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Discutir la tierra en tiempo de fracking

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Para entender lo que realmente está en juego con Vaca Muerta, primero tenemos que hacer un pequeño esfuerzo didáctico porque la categoría central de este problema no es el barril que se extrae sino el barril que sobra. Imaginemos por un momento a un agricultor que cada mañana debe caminar hasta un pozo para traer agua para sus cultivos. Si el pozo está a diez metros de distancia, camina veinte metros entre ida y vuelta, llena su balde de diez litros y vuelve. Por cada diez litros que trae, invierte energía para mover veinte metros. Ese gasto es pequeño, casi despreciable, y el excedente de energía que le queda para sembrar, cosechar, regar más superficie o simplemente descansar es enorme. Pero si el pozo está a quinientos metros, entonces cada balde de diez litros le exige caminar un kilómetro entero. El esfuerzo físico que invierte para conseguir el mismo volumen de agua es abrumadoramente mayor. Al final del día, quizás ambos agricultores hayan traído la misma cantidad total de agua, pero el segundo llegará a la noche tan agotado que no le quedará energía para hacer otra cosa que no sea prepararse para repetir la misma agotadora caminata al día siguiente. Eso que acabamos de describir, con la sencillez de una metáfora campesina, es exactamente lo que los ingenieros y los físicos llaman retorno energético, o tasa de retorno energético, o más sencillamente: cuánta energía te sobra después de pagar el costo de obtenerla.

El petróleo convencional del Golfo San Jorge en sus mejores épocas, allá por los años cincuenta del siglo pasado, funcionaba como el pozo de agua a diez metros. Los datos documentados a nivel mundial para el petróleo fácil de aquella época indican tasas de retorno energético que oscilaban entre 70 a 1 y 100 a 1. Eso significa que por cada barril de energía que la industria invertía en buscar, extraer, refinar y transportar el petróleo, obtenía entre setenta y cien barriles. El excedente neto que quedaba disponible para el resto de la sociedad era de entre sesenta y nueve y noventa y nueve barriles por cada barril invertido. Ese excedente colosal es lo que permitió construir carreteras, escuelas, hospitales, industrias, sistemas de transporte público y también, por supuesto, la agricultura industrial moderna con sus fertilizantes sintéticos y sus tractores y sus cosechadoras. Vaca Muerta, en cambio, es el pozo de agua a quinientos metros. La mejor documentación disponible para el fracking en formaciones no convencionales indica tasas de retorno energético que rondan entre 5 a 1 y 8 a 1 como máximo. Por cada barril de energía invertido, se obtienen entre cinco y ocho barriles. El excedente neto que le queda a la sociedad es de entre cuatro y siete barriles por cada barril invertido. La diferencia no es marginal ni técnica ni académica: es abismal. Estamos hablando de que la eficiencia energética de nuestro sistema extractivo se desplomó entre diez y veinte veces comparada con la del petróleo convencional. Y ese desplome no es un dato curioso para especialistas: es el destino concreto del país.

Por eso el gobierno celebra récords de extracción en Vaca Muerta como si fueran sinónimo de progreso, pero lo que no dice es que esos récords son récords de cantidad bruta, no de excedente neto. Es como si el agricultor del pozo lejano celebrara que logró traer cien baldes de agua en un día sin mencionar que para lograrlo caminó cien kilómetros, llegó al borde del colapso físico, y no le quedó energía ni para cocinar su propia comida. La trampa comunicacional es gigantesca porque nuestra sociedad no está entrenada para medir categorías como retorno energético. Estamos entrenados para medir plata, y en plata Vaca Muerta puede dar números muy vistosos, especialmente cuando el precio internacional del petróleo es alto. Pero la plata es un truco contable mientras la energía es una realidad física. Se puede imprimir plata, se puede pedir prestada plata, se puede redistribuir plata. La energía que sobra después de pagar el costo de extraer la siguiente energía no se imprime, no se pide prestada, no se redistribuye: es el margen real que tiene una sociedad para hacer cualquier cosa que no sea extraer energía. Y ese margen, con Vaca Muerta, se redujo drásticamente respecto a lo que teníamos con el petróleo convencional. Por eso es completamente en vano esperar que de los récords de Vaca Muerta broten como por arte de magia nuevas escuelas, nuevas fábricas, nuevas rutas o nuevos hospitales. La energía que se lleva el fracking para seguir funcionando no es una inversión que luego retorna en forma de desarrollo. Es un costo energético que se quema en el proceso, que se disipa en forma de calor, presión, fricción y gasoil consumido por motores gigantescos. Lo que le queda al país después de ese enorme gasto es tan pequeño, tan magro, que difícilmente pueda financiar otra cosa que no sea el propio sistema extractivo y quizás algún que otro subsidio para mantener la paz social. La época en que el petróleo construía escuelas fue la época del petróleo barato y abundante. La época del fracking es la época del petróleo caro y escaso en términos netos, aunque los titulares digan lo contrario.

Ahora bien, esa reducción del excedente energético neto no queda encerrada en los pozos petroleros. Se derrama, o mejor dicho se filtra, hacia toda la economía y hacia el campo argentino en particular. El fertilizante nitrogenado que necesita la agricultura industrial para alcanzar los rindes actuales se fabrica íntegramente a partir de gas natural, el mismo gas natural que se extrae en Vaca Muerta con ese retorno energético tan bajo. Los agroquímicos, los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas, todos son derivados del petróleo o del gas. El gasoil que mueve los tractores, las cosechadoras, los camiones que llevan el grano al puerto, todo sale de la misma cadena extractiva cuya eficiencia energética se derrumbó. Cuando el retorno energético del sistema petrolero cae de 70 a 1 a 5 a 1, el costo energético de producir una tonelada de maíz o de soja se multiplica inevitablemente. No porque los productores se vuelvan ineficientes, sino porque el insumo energético base con el que se fabrican todos los demás insumos se volvió mucho más caro en términos energéticos, es decir en el único término que importa cuando hablamos de la realidad física del planeta. La consecuencia de esto no es un aumento lineal de precios que todos sufren por igual, sino una profunda reconfiguración de quién puede producir y quién termina vendiendo su tierra. Porque el pequeño productor agropecuario, el que trabaja con márgenes ajustados, con pocas hectáreas, con maquinaria más vieja y menos capacidad de acceso al crédito, es el primero que no puede absorber el encarecimiento relativo de los insumos energéticos. Si el fertilizante cuesta el doble en términos de lo que el pequeño productor puede pagar, simplemente compra la mitad y sus rindes caen. Si el gasoil para sembrar y cosechar se lleva un porcentaje cada vez mayor de lo que espera cobrar por su cosecha, el margen se vuelve negativo. El grande, en cambio, el pool de siembra, la empresa agroindustrial, puede negociar precios por volumen, puede invertir en maquinaria de mayor eficiencia, puede acceder a coberturas financieras y puede también, y esto es lo crucial, comprar la tierra del pequeño productor cuando este no puede seguir. No por maldad, insistamos, sino por física. El pequeño productor es expulsado del sistema no por una ley malvada sino porque la ecuación energética del sistema agroindustrial moderno, construido sobre la base de petróleo barato con altísimo retorno energético, se rompió. Y lo que estamos viendo en las últimas décadas, esa concentración sostenida de la tierra en menos manos, no es un fenómeno puramente político o económico. Es también, y quizás fundamentalmente, un fenómeno energético.

Frente a este diagnóstico, la agroecología en minifundios y agricultura familiar no puede ser presentada como una vuelta romántica al pasado ni como una concesión estética a los movimientos ambientalistas. Es, en rigor, la única alternativa civilizatoria que está a la altura de la nueva realidad energética. Un sistema agroecológico diversificado, con rotación de cultivos, integración de animales, reciclaje de nutrientes, abonos verdes y control biológico de plagas, tiene una dependencia mucho menor de los insumos sintéticos fabricados con gas y petróleo. No necesita el fertilizante nitrogenado que se hace con gas de Vaca Muerta porque fija nitrógeno mediante leguminosas y recicla materia orgánica. No necesita los herbicidas derivados del petróleo porque maneja las malezas con prácticas culturales y coberturas. Su rendimiento por hectárea de un cultivo específico puede ser menor al de la agricultura industrial en un año de precios altos, pero su rendimiento energético neto por hectárea, es decir cuánta energía alimentaria obtiene en relación a la energía fósil que invierte, es abrumadoramente superior. En un mundo de petróleo barato con retorno energético altísimo, ese diferencial no importaba porque la energía fósil sobraba. En un mundo de fracking con retorno energético de 5 a 1, ese diferencial se vuelve la línea que separa la viabilidad del colapso. Por eso discutir la tierra en tiempo de fracking no puede reducirse a la vieja discusión entre latifundio y minifundio, ni a la discusión sobre derechos de propiedad, ni a la discusión sobre precios relativos y subsidios. Es una discusión mucho más profunda. Es la discusión sobre cuánta energía neta le va a quedar a este país después de pagar el costo energético de extraer la energía que necesita para funcionar. Y esa energía neta, cada vez más escasa, es la única que puede destinarse a sostener un sistema alimentario. Si seguimos insistiendo en un modelo agrícola que requiere grandes cantidades de insumos sintéticos fabricados con energía de bajo retorno, lo único que lograremos es acelerar la concentración de la tierra y la desaparición del pequeño productor, porque ese modelo solo es viable con energía baratísima y abundantísima que ya no existe. La agroecología en manos de la agricultura familiar no es una opción entre otras. Es el único camino que no requiere hipotecar el futuro energético del país para alimentar a su población. Una tierra en pocas manos, alimentada con energía ineficiente extraída a través del fracking, no es soberanía. Es una factura que estamos pasando sin querer ver, y que alguien va a tener que pagar. Y mientras tanto, los récords de Vaca Muerta seguirán sonando en los titulares, pero las escuelas seguirán sin construirse, las fábricas seguirán sin abrir sus puertas, las rutas seguirán llenas de baches, y la promesa de que el petróleo trae desarrollo quedará expuesta como lo que siempre fue en esta nueva era: un espejismo que se desvanece en cuanto uno intenta agarrarlo.

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El déjà vu argentino: tierra, desregulación y un país que insiste en tropezar

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La historia argentina tiene una particularidad inquietante: vuelve. No como una repetición mecánica, sino como un ciclo que se reactiva con nuevos nombres, nuevos discursos y viejas consecuencias. La discusión actual sobre la tierra -su propiedad, su uso, su regulación- no es una novedad en la agenda nacional. Es, más bien, un regreso. Y los antecedentes no son alentadores. Los 90 desreguladores provocaron un intenso éxodo rural y el derrumbe de las expectativas de los productores agrarios, agobiados por bajos precios y la presión de las grandes industrias.

En el paquete de reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei aparece, nuevamente, la idea de “liberar” el mercado de tierras para inversores extranjeros. Una apertura que remite inevitablemente a la década de los noventa, cuando la economía se desreguló bajo la promesa de eficiencia, inversiones y crecimiento, y terminó produciendo un profundo deterioro de la rentabilidad de los productores, un marcado éxodo rural y una inédita concentración de tierras en pocas manos.

Misiones fue uno de los territorios donde ese proceso se vivió con mayor crudeza. Durante la última década del siglo pasado, la provincia experimentó un fuerte éxodo rural como consecuencia de la crisis del agro -especialmente en la yerba mate y el tabaco- combinado con políticas liberales que desarticularon los mecanismos de regulación y protección. Pequeños productores y asalariados rurales migraron hacia las ciudades misioneras o directamente hacia Brasil en busca de empleo, dejando atrás chacras inviables, cooperativas debilitadas y comunidades fragmentadas. La concentración de tierras avanzó, mientras el entramado social del campo se erosionaba. Ese fenómeno, advierten hoy múltiples actores, está volviendo a repetirse. Y en forma mucho más acelerada.

El economista y ex rector de la Universidad Nacional de Misiones, Javier Gortari, lo describió con precisión en uno de sus trabajos al analizar el impacto de la desregulación sobre la cadena yerbatera: “En el caso de la producción de yerba mate, con la disolución de la CRYM y sin intervención estatal, creció el número de plantaciones al tiempo que la demanda se mantenía estable y el precio de la materia prima comenzaba una abrupta carrera descendente. Se produjo, entonces, una concentración de la renta yerbatera en los sectores mecanizados, industriales y supermercadistas, así como también una acelerada descapitalización de los productores pequeños y medianos, de muchas cooperativas y de la mayoría de los secaderos.
La desregulación de la actividad trajo aparejado un aumento de la producción. A partir de 1997, el mercado evidenció signos de saturación: frente a una oferta de materia prima en expansión por la puesta en producción de las nuevas plantaciones, se produjo una drástica caída de los precios pagados al productor primario. La presión económica sobre este sector se potenció por el incremento de los costos de comercialización”.

Ese proceso que describe Gortari no fue solo conceptual: tuvo una traducción directa y mensurable en los precios. Los datos oficiales de la década del noventa muestran con claridad el derrumbe del valor de la materia prima, en contraste con la evolución de la yerba elaborada.

Entre 1990 y 2000, el precio promedio del kilogramo de hoja verde pasó de 0,19 pesos/dólares a 0,07, una caída de más del 63%. La yerba canchada también registró un retroceso significativo, desde 0,31 en 1990 a 0,34 en 2000, luego de haber alcanzado picos a mediados de la década y comenzar un sendero descendente desde 1996–1997.

En sentido inverso, la yerba mate elaborada mantuvo valores sustancialmente más altos durante todo el período: pasó de 0,88 en 1990 a 2,46 en 2000, con máximos cercanos a 2,84 en 1995. La brecha entre el precio percibido por el productor primario y el valor final del producto en góndola se amplió de manera sostenida, confirmando empíricamente la concentración de renta dentro de la cadena yerbatera.

Los datos -elaborados a partir de estadísticas del INDEC y del entonces Ministerio del Agro y la Producción- refuerzan la advertencia central de Gortari: la desregulación, lejos de generar un mercado más equilibrado, profundizó la asimetría entre eslabones, deterioró la rentabilidad del productor y sentó las bases de una crisis estructural que, con distintos matices, vuelve a emerger en el presente. En términos de poder adquisitivo, el valor que hoy percibe el productor por la hoja verde vuelve a ubicarse en niveles comparables a los peores años posteriores a la disolución de la CRYM.

El productor sólo logra captar 16,4% del precio de venta en góndola. El promedio de los últimos 10 meses (17,0%) representa el peor momento desde 2019 del ratio entre lo que recibe el productor y el precio de góndola por kilo. 

En la misma línea, el diputado del Partido Agrario, Cristian Castro, aporta una lectura cuantitativa que refuerza la idea de ciclo histórico y deterioro estructural de la rentabilidad. Según su análisis, si se mide la ecuación del productor en términos relativos -es decir, la relación entre el precio de la hoja verde y el precio de la yerba en góndola- la rentabilidad del eslabón primario se redujo alrededor de un 42% en el período reciente. “Ese indicador muestra con claridad cómo se achica la participación del productor dentro de la cadena”, señala. Sin embargo, advierte que el cuadro es aún más crítico cuando se ajustan los valores por inflación: en términos reales, descontando el IPC acumulado, la caída de la rentabilidad del productor oscila entre el 60% y el 70%, un nivel comparable -e incluso superior- al registrado en los peores años posteriores a la desregulación de los noventa. Para Castro, esta combinación de precios atrasados, costos crecientes y pérdida de poder adquisitivo explica por qué la crisis actual no es solo coyuntural, sino la reaparición de un patrón ya conocido.

El Consejo de Mayo y la tierra como mercancía

En este contexto reaparece el llamado “Consejo de Mayo”, que recomienda liberar la adquisición de tierras por parte de privados extranjeros, derogando o vaciando de contenido las restricciones vigentes. Para el Gobierno nacional, estas limitaciones “atentan contra la inversión productiva” y deben ser removidas para dinamizar el mercado rural.

Según la lectura oficial, la eliminación de los topes permitiría ampliar la competencia, facilitar emprendimientos vinculados a producciones extensivas, infraestructura y energías renovables, y atraer capitales que hoy -según ese diagnóstico- encuentran obstáculos normativos. Sin embargo, la propuesta aún no especifica si se mantendrán mecanismos de monitoreo, qué organismo quedaría a cargo del relevamiento de operaciones ni cómo se garantizaría el control federal sobre un recurso estratégico como la tierra.

A este eje se suma otro punto sensible: la eliminación de la prohibición que impide cambiar el uso productivo de la tierra durante 30 a 60 años tras un incendio, una ley impulsada en su momento por Máximo Kirchner. El oficialismo sostiene que ese plazo “desincentiva la actividad económica” y dificulta la recuperación de áreas afectadas. Para las provincias forestales y con alta biodiversidad, la medida abre interrogantes profundos sobre el incentivo implícito a la especulación y el cambio de uso del suelo.

El paquete vinculado a tierras y recursos naturales no se limita, además, a la apertura del mercado rural. Incorpora un capítulo específico sobre la explotación de recursos estratégicos, especialmente en un escenario de expansión de la minería y de creciente demanda global de minerales críticos. El Consejo de Mayo plantea avanzar hacia un esquema de “libre explotación”, lo que en términos prácticos implica revisar regulaciones provinciales y nacionales que, según el documento, generan distorsiones entre jurisdicciones y encarecen los proyectos.

Misiones: un territorio con memoria

En Misiones, la discusión no es abstracta. Tiene historia, nombres propios y consecuencias visibles. Sonia Melo, subsecretaria de Tierras de la provincia, lo plantea sin rodeos: “Esto, la verdad, es un retroceso. Un retroceso que perjudica literalmente a los productores, a la zona rural. En Misiones siempre estuvo la discusión de si era una provincia latifundista o no. Y no lo es”.

Melo remarca una diferencia estructural que muchas veces se pierde en el debate nacional: “Nosotros tenemos productores con 50 hectáreas, 100 hectáreas. No son productores como en el sur, que tienen miles de hectáreas. Y si a eso le sumás que estás ampliando o permitiendo la extranjerización, va muy en detrimento de la familia rural misionera”.

La funcionaria recuerda que las leyes vigentes no surgieron de la nada, sino de procesos de lucha social: “Las legislaciones que hoy están vigentes son producto de luchas del campesinado, de luchas de la gente por la tenencia, la seguridad y la regularización de la tierra. Permitir esto, abrir el grifo para la extranjerización, no hace más que un retroceso muy importante y muy perjudicial”.

En su relato aparece un concepto central: el arraigo. No como consigna ideológica, sino como política pública concreta. Melo recuerda casos como el de Pozo Azul, donde familias que habían quedado a la deriva tras el quiebre de empresas forestales se asentaron, produjeron y, con intervención del Estado provincial, lograron regularizar su situación: “Hoy tenemos un municipio con familias asentadas, familias productoras bien consolidadas. Eso no fue espontáneo: fue una decisión política”.

Pozo Azul fue un ejemplo de la regularización de la tierra con cientos de familias productoras viviendo en lo profundo de Misiones.

La advertencia es clara: los procesos que hoy se discuten pueden reeditar el mapa social de los noventa. “No sé si esta crisis no es peor que la de los 90. En aquel momento vimos la explosión de municipios como Garupá, Posadas, Eldorado, San Vicente, con familias rurales empujadas a los cascos urbanos. Eso vuelve a estar en juego”.

Datos que incomodan

Los números refuerzan la preocupación. Datos oficiales correspondientes al período 2022–2023 indican que alrededor del 11,07% de las tierras rurales de Misiones están en manos extranjeras, lo que ubica a la provincia como la segunda más extranjerizada del país, solo por detrás de Salta. El dato, además, contempla únicamente tierras registradas, dejando fuera superficies no regularizadas o en proceso de mensura.

El fenómeno no es homogéneo. En Puerto Iguazú, el porcentaje asciende a 38,8%, uno de los niveles más altos del país.

Gran parte de esa tierra está en manos de empresas forestales extranjeras, especialmente vinculadas al sector celulósico. El caso de Alto Paraná, hoy parte del Grupo Arauco (Chile), es emblemático: extensiones masivas de tierra, influencia directa sobre la dinámica económica local.

Florencia Gómez, especialista en tierras, va un paso más allá y pone el foco en el diseño jurídico del proyecto: “A través del Consejo de Mayo, el Gobierno impulsa una reforma legal hecha a la medida de grandes capitales extranjeros, como los de Elon Musk o Joseph Lewis, o de cualquier persona humana o empresa foránea que pretenda adquirir tierras rurales en la Argentina”.

Según Gómez, la reforma implica una derogación encubierta de la Ley 26.737: “En apenas nueve artículos, y bajo el título de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, se vacía de contenido el espíritu original de la ley”.

El cambio central, explica, está en quiénes quedan fuera de la regulación: “Se limita a regular la adquisición por parte de Estados extranjeros. Quedan liberadas de toda limitación las personas humanas extranjeras y las empresas privadas extranjeras, cuando la principal vía histórica de extranjerización es justamente a través de personas jurídicas”.

Las consecuencias potenciales son profundas: “Se elimina la limitación cuantitativa. Podría darse un escenario donde millones de hectáreas pasen a manos extranjeras sin violar formalmente la ley”.

Gómez recuerda el caso de Lago Escondido como antecedente y advierte sobre la posible privatización de accesos a bienes públicos como lagos y ríos. También señala la eliminación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, debilitando el federalismo, y la supresión de salvaguardas jurídicas que podrían exponer al Estado argentino a litigios internacionales.

La iniciativa también suprime la limitación basada en la nacionalidad del comprador. Bajo el nuevo marco, podría darse un escenario extremo, pero legalmente posible, donde un gran número de ciudadanos extranjeros adquiera tierras en pequeñas parcelas, sumando una superficie descomunal. Por ejemplo, un millón de personas extranjeras comprando cien hectáreas cada una implicaría la transferencia de 100 millones de hectáreas, en un país cuya superficie continental ronda los 278 millones. La puerta quedaría abierta para una fragmentación y extranjerización masiva sin freno.

Finalmente, el proyecto elimina el artículo 11 de la ley vigente. Este artículo establecía que, a los fines de los Tratados Bilaterales de Inversión (suscritos mayoritariamente en los años 90), la adquisición de tierras rurales no sería considerada una “inversión” protegida por esos acuerdos, por tratarse de un recurso natural no renovable aportado por el país receptor. Su eliminación podría exponer al Estado argentino a demandas internacionales ante tribunales como el CIADI si intentara regular en el futuro.

Paralelamente, la propuesta crea nuevas excepciones para entidades que presenten un “plan de inversiones en plazos razonables”, comprometiéndose a respetar las leyes locales. Esto contrasta con las excepciones originales de la Ley 26.737, pensadas para casos personales y de arraigo, como extranjeros residentes, cónyuges o padres de hijos argentinos.

Jaime Ledesma, ingeniero forestal y ex subsecretario de Tierras, sintetiza el debate desde una perspectiva estratégica: “La tierra es un recurso natural, finito, estratégico y soberano. No es un simple activo financiero”.

Para Ledesma, la Ley 26.737 fue un avance con amplios consensos y su desarticulación implica una definición política clara sobre el modelo de desarrollo: “Limitar la extranjerización no es un obstáculo a la inversión privada. Es una garantía de soberanía y de desarrollo sostenible”.

Bosques, agua y suelo -advierte- serán los ejes de las grandes tensiones del futuro. “Descuidarlos hoy es hipotecar el mañana”.

La discusión que vuelve no es meramente jurídica ni económica. Es política en el sentido más profundo: define quién controla el territorio, con qué objetivos y a qué costo social. La historia reciente muestra que cuando la tierra se transforma exclusivamente en mercancía, el precio lo pagan los pequeños productores, las economías regionales y el entramado social del interior.

La Argentina ya transitó ese camino. Y las huellas todavía están ahí.

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Alem adjudicó los primeros 150 lotes: más de 750 millones de pesos movilizados en tierra propia

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Con una inversión inicial que supera los 750 millones de pesos, el municipio dio un paso clave en su política de acceso al suelo urbano: ya se conocen los 150 nuevos beneficiarios que accederán a un lote propio en el marco del programa impulsado por el Banco de Tierras local. Cada terreno tiene un valor de 5 millones de pesos, a pagar en hasta 120 cuotas.

La adjudicación se realizó este lunes 18 de agosto a través de un sorteo público llevado adelante por la escribanía del Dr. Matías Cabrera, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso. El evento tuvo en cuenta cupos específicos para personal policial, bomberos, salud pública, comercio y público en general.

Más de mil familias en carrera

Desde el inicio del proceso de inscripción a principios de este año, más de 2.400 familias se presentaron con la intención de acceder a un lote. Tras un proceso de depuración y acompañamiento técnico por parte del municipio, se completaron 1.154 legajos con toda la documentación requerida, que fueron habilitados para participar del sorteo.

Cada uno de estos expedientes fue remitido al escribano Cabrera, quien organizó el sorteo diferenciando por cupos en cajas separadas. El azar determinó los 150 beneficiarios titulares y los 50 suplentes que conforman esta primera tanda de adjudicatarios.

Un desarrollo urbanístico planificado

Los terrenos están ubicados en un nuevo loteo de desarrollo zonal, situado detrás del barrio 20 de Junio. Se trata de una urbanización proyectada por el municipio para acompañar el crecimiento poblacional de la ciudad con infraestructura planificada y acceso regulado a la tierra.

El intendente Matías Sebely explicó que “decidimos, para tranquilidad de todos, tercerizar en manos de un profesional el sorteo de los lotes y es así que hoy podemos informar sobre los primeros 150 beneficiarios”. Además, adelantó que “se están terminando los trabajos en la zona para que en las próximas semanas podamos hacer un segundo sorteo con la misma modalidad”.

El listado completo con el número de legajo de cada ganador ya se encuentra disponible en la página oficial del municipio: www.leandronalem.gob.ar.

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La NASA monitorea un asteroide ante la amenaza de colisión

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El asteroide 2024 YR4 podría causar una gran explosión, gracias a su posible colisión en 2032, pero los expertos creen que hay tiempo suficiente para tomar medidas preventivas.

Un asteroide con un 3,1% de probabilidad de impactar contra la Tierra en 2032 se ha convertido en el objeto espacial más peligroso registrado por las previsiones modernas, según datos de la NASA. Esta probabilidad coloca al asteroide, conocido como 2024 YR4, en una categoría de alta amenaza, aunque los expertos advierten que no hay motivo de pánico.

A pesar del aumento en las probabilidades, Bruce Betts, científico jefe de la Sociedad Planetaria, aseguró a la AFP: “No tengo pánico”, explicando que, a medida que los astrónomos obtengan más datos, la probabilidad de impacto aumentará antes de disminuir rápidamente a cero. Este asteroide, que fue detectado por primera vez el 27 de diciembre de 2024 por el Observatorio El Sauce en Chile, tiene entre 40 y 90 metros de diámetro y muestra una composición bastante común en comparación con otros asteroides más raros.

La Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) emitió una alerta el 29 de enero después de que la probabilidad de impacto superara el 1%. Desde entonces, la cifra ha fluctuado, pero sigue en aumento. El último cálculo de la NASA estima que la probabilidad de impacto es ahora del 3,1%, con una posible colisión programada para el 22 de diciembre de 2032, lo que equivale a una probabilidad de uno entre 32.

Este riesgo ha sido calificado como histórico por Richard Moissl, jefe de la oficina de defensa planetaria de la Agencia Espacial Europea, aunque asegura que no se trata de una crisis global. “No es el asesino de los dinosaurios. No es el asesino del planeta. Esto es, en el peor de los casos, peligroso para una ciudad”, afirmó.

El telescopio espacial James Webb, el observatorio más potente, desempeñará un papel crucial en el monitoreo del asteroide, con observaciones programadas para el mes que viene. Webb es capaz de detectar objetos muy tenues, lo cual será esencial para estudiar la trayectoria del asteroide, que actualmente se encuentra en una órbita hacia Júpiter, con su próximo acercamiento a la Tierra previsto para 2028.

A pesar de su tamaño relativamente pequeño, el asteroide 2024 YR4 podría causar una gran devastación debido a su velocidad, que podría alcanzar los 65.000 kilómetros por hora. Si impacta, se espera que el asteroide explote en la atmósfera con una fuerza de aproximadamente ocho megatones de TNT, mucho más poderosa que la bomba de Hiroshima. Aunque la probabilidad de un cráter de impacto no se puede descartar si el asteroide es más grande de lo estimado, los expertos destacan que, en caso de necesidad, la tecnología actual permitiría desviar el asteroide, como demostró con éxito la misión DART de la NASA en 2022.

A pesar del riesgo, los expertos aseguran que hay tiempo suficiente para prepararse ante cualquier eventualidad. Los posibles lugares de impacto incluyen el este del Océano Pacífico, el norte de Sudamérica, el Océano Atlántico, el norte de África, el Mar Arábigo y el sur de Asia.

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¿El fin del mundo está cerca? Las predicciones de Stephen Hawking

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El astrofísico Stephen Hawking, en sus últimos años de vida realizó una serie de predicciones alarmantes, una de ellas, relacionadas con el fin de la vida en la Tierra.

El famoso astrofísico Stephen Hawking realizó una serie de predicciones preocupantes sobre el futuro, en especial sobre el fin del mundo. Durante los últimos años de vida el poder explorar el universo y conocer vida en otros planetas, los avances tecnológicos, fueron algunos de los ejes de sus predicciones.

Hawking, en uno de sus tantos vaticinios advirtió que, si la humanidad continuaba con su rumbo actual, podría conducir a la autodestrucción de la Tierra en menos de 600 años.

El astrofísico consideraba que el aumento de la población y el consiguiente aumento del consumo de energía serían factores críticos que, en última instancia, podrían convertir la Tierra en una gran bola de fuego.

En el año 2017, en una convención en Pekín, Hawking compartió su idea de que la humanidad podría exterminarse a sí misma, debido a la “codicia” del ser humano y a la “torpeza” de los que habitan el planeta.

Este último vaticinio se convirtió en parte de su último mensaje, en el que también habló de la importancia de los coches eléctricos y de la exploración de otros planetas. Hawking tenía la esperanza de que pudieran darse las condiciones de habitabilidad adecuadas para la humanidad en otros planetas no tan lejanos.

Además, hizo un llamamiento a los inversores para que apoyaran viajes a estrellas más cercanas fuera de nuestro sistema solar, con la esperanza de encontrar un planeta habitable.  Alfa Centauri, es una de las estrellas cercanas que se encuentra a unos cuatro años luz de distancia, algunos científicos sostienen que esta estrella podría albergar planetas que tengan condiciones similares a las de la Tierra.

Hawking también advirtió sobre los riesgos asociados con los experimentos científicos, particularmente en relación con las partículas de Higgs. Sugirió que, a niveles de energía muy altos, tales experimentos podrían colapsar el universo.

En vida, apoyó el proyecto ‘Breakthrough Starshot’, que prevé enviar una pequeña sonda a Alfa Centauri a una quinta parte de la velocidad de la luz. De acuerdo a Hawking, un sistema de este tipo podría llegar a Marte en menos de una hora, a Plutón en unos días y a Alfa Centauri en poco más de 20 años. Estas ideas y advertencias visionarias reflejan la profunda comprensión de Hawking de los desafíos y oportunidades de la humanidad al lidiar con el universo.

Hawking era conocido por su capacidad de hacer comprensibles para una amplia audiencia conceptos científicos complejos. Su compromiso con la ciencia y la educación y su espíritu inquebrantable inspiraron a personas de todo el mundo.

Falleció el 14 de marzo de 2018, pero dejó un importante legado científico y se convirtió en una auténtica inspiración para las generaciones futuras.

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