Por primera vez desde la desregulación impuesta por el DNU 70/23 del presidente Javier Milei, productores e industriales se sentaron a una misma mesa para intentar encontrar una salida a la nueva, pero no desconocida, crisis yerbatera. Un primer encuentro que no disimuló la tensión, pero que sirvió para allanar un necesario camino de encuentro. No será sencillo, los intereses son cruzados y cada sector tiene una cuota de razón en una crisis desatada por una injerencia externa a la Provincia, donde se viven las consecuencias sociales y el impacto económico del plan motosierra.

La intransigencia de algunos sectores también conspira contra una solución sustentable. Hay productores que comienzan a pedir desesperadamente poder cosechar, porque necesitan el dinero, mientras que otros bloquean el paso de camiones. El foco de conflicto está en Concepción de la Sierra, casualmente gobernado por Hugo Humeniuk, alineado al puertismo, que, paradójicamente, está encolumnado en las fuerzas del cielo. Los radicales financian la protesta, pero no aparecen por los piquetes. Mientras el conflicto crece en Misiones, el converso Martín Arjol, el primero en pegar el salto a la LLA, fue a conocer Vaca Muerta. Prioridades. Ricardo Barrios Arrechea les insiste a los productores que cosechen “por goteo” para “desabastecer” a la industria. El radicalismo, vale recordar, había sido protagonista en la sanción de la ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

“Es como un cuarto intermedio de las reuniones que teníamos a fines de los 90”, retrató el veterano Hugo Sand al término del encuentro en el ministerio del Agro, que contó con representación de todos los eslabones, pero la ausencia de los principales jugadores de la molinería y, dato clave, de Corrientes. Ese eslabón es central en la discusión, ya que allí se concentra buena parte de la industrialización, aunque el 85 por ciento de la producción está en Misiones. Para colmo, la guerra comercial entre Las Marías y Playadito por el primer y segundo lugar en las góndolas, se juega con ofertas y precios bajísimos, que conspiran contra la competencia de este lado del Chimiray. 

No será sencillo acercar posiciones. Fueron decenas las reuniones que terminaron pariendo el Instituto Nacional de la Yerba Mate en 2002, desguazado ahora por efecto del DNU de Milei. Como era de esperar, no hubo una definición acerca del precio, pero sí un reconocimiento explícito de que la situación requiere para resolverse, decisiones nacionales, que están lejos de conseguirse. 

De hecho, el Gobierno de Milei descarta devolverle facultades al INYM, no está dispuesto a designar presidente y ratificó que el precio debe ser determinado por el libre mercado, como dejó claro el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Lejos de contemplar los reclamos, en la última reunión con directores del INYM, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, exigió eliminar las últimas tres facultades regulatorias que le quedaban: suprimir definitivamente la 170, que le puso cupo a las plantaciones, la 185, que regulaba los controles de calidad; y la 11/17, de controles de los procesos productivos en secaderos y depósitos. Esta última resolución, también incluía controles sobre la yerba importada, algo que el Gobierno nacional decidió eliminar. 

Con ese panorama en mano, la cumbre del jueves en el octavo piso del ministerio del Agro, decidió pedir a Nación dos alternativas de “menor injerencia” en el mercado: disminuir el porcentaje de palo del 35 al 25 por ciento y que el porcentaje de hierbas en la yerba compuesta se reduzca del 40 al 10 por ciento. Estas modificaciones en el Código Alimentario elevarían la demanda de hojas y mejorarían la calidad del producto final que se comercializa en el mercado interno y de exportación. Esa petición fue apoyada por todos los sectores. 

El “cuarto intermedio” al que aludió Sand es una referencia obvia. La desregulación provocó un derrumbe del sector productivo en los 90 y durante una década, una enorme transferencia de recursos hacia el sector industrial, estimada en mil millones de dólares. Ahora el proceso es idéntico, aunque mucho más acelerado. El propio Sand calculó en 200 mil millones de pesos la pérdida para los productores en el primer año del plan motosierra. 

Pero a diferencia de la última década del siglo pasado, la desregulación actual llegó en medio de un proceso inflacionario que agravó las consecuencias y afectó a toda la cadena. La inflación acumulada desde diciembre de 2023 fue de 122,5 por ciento, con algunos costos que incluso estuvieron por encima, como la energía eléctrica o el combustible, que aumentó 153 por ciento -un tanque de 80 litros de Infinia Diesel en una Toyota Hilux, que en diciembre de 2023 costaba $49.520, hoy requiere $125.280-. 

En contraste, la hoja verde, cuando asumió Milei se pagaba 370 pesos y llegó a 390 en marzo del año pasado. Hoy se paga 260 pesos, diez pesos menos que lo que se terminó pagando en diciembre del año pasado. Una pérdida de valor del 33,33 por ciento, contra una inflación del 122,5 por ciento. 

La industria expone sus razones, aunque reconoce que el precio es bajo. Los principales representantes aseguran que además de la inflación tienen que asumir mayores costos de energía y combustibles, una caída de la demanda interna que fue de casi el 10 por ciento y la competencia provocada por la apertura de importaciones -que amenaza con convertirse en un nuevo problema serio en las próximas semanas, con una oferta de Paraguay a un precio similar al local-. 

En ese escenario, señalan los molineros, se mantuvo (y se creó) empleo, que contiene a cerca de 20 mil misioneros. Reconocen que el precio actual es bajo, pero advierten que, por costos, el precio debería ser menor a los 200 pesos. 

El sector también marca que la caída de precios no depende únicamente de la regulación, sino de un exceso de oferta. El año pasado se cosecharon casi mil millones de kilos y todavía hay plantaciones que no entraron en producción plena, contra 860 millones de kilos de 2023. Redondeando, 140 millones más, que representan casi 50 millones de kilos de canchada, lo que hace que hoy haya stock para “pasar la tormenta”. En la misma industria admiten como necesaria la regulación de oferta -hasta tanto no aumente la demanda-. 

Hay que agregar aquí, como paréntesis, que esos 50 millones de kilos que hoy son un colchón de canchada, se compraron en el último año a un promedio de 300 pesos. Los exportadores liquidarán sus ventas con un dólar arriba de mil pesos. 

Uno de los cuestionamientos que hacen al INYM -y a las políticas oficiales- es pensar la economía yerbatera en base a los rindes del siglo pasado: 4.700 kilos por hectárea, cuando hoy se logran producciones por encima de los diez mil kilos por hectárea e incluso bastante más en algunas chacras modelo. Esa diferencia, obviamente, influye en el cálculo de los costos. 

El cóctel, como se aprecia, es mucho más complejo que definir un precio, objetivo que no se alcanzará en la reunión prevista para este lunes, a la que convocaron al presidente de la Cámara de Molineros, Víctor Saguier. “Sin Corrientes, no se puede definir nada”, adelantó un molinero. 

Queda claro que habrá que usar una paciencia quirúrgica para corregir los desbalances. Todo lo contrario a la motosierra. 

Será una tarea titánica, que preocupa especialmente a la Provincia. 

El gobernador Hugo Passalacqua expresó su desacuerdo con la visión de la Nación que pretende que los productores yerbateros “se dediquen a otra cosa”. “Eso me produce un profundo dolor”, afirmó el mandatario.

“Si hay una cosa que nos duele a los misioneros es que el pequeño productor hoy no tenga su herramienta, que es el INYM. Tampoco la Nación va a firmar la designación del presidente del INYM”, lamentó.

“Nosotros tenemos fuertes aspiraciones de exportar la yerba mate al mundo. Así es la situación del mercado que estamos viviendo hoy. Pero la salida es por afuera. Hay otros mercados como el indio o el europeo”, precisó Passalacqua, acompañado por Ignacio Lamothe, presidente del Consejo Federal de Inversiones, que ayudará a financiar misiones comerciales y una plataforma de exportación para abrir nuevos mercados. 

La Provincia sigue trabajando en un sistema de trazabilidad y otras herramientas para mejorar la transparencia y elevar el precio de la materia prima. La posición oficial se mantiene en que debe valer 50 centavos de dólar. 

El bucle temporal al que aludió Sand tiene otros paralelismos. Como en 2001, el epílogo de la crisis germinada en los 90, la situación social es acuciante y el Gobierno se empeña en sostener una política económica a como dé lugar. La represión de la manifestación de los jubilados del miércoles último, se parece mucho a otros momentos oscuros de los últimos años. El año pasado se celebró con un asado el freno a un aumento de quince mil pesos para los jubilados. Ahora se los reprime. Un círculo virtuoso. 

No es casual que algunos protagonistas se repitan cíclicamente. En 2001 el fugaz Fernando De la Rúa se aferraba a un blindaje del FMI para salvar los harapos de su Gobierno, en el que estaban “La Piba” Patricia Bullrich y un joven (y procesado) Federico Sturzenegger. Ambos nombres, junto a Luis Caputo, aparecen en el otro pedido de auxilio al FMI durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuyas consecuencias se siguen pagando, tras el inédito préstamo de 57 mil millones, el más grande de la historia. Ahora ni siquiera se sabe de cuánto será el monto del nuevo préstamo que pidió Javier Milei, custodiado nuevamente por Bullrich y Sturzenegger, el ejecutor del plan motosierra, que en el primer año de ejecución, provocó la pérdida de diez mil empleadores y cerca de 200 mil puestos de trabajo. 

El impacto de esas políticas se siente particularmente en el terreno, lejos de los despachos porteños, donde reina la abstracción de los números que cierran. Por eso son los gobiernos locales los preocupados por resolver las crisis económicas y sociales. Misiones tiene las cuentas en órden y eso le permite enfrentar de un modo más eficaz la situación provocada. Sin embargo, hay luces amarillas. La última encuesta de la Confederación Económica de Misiones, reveló que en febrero cayeron las ventas en producción, comercio y servicios; al igual que la expectativa de que en los próximos 6 meses crezca Argentina. 

El Gobierno se preocupa por encontrar soluciones y apuntalar sectores económicos en problemas, con incentivos al consumo. Al mismo tiempo, la oposición azuza desde afuera, enfocada en conseguir algún miserable rédito electoral. Un lugar en alguna lista, un cargo en la Nación, por el que se disputan radicales y macristas, cada vez más lejos de un acuerdo, pero desesperados por recibir alguna atención de Milei, en un espacio libertario en el que no son bienvenidos: “Los libertarios deben de responder a sus afiliados y al sentir de los votantes de Milei para evitar que los tibios que tienen de infiltrados conviertan a LLA en un nuevo Juntos por el Cambio, bailarina de cualquier baile, y vendida al mejor postor”, reprochó el abogado Alejandro Jabornicky.

De todos modos, los que esperan un triunfo holgado de Milei no deberían pecar de exceso de confianza. Envuelto en el escándalo de la criptoestafa y el nuevo préstamo del FMI, el mandatario argentino sufrió la mayor caída en la región, perdiendo 3,2 puntos en su imagen positiva, según el último estudio de CB Consultora. Otras encuestas marcan lo mismo. 

Aún con el cronograma electoral ya definido, las oposiciones misioneras navegan en la intrascendencia, esperando que los que designe Karina Milei ordenen la tropa. El peronismo sufre por estos días una intervención decidida por Cristina Fernández, que también provoca una desorientación en la dirigencia que queda y que no quiere seguir atada a designios camporistas. Serán muchos más los que nutran las filas de la Renovación.

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