por Estados Unidos por corrupción y lavado de activos.

Tras las varias horas de debate de ayer, Diputados volvió esta tarde del cuarto intermedio con una lista de oradores que parecía, en verdad, destinada a llenar un tiempo mientras se negociaban los votos que faltaban para la aprobar la acusación.

Y después de algunas horas más de discursos, volvió a disponer otra pausa hasta las 14 de mañana, sin que se haya clarificado si se lograrán los votos para acusar a la funcionaria.

Legisladores del oficialismo colorado que responden al presidente Mario Abdo Benítez y liberales anticartistas admitieron que faltaban al menos cuatro votos para lograr los 53 indispensables para aprobar el proyecto, pero hoy sumaron otro voto.

Según el sitio del diario Última Hora, hay dudas sobre tres diputados del opositor PLRA pero que suelen actuar aliados al cartismo pero, además, “no se descartan fugas” en el sub-bloque oficialista que responde al exmandatario.

El texto en debate logró dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales y pasó inusualmente en domingo al pleno, mientras afuera del congreso centenares de personas convocadas por varias organizaciones reclamaban el juicio a Quiñónez, en una concentración que incluyó choques con la Policía.

También hubo esta tarde desde varios sectores llamados a manifestar en la Plaza de Armas, frente a la sede legislativa, como forma de presión a los diputados, y por eso una importante cantidad de ciudadanos se reunieron a protestar.

Un inusual operativo de seguridad resguardó los alrededores del Congreso.

La eventual destitución de Quiñónez sería la primera consecuencia concreta de la nueva situación de Cartes, dueño de un emporio de empresas y medios y referente de un sector del oficialismo, pero ahora acusado de lavado de dinero, organización criminal y contrabando.

El caso de Cartes volvió a tomar protagonismo el viernes, cuando Estados Unidos anunció que lo había incluido en su lista Engel de “personas significativamente corruptas”, por lo que le prohibió la entrada a su territorio y dispuso el congelamiento de los activos que pueda tener allí.

Sin embargo, el tema ya estaba en el debate público, especialmente desde que a fines de mayo pasado se revelara que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) había remitido a la Fiscalía un informe sobre el presunto esquema de lavado de activos del exmandatario, algunas personas allegadas y varias de sus empresas.

Ese reporte indica que las firmas de Cartes, que actúan en varios rubros comerciales, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico”.

Asimismo, una de las empresas del expresidente se vio implicada en el caso del avión venezolano-iraní retenido en la Argentina desde el 10 de junio.

Cartes planeaba enfrentar en las internas del Partido Colorado a Abdo Benítez, en diciembre, por la jefatura partidaria, pero ahora su futuro aparece en duda, más allá de que él negó todas las acusaciones.

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