Desde este miércoles entra en vigor una suspensión por tiempo indefinido del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una de las medidas más recientes del Gobierno de Donald Trump en su ofensiva migratoria. La decisión, adoptada por el Departamento de Estado, deja en suspenso trámites por empleo y reunificación familiar y ya genera fuertes cuestionamientos técnicos y legales, además de advertencias sobre impactos económicos y sociales en Estados Unidos.

La pausa afecta a visas de inmigrante —incluidas las basadas en empleo y en peticiones familiares— y coloca “en el limbo” tanto a solicitantes futuros como a quienes ya se encontraban en instancias avanzadas del proceso. Según informó el Departamento de Estado, la medida se adopta para realizar “una revisión exhaustiva de todas las políticas, regulaciones y directrices” con el objetivo de evitar que inmigrantes de “países de alto riesgo” utilicen programas de asistencia social o se conviertan en una “carga pública”.

El argumento de “carga pública” y los cuestionamientos legales

Especialistas en derecho migratorio advierten que el fundamento central de la medida ya se encuentra regulado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). El abogado de inmigración Carlos Colombo señaló que el concepto de “carga pública” está claramente definido y se evalúa caso por caso, lo que vuelve innecesaria —y jurídicamente cuestionable— una suspensión generalizada por nacionalidad.

“No tiene sentido”, afirmó Colombo, al explicar que cada solicitante de una visa de inmigrante ya es sometido a un análisis discrecional por parte de los funcionarios consulares. “Existe ya esa ley, existe el formato de cómo se analiza”, indicó, y agregó que ese examen se realiza “en todos los casos para una visa de inmigrante”.

La INA establece que, para determinar si un extranjero puede convertirse en una carga pública, las autoridades deben considerar factores individuales como edad, salud, estatus familiar, activos, recursos, situación financiera, educación y habilidades, sin mencionar la ciudadanía o la nacionalidad como criterio de inadmisibilidad. En ese sentido, Colombo subrayó que el carácter colectivo de la medida —al abarcar a 75 países— contradice el espíritu de la norma.

El abogado Héctor Quiroga coincidió en el diagnóstico y recordó que la evaluación individualizada de la carga pública es una regla vigente “desde hace más de un siglo”. “La INA dice claramente que la inadmisibilidad se evalúa caso por caso”, afirmó, y destacó que incluso los intentos previos de endurecer esta regla, como ocurrió en 2019, se instrumentaron mediante regulaciones formales, con períodos de comentarios públicos y estudios de impacto. “En este caso no estamos viendo ese proceso”, advirtió.

Alcance de la suspensión y efectos económicos potenciales

El Departamento de Estado no detalló los criterios utilizados para seleccionar a los 75 países alcanzados por la pausa y se limitó a calificarlos como “países de alto riesgo”. Ante consultas, un portavoz indicó que el listado se definió por “indicios de que los inmigrantes de estos países tienen un mayor riesgo de recibir beneficios públicos en Estados Unidos”, y que la suspensión busca “evaluar y mejorar los procedimientos y las directrices de selección y verificación”.

La medida no prohíbe iniciar trámites ni asistir a entrevistas consulares, pero impide la emisión efectiva de visas de inmigrante durante el período de revisión. Solo se contempló una excepción: las personas con doble nacionalidad cuya otra ciudadanía no esté incluida en la lista quedan exentas de la suspensión. Tampoco se fijó un plazo: el Departamento de Estado afirmó que “se tomará el tiempo necesario para realizar una revisión completa y exhaustiva”.

En términos económicos, Colombo alertó que la pausa puede generar efectos negativos, especialmente en sectores que dependen de inmigración calificada permanente. “Representamos a muchos profesionales médicos que hacen tratamiento para cáncer, que cuidan a niños enfermos en Estados Unidos, que son de interés nacional para este país”, explicó, y advirtió que esos trabajadores no podrán ingresar ni continuar sus tareas hasta que se aclaren los parámetros de la suspensión.

Quiroga, en cambio, señaló que la medida no alcanza a las visas temporales de trabajo, lo que podría amortiguar el impacto macroeconómico. “Se restringe la inmigración permanente sin frenar la inmigración temporal que sostiene varias industrias estadounidenses”, afirmó, marcando una diferencia clave para el mercado laboral.

Reunificación familiar, incertidumbre y un escenario de demandas

Más allá del plano económico, los abogados remarcan un fuerte impacto social, en particular sobre los procesos de reunificación familiar. Colombo describió situaciones en las que ciudadanos estadounidenses, casados con extranjeros de los países alcanzados, quedan detenidos en la etapa final del trámite. “Esa pareja no va a poder tomar ese paso final y obtener su residencia permanente”, señaló, y advirtió que las demoras “afectan directamente a muchas familias” dentro de Estados Unidos.

En el plano institucional, ambos especialistas prevén impugnaciones judiciales inmediatas. Quiroga anticipó al menos tres líneas de ataque legal: discriminación por país de origen, violaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo por falta de un proceso razonado y evidencia pública, y extralimitación de autoridad, al imponer bloqueos por nacionalidad cuando la INA exige evaluaciones individuales.

Colombo fue aún más categórico y calificó la medida como un “ataque a la inmigración legal basado en nacionalidad”. “No tienen el poder legal para tomar una medida tan drástica”, afirmó, y sostuvo que discriminar por nacionalidad es “claramente ilegal bajo la ley de inmigración”.

Un frente abierto para la política migratoria

Con la entrada en vigor de la suspensión, el Gobierno de Estados Unidos abre un nuevo frente de tensión en su política migratoria. La combinación de incertidumbre regulatoria, riesgo de litigios y posibles impactos sectoriales anticipa un escenario complejo, tanto para los solicitantes de visas como para las instituciones y empresas que dependen de la inmigración permanente. Mientras el Departamento de Estado avanza con su revisión sin plazos definidos, el debate jurídico y político ya se trasladó a los tribunales y al centro de la discusión pública.