El Gobierno nacional anunció que avanzará en el endurecimiento de las penas contra quienes provoquen incendios forestales, tanto de manera intencional como por negligencia, en el marco de la redacción del nuevo Código Penal. La medida fue confirmada este viernes por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien afirmó que el 95% de los incendios registrados son consecuencia directa de la acción humana, y advirtió que no habrá tolerancia frente a este tipo de delitos.

El anuncio cobra especial relevancia en un contexto de emergencia ambiental y operativa, con focos activos en la provincia de Chubut, donde brigadistas y equipos de emergencia continúan desplegados en zonas sensibles como Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces.

Incendios como delito penal y endurecimiento del marco sancionatorio

Desde el Ministerio de Seguridad dejaron en claro que el Ejecutivo busca redefinir el tratamiento penal de los incendios forestales, incorporándolos con mayor severidad dentro del nuevo Código Penal. La ministra Monteoliva fue categórica al señalar que “prender fuego no es un accidente. Es un delito”, y remarcó: “En esta Argentina, el que las hace, las paga”.

La funcionaria subrayó que el 95% de los incendios responde a conductas humanas, descartando explicaciones vinculadas exclusivamente a factores naturales. En esa línea, sostuvo que no habrá excusas para quienes atenten contra los bosques, los parques nacionales y las áreas protegidas del país, espacios clave desde el punto de vista ambiental, productivo y turístico.

El endurecimiento de penas busca generar un efecto disuasivo, reforzar la capacidad del Estado para sancionar estas conductas y enviar una señal institucional clara frente a un fenómeno que provoca daños ambientales irreversibles, elevados costos económicos y presión permanente sobre los sistemas de emergencia.

Emergencia en Chubut y presión sobre los recursos del Estado

El anuncio se produce mientras persisten focos activos de incendio en la provincia de Chubut, particularmente en la región cordillerana. En Puerto Patriada y en el Parque Nacional Los Alerces, brigadistas y equipos especializados continúan realizando tareas de enfriamiento, control y monitoreo permanente, en un escenario de alta complejidad operativa.

Estos incendios implican una fuerte movilización de recursos públicos, tanto humanos como logísticos, y afectan áreas de alto valor ambiental y estratégico. En ese marco, el Gobierno busca reforzar el enfoque punitivo y preventivo, entendiendo que la mayoría de los siniestros podrían evitarse con un marco sancionatorio más estricto y una mayor conciencia sobre las consecuencias penales.

Impacto institucional y posibles repercusiones

El endurecimiento de las penas contra los incendios forestales introduce un cambio de enfoque institucional, al colocar el problema en el centro de la agenda penal y de seguridad. La inclusión explícita de estas conductas en el nuevo Código Penal anticipa un debate relevante sobre responsabilidades individuales, prevención y protección de bienes ambientales estratégicos.

Desde el punto de vista económico, los incendios generan pérdidas directas e indirectas en sectores como el turismo, la producción regional y la conservación de recursos naturales, además de elevar el gasto público en emergencias. En ese sentido, la decisión oficial apunta a reducir riesgos futuros y fortalecer la capacidad del Estado para actuar antes, durante y después de los siniestros.