La Agencia Nacional cambia la denominación legal de los distintos grados de afectación de aquellos que pueden pedir una pensión por invalidez en Argentina. La controversia se originó a raíz de la Resolución 187/2025, en la que se definen las revisiones y repartos de las pensiones no contributivas a personas con invalidez.

Cualquier persona con algún grado de discapacidad intelectual en Argentina será desde ahora considerada “idiota”, “imbécil” o “débil mental”. El Gobierno de Javier Milei desempolvó término ya en desuso para la evaluación de aquellos merecedores de una pensión por invalidez laboral. El decreto con la nueva escala, redactado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), mereció el repudio cerrado de las organizaciones que representan al colectivo, que lo consideraron arcaico y discriminatorio y violatorio de resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a las que adhiere Argentina.

Es habitual que Milei tilde a sus críticos de “idiotas”, “descerebrados” y “mogólicos”, cuando no apela al menos creativo “hijos de puta”. Suele decir que las cosas hay que llamarlas por su nombre, sin eufemismos de la “cultura woke”, a la que considera un “cáncer” que es necesario extirpar de la sociedad. Su verborrea ha calado también en la Administración. A finales del año pasado, la ANDis revisó el reglamento para el otorgamiento de pensiones por invalidez laboral, que utilizaba criterios acordes a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado por la ONU en 2008. En Argentina, ese texto tiene rango constitucional, pero la ultraderecha de Milei lo consideró demasiado laxo y, por lo tanto, una puerta al fraude. El 14 de enero, el Gobierno publicó en el boletín oficial un nuevo baremo que, en el apartado de Psiquismo cambia los niveles de discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda por “idiota”, “imbécil”, “débil mental profundo, moderado o leve”.

En el anexo de dicho documento, dentro del subtítulo “retardados mentales”, el organismo a cargo de Diego Spagnuolo cataloga a las personas con discapacidad como “imbécil”, “idiota” o “débil mental” en base a su coeficiente intelectual.

Según el documento, se establece la siguiente clasificación:

• 0-30 (idiota). No atraviesa la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no puede subsistir solo.
• 30-50 (imbécil). No lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias.
• 50-60 (débil mental profundo). Solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias.
• 60-70 (débil mental moderado). Lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual.
• 70-90 (débil mental leve). Cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen CI cercan al normal.

”En algunos casos, el diagnóstico puede no requerir la interconsulta de un especialista, como en el Síndrome de Down, cuadros demenciales en período de estado, debilidades mentales profundas, ya que los parámetros clínicos serán soberanos”, es decir, a la vista de todos, agrega el texto.

El nuevo baremo está copiado palabra por palabra de un decreto firmado en 1998 por el presidente Carlos Menem, peronista ultraliberal al que Milei considera fuente de inspiración. Bajo el título Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores, el texto desarrolla en 48 páginas “una metodología de evaluación del deterioro psico-físico, con criterio uniforme, que permita determinar el grado de incapacidad” de aquellos que piden una pensión por invalidez. La norma fue modificada años más tarde para adaptarla a los requerimientos de la ONU.

Los cambios en la reglamentación pasaron prácticamente desapercibidos. Las organizaciones que representan al colectivo, sin embargo, ya habían hecho lo suyo. El 3 de febrero pasado, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras seis ONGs presentaron un reclamo al Ejecutivo para que derogue la normativa. “Esta regulación”, dice el texto, “implica un retorno al modelo médico de la discapacidad, y por lo tanto un grave retroceso para los derechos de este colectivo. El anexo de la resolución asume que hay personas que nunca podrán trabajar, y recurre a términos como ‘retraso mental’, ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’. Resulta innecesario ahondar en el carácter discriminatorio, obsoleto y peyorativo que ostentan estas formas de nombrar”.