La historia argentina tiene una particularidad inquietante: vuelve. No como una repetición mecánica, sino como un ciclo que se reactiva con nuevos nombres, nuevos discursos y viejas consecuencias. La discusión actual sobre la tierra -su propiedad, su uso, su regulación- no es una novedad en la agenda nacional. Es, más bien, un regreso. Y los antecedentes no son alentadores. Los 90 desreguladores provocaron un intenso éxodo rural y el derrumbe de las expectativas de los productores agrarios, agobiados por bajos precios y la presión de las grandes industrias.

En el paquete de reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei aparece, nuevamente, la idea de “liberar” el mercado de tierras para inversores extranjeros. Una apertura que remite inevitablemente a la década de los noventa, cuando la economía se desreguló bajo la promesa de eficiencia, inversiones y crecimiento, y terminó produciendo un profundo deterioro de la rentabilidad de los productores, un marcado éxodo rural y una inédita concentración de tierras en pocas manos.

Misiones fue uno de los territorios donde ese proceso se vivió con mayor crudeza. Durante la última década del siglo pasado, la provincia experimentó un fuerte éxodo rural como consecuencia de la crisis del agro -especialmente en la yerba mate y el tabaco- combinado con políticas liberales que desarticularon los mecanismos de regulación y protección. Pequeños productores y asalariados rurales migraron hacia las ciudades misioneras o directamente hacia Brasil en busca de empleo, dejando atrás chacras inviables, cooperativas debilitadas y comunidades fragmentadas. La concentración de tierras avanzó, mientras el entramado social del campo se erosionaba. Ese fenómeno, advierten hoy múltiples actores, está volviendo a repetirse. Y en forma mucho más acelerada.

El economista y ex rector de la Universidad Nacional de Misiones, Javier Gortari, lo describió con precisión en uno de sus trabajos al analizar el impacto de la desregulación sobre la cadena yerbatera: “En el caso de la producción de yerba mate, con la disolución de la CRYM y sin intervención estatal, creció el número de plantaciones al tiempo que la demanda se mantenía estable y el precio de la materia prima comenzaba una abrupta carrera descendente. Se produjo, entonces, una concentración de la renta yerbatera en los sectores mecanizados, industriales y supermercadistas, así como también una acelerada descapitalización de los productores pequeños y medianos, de muchas cooperativas y de la mayoría de los secaderos.
La desregulación de la actividad trajo aparejado un aumento de la producción. A partir de 1997, el mercado evidenció signos de saturación: frente a una oferta de materia prima en expansión por la puesta en producción de las nuevas plantaciones, se produjo una drástica caída de los precios pagados al productor primario. La presión económica sobre este sector se potenció por el incremento de los costos de comercialización”.

Ese proceso que describe Gortari no fue solo conceptual: tuvo una traducción directa y mensurable en los precios. Los datos oficiales de la década del noventa muestran con claridad el derrumbe del valor de la materia prima, en contraste con la evolución de la yerba elaborada.

Entre 1990 y 2000, el precio promedio del kilogramo de hoja verde pasó de 0,19 pesos/dólares a 0,07, una caída de más del 63%. La yerba canchada también registró un retroceso significativo, desde 0,31 en 1990 a 0,34 en 2000, luego de haber alcanzado picos a mediados de la década y comenzar un sendero descendente desde 1996–1997.

En sentido inverso, la yerba mate elaborada mantuvo valores sustancialmente más altos durante todo el período: pasó de 0,88 en 1990 a 2,46 en 2000, con máximos cercanos a 2,84 en 1995. La brecha entre el precio percibido por el productor primario y el valor final del producto en góndola se amplió de manera sostenida, confirmando empíricamente la concentración de renta dentro de la cadena yerbatera.

Los datos -elaborados a partir de estadísticas del INDEC y del entonces Ministerio del Agro y la Producción- refuerzan la advertencia central de Gortari: la desregulación, lejos de generar un mercado más equilibrado, profundizó la asimetría entre eslabones, deterioró la rentabilidad del productor y sentó las bases de una crisis estructural que, con distintos matices, vuelve a emerger en el presente. En términos de poder adquisitivo, el valor que hoy percibe el productor por la hoja verde vuelve a ubicarse en niveles comparables a los peores años posteriores a la disolución de la CRYM.

El productor sólo logra captar 16,4% del precio de venta en góndola. El promedio de los últimos 10 meses (17,0%) representa el peor momento desde 2019 del ratio entre lo que recibe el productor y el precio de góndola por kilo. 

En la misma línea, el diputado del Partido Agrario, Cristian Castro, aporta una lectura cuantitativa que refuerza la idea de ciclo histórico y deterioro estructural de la rentabilidad. Según su análisis, si se mide la ecuación del productor en términos relativos -es decir, la relación entre el precio de la hoja verde y el precio de la yerba en góndola- la rentabilidad del eslabón primario se redujo alrededor de un 42% en el período reciente. “Ese indicador muestra con claridad cómo se achica la participación del productor dentro de la cadena”, señala. Sin embargo, advierte que el cuadro es aún más crítico cuando se ajustan los valores por inflación: en términos reales, descontando el IPC acumulado, la caída de la rentabilidad del productor oscila entre el 60% y el 70%, un nivel comparable -e incluso superior- al registrado en los peores años posteriores a la desregulación de los noventa. Para Castro, esta combinación de precios atrasados, costos crecientes y pérdida de poder adquisitivo explica por qué la crisis actual no es solo coyuntural, sino la reaparición de un patrón ya conocido.

El Consejo de Mayo y la tierra como mercancía

En este contexto reaparece el llamado “Consejo de Mayo”, que recomienda liberar la adquisición de tierras por parte de privados extranjeros, derogando o vaciando de contenido las restricciones vigentes. Para el Gobierno nacional, estas limitaciones “atentan contra la inversión productiva” y deben ser removidas para dinamizar el mercado rural.

Según la lectura oficial, la eliminación de los topes permitiría ampliar la competencia, facilitar emprendimientos vinculados a producciones extensivas, infraestructura y energías renovables, y atraer capitales que hoy -según ese diagnóstico- encuentran obstáculos normativos. Sin embargo, la propuesta aún no especifica si se mantendrán mecanismos de monitoreo, qué organismo quedaría a cargo del relevamiento de operaciones ni cómo se garantizaría el control federal sobre un recurso estratégico como la tierra.

A este eje se suma otro punto sensible: la eliminación de la prohibición que impide cambiar el uso productivo de la tierra durante 30 a 60 años tras un incendio, una ley impulsada en su momento por Máximo Kirchner. El oficialismo sostiene que ese plazo “desincentiva la actividad económica” y dificulta la recuperación de áreas afectadas. Para las provincias forestales y con alta biodiversidad, la medida abre interrogantes profundos sobre el incentivo implícito a la especulación y el cambio de uso del suelo.

El paquete vinculado a tierras y recursos naturales no se limita, además, a la apertura del mercado rural. Incorpora un capítulo específico sobre la explotación de recursos estratégicos, especialmente en un escenario de expansión de la minería y de creciente demanda global de minerales críticos. El Consejo de Mayo plantea avanzar hacia un esquema de “libre explotación”, lo que en términos prácticos implica revisar regulaciones provinciales y nacionales que, según el documento, generan distorsiones entre jurisdicciones y encarecen los proyectos.

Misiones: un territorio con memoria

En Misiones, la discusión no es abstracta. Tiene historia, nombres propios y consecuencias visibles. Sonia Melo, subsecretaria de Tierras de la provincia, lo plantea sin rodeos: “Esto, la verdad, es un retroceso. Un retroceso que perjudica literalmente a los productores, a la zona rural. En Misiones siempre estuvo la discusión de si era una provincia latifundista o no. Y no lo es”.

Melo remarca una diferencia estructural que muchas veces se pierde en el debate nacional: “Nosotros tenemos productores con 50 hectáreas, 100 hectáreas. No son productores como en el sur, que tienen miles de hectáreas. Y si a eso le sumás que estás ampliando o permitiendo la extranjerización, va muy en detrimento de la familia rural misionera”.

La funcionaria recuerda que las leyes vigentes no surgieron de la nada, sino de procesos de lucha social: “Las legislaciones que hoy están vigentes son producto de luchas del campesinado, de luchas de la gente por la tenencia, la seguridad y la regularización de la tierra. Permitir esto, abrir el grifo para la extranjerización, no hace más que un retroceso muy importante y muy perjudicial”.

En su relato aparece un concepto central: el arraigo. No como consigna ideológica, sino como política pública concreta. Melo recuerda casos como el de Pozo Azul, donde familias que habían quedado a la deriva tras el quiebre de empresas forestales se asentaron, produjeron y, con intervención del Estado provincial, lograron regularizar su situación: “Hoy tenemos un municipio con familias asentadas, familias productoras bien consolidadas. Eso no fue espontáneo: fue una decisión política”.

La advertencia es clara: los procesos que hoy se discuten pueden reeditar el mapa social de los noventa. “No sé si esta crisis no es peor que la de los 90. En aquel momento vimos la explosión de municipios como Garupá, Posadas, Eldorado, San Vicente, con familias rurales empujadas a los cascos urbanos. Eso vuelve a estar en juego”.

Datos que incomodan

Los números refuerzan la preocupación. Datos oficiales correspondientes al período 2022–2023 indican que alrededor del 11,07% de las tierras rurales de Misiones están en manos extranjeras, lo que ubica a la provincia como la segunda más extranjerizada del país, solo por detrás de Salta. El dato, además, contempla únicamente tierras registradas, dejando fuera superficies no regularizadas o en proceso de mensura.

El fenómeno no es homogéneo. En Puerto Iguazú, el porcentaje asciende a 38,8%, uno de los niveles más altos del país.

Gran parte de esa tierra está en manos de empresas forestales extranjeras, especialmente vinculadas al sector celulósico. El caso de Alto Paraná, hoy parte del Grupo Arauco (Chile), es emblemático: extensiones masivas de tierra, influencia directa sobre la dinámica económica local.

Florencia Gómez, especialista en tierras, va un paso más allá y pone el foco en el diseño jurídico del proyecto: “A través del Consejo de Mayo, el Gobierno impulsa una reforma legal hecha a la medida de grandes capitales extranjeros, como los de Elon Musk o Joseph Lewis, o de cualquier persona humana o empresa foránea que pretenda adquirir tierras rurales en la Argentina”.

Según Gómez, la reforma implica una derogación encubierta de la Ley 26.737: “En apenas nueve artículos, y bajo el título de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, se vacía de contenido el espíritu original de la ley”.

El cambio central, explica, está en quiénes quedan fuera de la regulación: “Se limita a regular la adquisición por parte de Estados extranjeros. Quedan liberadas de toda limitación las personas humanas extranjeras y las empresas privadas extranjeras, cuando la principal vía histórica de extranjerización es justamente a través de personas jurídicas”.

Las consecuencias potenciales son profundas: “Se elimina la limitación cuantitativa. Podría darse un escenario donde millones de hectáreas pasen a manos extranjeras sin violar formalmente la ley”.

Gómez recuerda el caso de Lago Escondido como antecedente y advierte sobre la posible privatización de accesos a bienes públicos como lagos y ríos. También señala la eliminación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, debilitando el federalismo, y la supresión de salvaguardas jurídicas que podrían exponer al Estado argentino a litigios internacionales.

La iniciativa también suprime la limitación basada en la nacionalidad del comprador. Bajo el nuevo marco, podría darse un escenario extremo, pero legalmente posible, donde un gran número de ciudadanos extranjeros adquiera tierras en pequeñas parcelas, sumando una superficie descomunal. Por ejemplo, un millón de personas extranjeras comprando cien hectáreas cada una implicaría la transferencia de 100 millones de hectáreas, en un país cuya superficie continental ronda los 278 millones. La puerta quedaría abierta para una fragmentación y extranjerización masiva sin freno.

Finalmente, el proyecto elimina el artículo 11 de la ley vigente. Este artículo establecía que, a los fines de los Tratados Bilaterales de Inversión (suscritos mayoritariamente en los años 90), la adquisición de tierras rurales no sería considerada una “inversión” protegida por esos acuerdos, por tratarse de un recurso natural no renovable aportado por el país receptor. Su eliminación podría exponer al Estado argentino a demandas internacionales ante tribunales como el CIADI si intentara regular en el futuro.

Paralelamente, la propuesta crea nuevas excepciones para entidades que presenten un “plan de inversiones en plazos razonables”, comprometiéndose a respetar las leyes locales. Esto contrasta con las excepciones originales de la Ley 26.737, pensadas para casos personales y de arraigo, como extranjeros residentes, cónyuges o padres de hijos argentinos.

Jaime Ledesma, ingeniero forestal y ex subsecretario de Tierras, sintetiza el debate desde una perspectiva estratégica: “La tierra es un recurso natural, finito, estratégico y soberano. No es un simple activo financiero”.

Para Ledesma, la Ley 26.737 fue un avance con amplios consensos y su desarticulación implica una definición política clara sobre el modelo de desarrollo: “Limitar la extranjerización no es un obstáculo a la inversión privada. Es una garantía de soberanía y de desarrollo sostenible”.

Bosques, agua y suelo -advierte- serán los ejes de las grandes tensiones del futuro. “Descuidarlos hoy es hipotecar el mañana”.

La discusión que vuelve no es meramente jurídica ni económica. Es política en el sentido más profundo: define quién controla el territorio, con qué objetivos y a qué costo social. La historia reciente muestra que cuando la tierra se transforma exclusivamente en mercancía, el precio lo pagan los pequeños productores, las economías regionales y el entramado social del interior.

La Argentina ya transitó ese camino. Y las huellas todavía están ahí.