Lo anunció el secretario de Estado, Marco Rubio. Las sanciones también serán para Julio de Vido y los familiares directos de ambos

El gobierno de Donald Trump anunció sanciones contra Cristina Kirchner y Julio de Vido debido a las causas de corrupción que ambos enfrentan en la Argentina. La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, e incluye la prohibición para entrar a Estados Unidos.

Para el Secretario de Estado del gobierno norteamericano la ex presidenta y su ministro de Planificación Federal “abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino”.

En ese sentido, destacaron que “múltiples tribunales los han condenado por corrupción, socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina”.

La sanción también incluye a sus familiares directos, como el diputado nacional Máximo Kirchner y su hermana Florencia, yla esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli.

Minutos después del anunció, el presidente Javier Milei compartió el comunicado en sus redes sociales. Acompañó el posteo con la leyenda “Che Cristina”, en alusión al latiguillo que la ex presidenta suele usar cuando critica las políticas del gobierno libertario.

Para Milei, la sanción publicada por Estados Unidos fue su gran oportunidad de tomarse revancha en las redes.

El documento firmado por Marco Rubio afirma que Cristina Kirchner y De Vido participaron “en importantes casos de corrupción durante el ejercicio de sus cargos públicos”. Por ese motivo, el gobierno de Donald Trump les aplicó una sanción que, entre otras cosas, implica que ni ellos ni sus familiares directos “puedan, en general, ingresar a Estados Unidos”.

“CFK y De Vido abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en millones de dólares robados al gobierno argentino. Múltiples tribunales han condenado a CFK y De Vido por corrupción, lo que ha socavado la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina”, expone el documento del Departamento de Estado de EEUU.

Además, se deja en claro que “Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público en beneficio propio”.

“Estas sanciones reafirman nuestro compromiso de luchar contra la corrupción mundial, incluso en los más altos niveles de gobierno”, concluye el documento.

Estas sanciones fueron aplicadas en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2024, que exigen que el Secretario de Estado ‘designe’, pública o privadamente, a los funcionarios extranjeros y a sus familiares directos sobre los que tenga “información fidedigna de participación en actos de corrupción significativa o en una grave violación de los derechos humanos”.

Para el gobierno de Estados Unidos “las designaciones exponen a los actores corruptos a través de la atención de los medios, apoyan las acciones de aplicación de la ley local, promueven la rendición de cuentas y destacan la necesidad de reformas legales anticorrupción”.

Durante la administración del presidente Joe Biden fueron sancionados, entre otros, ex presidentes como Horacio Cartés (Paraguay), Ricardo Martinelli (Panamá) y Rafael Correa (Ecuador); también dictadores como Nicolás Maduro (Venezuela), Raúl Castro (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua).

En noviembre del año pasado la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. En esa causa Julio De Vido terminó absuelto.

Sin embargo, el ex ministro de Planificación Federal fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel que había recibido por su responsabilidad en la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas. Todavía continúa procesado por el fraude contra el Estado por $265 millones en la mina de carbón de Río Turbio y en la denomiada causa de los Cuardernos.