La Dirección Provincial de Vialidad presentó el proyecto de rehabilitación de la Ruta Provincial 17 y el nuevo puente sobre el arroyo Piray Miní en cinco instancias participativas que involucraron a vecinos, comunidades mbya, municipios y sectores productivos. La obra, financiada por el BID, apunta a mejorar la conectividad logística y la seguridad vial en uno de los principales corredores del norte de Misiones.
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) completó una ronda de consultas públicas para presentar el proyecto de construcción del nuevo puente sobre el arroyo Piray Miní, rehabilitación integral de la Ruta Provincial 17 y ejecución de obras complementarias, una iniciativa de fuerte impacto estratégico para el desarrollo del norte de Misiones. Durante cinco encuentros realizados en distintas localidades, el organismo expuso los alcances técnicos, ambientales y sociales de la intervención y recibió aportes de vecinos, productores, comerciantes, comunidades originarias, docentes, empresarios y autoridades locales.
El proceso participativo se desarrolló en los municipios de Dos Hermanas, Pozo Azul, Santiago de Liniers, 9 de Julio y Eldorado, localidades atravesadas por uno de los corredores provinciales más importantes para la producción forestal, agropecuaria y el transporte de cargas. La instancia de consulta forma parte de los requisitos previstos para proyectos de infraestructura financiados con organismos multilaterales y busca incorporar observaciones de las comunidades antes del inicio de las obras.
Uno de los aspectos destacados fue la participación de comunidades mbya guaraní. Integrantes de las comunidades Tekoa Arandu, Pozo Azul y Pozo Azul I participaron de una reunión específica en la Escuela Intercultural Bilingüe N.º 812, donde técnicos de la DPV y consultores ambientales explicaron el proyecto y respondieron consultas vinculadas al impacto territorial de las futuras intervenciones. Posteriormente, también se realizó un encuentro con miembros de la comunidad mbya de Santiago de Liniers, donde además se recorrieron sectores que requerirán adecuaciones para garantizar una correcta integración entre la ruta y los caminos locales.
En Eldorado, la convocatoria reunió a vecinos urbanos y rurales interesados en conocer cómo las obras modificarán la circulación y la conectividad de la denominada Capital del Trabajo. Mientras tanto, la última jornada, realizada en Santiago de Liniers, permitió concentrar además la participación de habitantes de 9 de Julio, consolidando una instancia regional de intercambio.
Desde Vialidad Provincial remarcaron que el proyecto mantiene una lógica de diseño abierta, contemplando la posibilidad de introducir modificaciones puntuales surgidas de las demandas planteadas durante las consultas. La estrategia busca reducir eventuales impactos sociales y ambientales, además de fortalecer el consenso comunitario alrededor de una obra considerada estructural para el desarrollo regional.
Un corredor estratégico para la producción del norte provincial
La intervención sobre la Ruta Provincial 17 trasciende una simple repavimentación. El proyecto contempla la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Piray Miní, con dimensiones superiores a las actuales, mejorando la capacidad hidráulica y la seguridad del tránsito en uno de los puntos más sensibles del corredor.
A ello se suma la rehabilitación integral de la calzada entre Eldorado y Dos Hermanas, la construcción de travesías urbanas en Eldorado, 9 de Julio, Santiago de Liniers y Pozo Azul, además de una tercera trocha para sobrepaso en un tramo aproximado de cuatro kilómetros donde actualmente la pendiente dificulta la circulación de vehículos pesados.
Las obras incluyen además banquinas pavimentadas, nueva señalización horizontal y vertical, mejoras en intersecciones, cordones cuneta, canteros centrales, plazoletas con mobiliario urbano y otras intervenciones destinadas a incrementar la seguridad vial y ordenar el tránsito en las zonas urbanas.
Desde una perspectiva económica, la modernización de la RP 17 adquiere relevancia por tratarse de un eje utilizado diariamente por la actividad forestal, la producción agropecuaria y el comercio regional. La mejora de la infraestructura permitirá reducir tiempos logísticos, optimizar el transporte de cargas y fortalecer la conectividad entre los municipios del norte provincial y los principales corredores nacionales.
El proyecto cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que exige procesos de participación ciudadana y la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y Social antes de la ejecución de las obras. Ambos documentos permanecen disponibles para consulta pública tanto en el portal de la Dirección Provincial de Vialidad como en el sitio oficial del BID, en cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia y acceso a la información.
La historia argentina tiene una particularidad inquietante: vuelve. No como una repetición mecánica, sino como un ciclo que se reactiva con nuevos nombres, nuevos discursos y viejas consecuencias. La discusión actual sobre la tierra -su propiedad, su uso, su regulación- no es una novedad en la agenda nacional. Es, más bien, un regreso. Y los antecedentes no son alentadores. Los 90 desreguladores provocaron un intenso éxodo rural y el derrumbe de las expectativas de los productores agrarios, agobiados por bajos precios y la presión de las grandes industrias.
En el paquete de reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei aparece, nuevamente, la idea de “liberar” el mercado de tierras para inversores extranjeros. Una apertura que remite inevitablemente a la década de los noventa, cuando la economía se desreguló bajo la promesa de eficiencia, inversiones y crecimiento, y terminó produciendo un profundo deterioro de la rentabilidad de los productores, un marcado éxodo rural y una inédita concentración de tierras en pocas manos.
Misiones fue uno de los territorios donde ese proceso se vivió con mayor crudeza. Durante la última década del siglo pasado, la provincia experimentó un fuerte éxodo rural como consecuencia de la crisis del agro -especialmente en la yerba mate y el tabaco- combinado con políticas liberales que desarticularon los mecanismos de regulación y protección. Pequeños productores y asalariados rurales migraron hacia las ciudades misioneras o directamente hacia Brasil en busca de empleo, dejando atrás chacras inviables, cooperativas debilitadas y comunidades fragmentadas. La concentración de tierras avanzó, mientras el entramado social del campo se erosionaba. Ese fenómeno, advierten hoy múltiples actores, está volviendo a repetirse. Y en forma mucho más acelerada.
El economista y ex rector de la Universidad Nacional de Misiones, Javier Gortari, lo describió con precisión en uno de sus trabajos al analizar el impacto de la desregulación sobre la cadena yerbatera: “En el caso de la producción de yerba mate, con la disolución de la CRYM y sin intervención estatal, creció el número de plantaciones al tiempo que la demanda se mantenía estable y el precio de la materia prima comenzaba una abrupta carrera descendente. Se produjo, entonces, una concentración de la renta yerbatera en los sectores mecanizados, industriales y supermercadistas, así como también una acelerada descapitalización de los productores pequeños y medianos, de muchas cooperativas y de la mayoría de los secaderos. La desregulación de la actividad trajo aparejado un aumento de la producción. A partir de 1997, el mercado evidenció signos de saturación: frente a una oferta de materia prima en expansión por la puesta en producción de las nuevas plantaciones, se produjo una drástica caída de los precios pagados al productor primario. La presión económica sobre este sector se potenció por el incremento de los costos de comercialización”.
Ese proceso que describe Gortari no fue solo conceptual: tuvo una traducción directa y mensurable en los precios. Los datos oficiales de la década del noventa muestran con claridad el derrumbe del valor de la materia prima, en contraste con la evolución de la yerba elaborada.
Entre 1990 y 2000, el precio promedio del kilogramo de hoja verde pasó de 0,19 pesos/dólares a 0,07, una caída de más del 63%. La yerba canchada también registró un retroceso significativo, desde 0,31 en 1990 a 0,34 en 2000, luego de haber alcanzado picos a mediados de la década y comenzar un sendero descendente desde 1996–1997.
En sentido inverso, la yerba mate elaborada mantuvo valores sustancialmente más altos durante todo el período: pasó de 0,88 en 1990 a 2,46 en 2000, con máximos cercanos a 2,84 en 1995. La brecha entre el precio percibido por el productor primario y el valor final del producto en góndola se amplió de manera sostenida, confirmando empíricamente la concentración de renta dentro de la cadena yerbatera.
Los datos -elaborados a partir de estadísticas del INDEC y del entonces Ministerio del Agro y la Producción- refuerzan la advertencia central de Gortari: la desregulación, lejos de generar un mercado más equilibrado, profundizó la asimetría entre eslabones, deterioró la rentabilidad del productor y sentó las bases de una crisis estructural que, con distintos matices, vuelve a emerger en el presente. En términos de poder adquisitivo, el valor que hoy percibe el productor por la hoja verde vuelve a ubicarse en niveles comparables a los peores años posteriores a la disolución de la CRYM.
El productor sólo logra captar 16,4% del precio de venta en góndola. El promedio de los últimos 10 meses (17,0%) representa el peor momento desde 2019 del ratio entre lo que recibe el productor y el precio de góndola por kilo.
En la misma línea, el diputado del Partido Agrario, Cristian Castro, aporta una lectura cuantitativa que refuerza la idea de ciclo histórico y deterioro estructural de la rentabilidad. Según su análisis, si se mide la ecuación del productor en términos relativos -es decir, la relación entre el precio de la hoja verde y el precio de la yerba en góndola- la rentabilidad del eslabón primario se redujo alrededor de un 42% en el período reciente. “Ese indicador muestra con claridad cómo se achica la participación del productor dentro de la cadena”, señala. Sin embargo, advierte que el cuadro es aún más crítico cuando se ajustan los valores por inflación: en términos reales, descontando el IPC acumulado, la caída de la rentabilidad del productor oscila entre el 60% y el 70%, un nivel comparable -e incluso superior- al registrado en los peores años posteriores a la desregulación de los noventa. Para Castro, esta combinación de precios atrasados, costos crecientes y pérdida de poder adquisitivo explica por qué la crisis actual no es solo coyuntural, sino la reaparición de un patrón ya conocido.
El Consejo de Mayo y la tierra como mercancía
En este contexto reaparece el llamado “Consejo de Mayo”, que recomienda liberar la adquisición de tierras por parte de privados extranjeros, derogando o vaciando de contenido las restricciones vigentes. Para el Gobierno nacional, estas limitaciones “atentan contra la inversión productiva” y deben ser removidas para dinamizar el mercado rural.
Según la lectura oficial, la eliminación de los topes permitiría ampliar la competencia, facilitar emprendimientos vinculados a producciones extensivas, infraestructura y energías renovables, y atraer capitales que hoy -según ese diagnóstico- encuentran obstáculos normativos. Sin embargo, la propuesta aún no especifica si se mantendrán mecanismos de monitoreo, qué organismo quedaría a cargo del relevamiento de operaciones ni cómo se garantizaría el control federal sobre un recurso estratégico como la tierra.
A este eje se suma otro punto sensible: la eliminación de la prohibición que impide cambiar el uso productivo de la tierra durante 30 a 60 años tras un incendio, una ley impulsada en su momento por Máximo Kirchner. El oficialismo sostiene que ese plazo “desincentiva la actividad económica” y dificulta la recuperación de áreas afectadas. Para las provincias forestales y con alta biodiversidad, la medida abre interrogantes profundos sobre el incentivo implícito a la especulación y el cambio de uso del suelo.
El paquete vinculado a tierras y recursos naturales no se limita, además, a la apertura del mercado rural. Incorpora un capítulo específico sobre la explotación de recursos estratégicos, especialmente en un escenario de expansión de la minería y de creciente demanda global de minerales críticos. El Consejo de Mayo plantea avanzar hacia un esquema de “libre explotación”, lo que en términos prácticos implica revisar regulaciones provinciales y nacionales que, según el documento, generan distorsiones entre jurisdicciones y encarecen los proyectos.
Misiones: un territorio con memoria
En Misiones, la discusión no es abstracta. Tiene historia, nombres propios y consecuencias visibles. Sonia Melo, subsecretaria de Tierras de la provincia, lo plantea sin rodeos: “Esto, la verdad, es un retroceso. Un retroceso que perjudica literalmente a los productores, a la zona rural. En Misiones siempre estuvo la discusión de si era una provincia latifundista o no. Y no lo es”.
Melo remarca una diferencia estructural que muchas veces se pierde en el debate nacional: “Nosotros tenemos productores con 50 hectáreas, 100 hectáreas. No son productores como en el sur, que tienen miles de hectáreas. Y si a eso le sumás que estás ampliando o permitiendo la extranjerización, va muy en detrimento de la familia rural misionera”.
La funcionaria recuerda que las leyes vigentes no surgieron de la nada, sino de procesos de lucha social: “Las legislaciones que hoy están vigentes son producto de luchas del campesinado, de luchas de la gente por la tenencia, la seguridad y la regularización de la tierra. Permitir esto, abrir el grifo para la extranjerización, no hace más que un retroceso muy importante y muy perjudicial”.
En su relato aparece un concepto central: el arraigo. No como consigna ideológica, sino como política pública concreta. Melo recuerda casos como el de Pozo Azul, donde familias que habían quedado a la deriva tras el quiebre de empresas forestales se asentaron, produjeron y, con intervención del Estado provincial, lograron regularizar su situación: “Hoy tenemos un municipio con familias asentadas, familias productoras bien consolidadas. Eso no fue espontáneo: fue una decisión política”.
Pozo Azul fue un ejemplo de la regularización de la tierra con cientos de familias productoras viviendo en lo profundo de Misiones.
La advertencia es clara: los procesos que hoy se discuten pueden reeditar el mapa social de los noventa. “No sé si esta crisis no es peor que la de los 90. En aquel momento vimos la explosión de municipios como Garupá, Posadas, Eldorado, San Vicente, con familias rurales empujadas a los cascos urbanos. Eso vuelve a estar en juego”.
Datos que incomodan
Los números refuerzan la preocupación. Datos oficiales correspondientes al período 2022–2023 indican que alrededor del 11,07% de las tierras rurales de Misiones están en manos extranjeras, lo que ubica a la provincia como la segunda más extranjerizada del país, solo por detrás de Salta. El dato, además, contempla únicamente tierras registradas, dejando fuera superficies no regularizadas o en proceso de mensura.
El fenómeno no es homogéneo. En Puerto Iguazú, el porcentaje asciende a 38,8%, uno de los niveles más altos del país.
Gran parte de esa tierra está en manos de empresas forestales extranjeras, especialmente vinculadas al sector celulósico. El caso de Alto Paraná, hoy parte del Grupo Arauco (Chile), es emblemático: extensiones masivas de tierra, influencia directa sobre la dinámica económica local.
Florencia Gómez, especialista en tierras, va un paso más allá y pone el foco en el diseño jurídico del proyecto: “A través del Consejo de Mayo, el Gobierno impulsa una reforma legal hecha a la medida de grandes capitales extranjeros, como los de Elon Musk o Joseph Lewis, o de cualquier persona humana o empresa foránea que pretenda adquirir tierras rurales en la Argentina”.
Según Gómez, la reforma implica una derogación encubierta de la Ley 26.737: “En apenas nueve artículos, y bajo el título de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, se vacía de contenido el espíritu original de la ley”.
El cambio central, explica, está en quiénes quedan fuera de la regulación: “Se limita a regular la adquisición por parte de Estados extranjeros. Quedan liberadas de toda limitación las personas humanas extranjeras y las empresas privadas extranjeras, cuando la principal vía histórica de extranjerización es justamente a través de personas jurídicas”.
Las consecuencias potenciales son profundas: “Se elimina la limitación cuantitativa. Podría darse un escenario donde millones de hectáreas pasen a manos extranjeras sin violar formalmente la ley”.
Gómez recuerda el caso de Lago Escondido como antecedente y advierte sobre la posible privatización de accesos a bienes públicos como lagos y ríos. También señala la eliminación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, debilitando el federalismo, y la supresión de salvaguardas jurídicas que podrían exponer al Estado argentino a litigios internacionales.
La iniciativa también suprime la limitación basada en la nacionalidad del comprador. Bajo el nuevo marco, podría darse un escenario extremo, pero legalmente posible, donde un gran número de ciudadanos extranjeros adquiera tierras en pequeñas parcelas, sumando una superficie descomunal. Por ejemplo, un millón de personas extranjeras comprando cien hectáreas cada una implicaría la transferencia de 100 millones de hectáreas, en un país cuya superficie continental ronda los 278 millones. La puerta quedaría abierta para una fragmentación y extranjerización masiva sin freno.
Finalmente, el proyecto elimina el artículo 11 de la ley vigente. Este artículo establecía que, a los fines de los Tratados Bilaterales de Inversión (suscritos mayoritariamente en los años 90), la adquisición de tierras rurales no sería considerada una “inversión” protegida por esos acuerdos, por tratarse de un recurso natural no renovable aportado por el país receptor. Su eliminación podría exponer al Estado argentino a demandas internacionales ante tribunales como el CIADI si intentara regular en el futuro.
Paralelamente, la propuesta crea nuevas excepciones para entidades que presenten un “plan de inversiones en plazos razonables”, comprometiéndose a respetar las leyes locales. Esto contrasta con las excepciones originales de la Ley 26.737, pensadas para casos personales y de arraigo, como extranjeros residentes, cónyuges o padres de hijos argentinos.
Jaime Ledesma, ingeniero forestal y ex subsecretario de Tierras, sintetiza el debate desde una perspectiva estratégica: “La tierra es un recurso natural, finito, estratégico y soberano. No es un simple activo financiero”.
Para Ledesma, la Ley 26.737 fue un avance con amplios consensos y su desarticulación implica una definición política clara sobre el modelo de desarrollo: “Limitar la extranjerización no es un obstáculo a la inversión privada. Es una garantía de soberanía y de desarrollo sostenible”.
Bosques, agua y suelo -advierte- serán los ejes de las grandes tensiones del futuro. “Descuidarlos hoy es hipotecar el mañana”.
La discusión que vuelve no es meramente jurídica ni económica. Es política en el sentido más profundo: define quién controla el territorio, con qué objetivos y a qué costo social. La historia reciente muestra que cuando la tierra se transforma exclusivamente en mercancía, el precio lo pagan los pequeños productores, las economías regionales y el entramado social del interior.
La Argentina ya transitó ese camino. Y las huellas todavía están ahí.
Passalacqua supervisó las obras del nuevo Hospital y el tinglado municipal de Pozo Azul. “La salud y el trabajo son prioridad”, remarcó.
El gobernador recorrió las principales obras en ejecución en Pozo Azul, que avanzan con fondos provinciales y marcan un hito en el proceso de consolidación institucional del municipio más joven de Misiones.
Infraestructura estratégica para fortalecer la salud y el desarrollo local
El gobernador Hugo Passalacqua visitó la localidad de Pozo Azul para inspeccionar el avance de dos obras clave para la comunidad: el Hospital Nivel I y el tinglado municipal, que se ejecutan con financiamiento provincial. Acompañado por el intendente Edgar González, el mandatario destacó la relevancia de estos proyectos dentro del plan de infraestructura del Gobierno misionero y subrayó que “la salud es prioridad” en la agenda pública.
“Pozo Azul es un lugar muy nuevo, donde está todo por hacerse, pero con gente que se esfuerza mucho para seguir adelante. Este momento difícil lo vamos a superar todos juntos, porque los misioneros somos gente de laburo”, expresó Passalacqua durante su recorrida. El gobernador reafirmó que “el Estado provincial siempre está presente” para acompañar a los municipios más jóvenes en su proceso de crecimiento institucional.
Las obras visitadas se enmarcan en una estrategia de fortalecimiento territorial que busca dotar a Pozo Azul —convertido en municipio en 2017— de servicios esenciales y espacios de gestión que acompañen su desarrollo social y económico. “La comuna está ubicada en una zona estratégica, no solo por lo sanitario, sino también por su potencial productivo y turístico”, remarcó el mandatario.
Hospital Nivel I y tinglado municipal: obras con impacto directo en la comunidad
Durante la supervisión, el intendente Edgar González celebró los avances logrados en estos ocho años de institucionalidad, destacando que las obras “responden directamente a las demandas de la población”.
“La construcción de este Hospital Nivel I satisface una necesidad prioritaria de la comunidad, y el tinglado o taller municipal, que estamos próximos a finalizar, fortalecerá el mantenimiento del parque vial y de la maquinaria local”, explicó González.
El jefe comunal señaló que ambos proyectos se financian con recursos netamente provinciales, lo que consideró “fundamental” para una localidad que aún consolida su estructura institucional y administrativa. “Sin el apoyo de la Provincia sería imposible encarar obras de esta magnitud en el contexto económico actual”, agregó.
En su recorrida, Passalacqua también verificó el funcionamiento de una nueva máquina niveladora incorporada recientemente al parque vial municipal. Se trata de la segunda en su tipo con la que cuenta Pozo Azul y permitirá atender la alta demanda de mantenimiento de caminos de tierra, una de las principales necesidades de los vecinos de la zona rural.
Según informaron desde el municipio, la obra del tinglado municipal —destinada al resguardo del parque vial— se encuentra en su etapa final. Por su parte, el Hospital Nivel I registra un avance del 70%, y se ejecuta como ampliación del edificio donde hoy funciona el CAPS local. Este nuevo espacio incorporará sala de internación, área de personal de servicio, consultorios, vacunatorio y otros servicios básicos, que actualmente obligan a los pacientes a trasladarse a San Pedro o Bernardo de Irigoyen.
Pozo Azul celebra su octavo aniversario como municipio
En el marco de las actividades previas al octavo aniversario de Pozo Azul como municipio, Passalacqua y González participaron de la 2ª edición de la “Expo Pozo Azul”, una feria de artesanos y productores locales que se desarrolla durante todo el fin de semana.
El evento, que reúne a emprendedores, escuelas y organizaciones sociales, forma parte de la agenda de celebraciones por la creación del municipio —instituido en 2017 como el número 76 de Misiones—. En la feria se destacan los stands de las Escuelas de la Familia Agrícola (EFA), que exhiben sus proyectos y producciones regionales.
Las celebraciones continuarán hasta el domingo 12 de octubre, con la participación de emprendedores y artistas locales. En este contexto, el mandatario provincial valoró el esfuerzo colectivo de la comunidad: “Pozo Azul tiene algunos de los paisajes más bellos de la provincia y un enorme potencial para el turismo. Con trabajo y compromiso, ese futuro está cada vez más cerca”.
La Sala III de la Cámara Federal de La Plata, con voto de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 en cuanto deroga la Ley 26.737 de Tierras. Asimismo, en atención al alcance colectivo de la resolución, ordenó reinscribirla en el Registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión llegó en el marco del amparo promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) que cuestionó el decreto ante los tribunales federales de la capital bonaerense. En su presentación, sostuvieron que la derogación de la ley libera el mercado de tierras, “habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”, publicó el sitio especializado Palabras del Derecho.
En primera instancia, durante la feria judicial, el juez Ernesto Kreplak declaró que el caso era colectivo, procedió a inscribirlo en el registro respectivo –que depende la Corte Suprema– y decretó una medida cautelar suspensiva del artículo cuestionado del decreto. Posteriormente, retomada la actividad judicial, el juez Alberto Recondo, titular del Juzgado Federal 4 de La Plata, resolvió el rechazo de la acción por considerar que el CECIM no estaba legitimado a demandar, dejó sin efecto la medida cautelar y procedió a la eliminación de la inscripción en el Registro de la causa.
La decisión fue apelada, el expediente llegó a la Cámara Federal de La Plata que, ahora, revocó aquella decisión y admitió la acción de amparo colectivo de la asociación de ex combatientes.
El tribunal de apelación, en una extensa decisión a la que dedicó un apartado final de conclusiones, reconoció la legitimación de la agrupación de veteranos para demandar en defensa de la soberanía nacional, un bien colectivo e indivisible que justifica la consideración judicial y el dictado de una sentencia de alcance nacional. En tal sentido, ordenó que la causa sea nuevamente inscripta en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema y se publique su resolución.
Los jueces dijeron que la decisión que rechazó la legitimación del CECIM constituía “una interpretación exageradamente restrictiva de las normas constitucionales y legales que gobiernan la solución del caso”. De tal modo, luego de un repaso de la jurisprudencia de la Corte Suprema, agregaron que “no puede homologarse una solución que menoscaba la dignidad del orden jurídico de la Nación al impedir impugnar la constitucionalidad de una norma que se dice lesiva de la soberanía nacional a una asociación que nuclea a quienes, precisamente, debieron empuñar las armas en su defensa”.
En torno al DNU, el Tribunal analizó los requisitos constitucionales que habilitan al Poder Ejecutivo a dictarlos a la luz de los criterios que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sobre ese punto, consideró que “no existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” dado que, según argumentaron los jueces, no hubo “impedimentos para que las cámaras del Congreso de la Nación se reunieran. Por el contrario, el DNU 70/2023 se publicó el 21/12/23 y entró en vigencia el 30/12/23 y el Poder Ejecutivo Nacional convocó –el 26/12/23, desde esa fecha, y hasta el 31/01/23- a Sesiones Extraordinarias del Poder Legislativo”.
El Congreso de la Nación –constituye un hecho público y notorio, dijeron los camaristas- sesionó durante el mes de enero del corriente año y, a partir de este 1° de marzo, se inauguró formalmente el período 142° de Sesiones Ordinarias con ambas cámaras en pleno funcionamiento.
Agregaron que la derogación de la Ley de Tierras se hizo con “razones genéricas expuestas en los considerandos de los decretos de necesidad y urgencia” que “resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. Así, expresaron que “el fundamento del DNU impugnado –sólo tres líneas en lo que atañe a la derogación de la ley 26.737– no exhibe en forma concreta el modo en que ello impactaría en la mejora de la situación socioeconómica argentina y haría imposible de aguardar su tratamiento normal por parte del Congreso Nacional”.
Además, en contraposición con la jurisprudencia de la Corte Suprema de los fallos “Consumidores Argentinos” y “Pino Seberino”, el DNU impugnado en materia de tierras “constituye una lisa y llana derogación de conveniencia de la ley 26.737”. No se dirige a “paliar una supuesta situación excepcional” e introduce reformas que “revisten carácter permanente modificatorias de leyes del Congreso Nacional”, aspecto vedado por ese criterio del máximo tribunal.
Por todo ello, concluyeron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) se encontraba legitimado para demandar en los tribunales en defensa de la soberanía nacional como bien jurídico colectivo y cuestionar un decreto que denunciaron como lesivo de aquella. A su vez, juzgó que el Poder Ejecutivo no estuvo habilitado para derogar la Ley de Tierras de la forma en que lo hizo, al no acreditarse circunstancias que justifiquen el dictado de un DNU de esa naturaleza.
Por esas razones, la Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad del art. 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 en cuanto deroga la ley 26.737 y ordenó reinscribir la causa en el Registro de Procesos Colectivos.
El Presidente Cooperativa Agrícola de Pozo Azul, Héctor Smith, habló en Radio Open 101.7 acerca del desarrollo económico de la localidad, que consolida la cuenca lechera como principal actividad desde hace casi 3 años. “Gracias al equipo de trabajo, a la comisión directiva, a los socios, a la gente, al gobierno de la provincia que apuesta a la cooperativa y al Ministerio del Agro que nos dio una mano para llevar adelante este proyecto para traer fuentes de trabajo y buena renta para los productores”.
Smith admitió que aún son pocos productores pero la idea es que se vayan sumando. Actualmente, hay 7 productores lecheros que comercializan el producto y cuentan con 44 socios. Sin embargo, esto no impide que la producción sea buena, ya que reveló que se acopian de 11 a 15 mil litros por mes.
“Yo entiendo que es la base de nuestra producción. Somos una potencia ganadera en la provincia”, afirmó. En este sentido, buscando potenciar la actividad, Smith comentó que la idea es llevar una fábrica de alimento balanceado este año. Así, quienes quieran producir cerdo, vaca o pollo pueden tener a mano el alimento.
El productor aclaró que lo que se comercializa no es directamente la leche, sino el queso en barra y el cremoso. Y confesó que hace un tiempo empezaron a producir dulce de leche buscando ampliar las opciones, pero hubo escasez de materia prima.
Otra de las principales actividades de la zona es la tabacalera, que buscan potenciar a la par. “Tenemos un secadero que se puede poner en funcionamiento”, señaló Smith. Pero remarcó que actualmente, la idea es diversificar: “Que la gente vea que la leche es una salida”.
