La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el funcionamiento del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), extendiendo a 45 días el plazo adicional para que los productores subsanen incumplimientos formales antes de que impacten en su calificación fiscal. La medida, publicada en el Boletín Oficial, regirá desde el 1 de septiembre.

El Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) fue creado en 2018 mediante la Resolución General 4.310 de AFIP, como un mecanismo de simplificación y control de las obligaciones fiscales de productores, acopiadores, corredores y exportadores del sector agropecuario.

El sistema asigna a cada contribuyente un “estado fiscal” o scoring, en función de su conducta tributaria. Este estado determina beneficios o restricciones, como la aplicación de alícuotas reducidas de retención de IVA o la posibilidad de acceder a reintegros por exportación.

La reciente Resolución General 5748/2025 de ARCA, publicada el 19 de agosto, ajusta este procedimiento ampliando el margen para subsanar errores formales, en línea con el objetivo de incentivar el cumplimiento voluntario y reducir litigios administrativos.

Más tiempo para corregir incumplimientos formales

La resolución firmada por el director ejecutivo de ARCA, Juan Alberto Pazo, establece una modificación puntual en el artículo 5º inciso a) de la RG 4.310.

Hasta ahora, cuando un productor recibía una notificación de inducción por parte del organismo, debía subsanar los incumplimientos detectados en el plazo inicial fijado en la comunicación. Con la nueva norma, se suma un plazo adicional de 45 días corridos para regularizar esas inconsistencias.

“Cuando se detecte/n uno o más incumplimientos de tipo formal y no sean subsanados dentro del plazo indicado en la comunicación de inducción respectiva más un plazo adicional de 45 días corridos, el nuevo estado asignado tendrá efecto una vez finalizado dicho plazo”, detalla la resolución.

De este modo, los efectos negativos en la calificación fiscal del SISA solo se aplicarán una vez agotado ese nuevo margen temporal.

La norma entrará en vigencia el 1 de septiembre de 2025.

Alivio para productores en un contexto de ajuste

El cambio apunta a dar mayor previsibilidad a los productores agropecuarios, quienes enfrentan un marco de elevada presión impositiva y crecientes exigencias de trazabilidad en sus operaciones. En términos prácticos, el beneficio recae en la posibilidad de evitar que incumplimientos menores —como errores de carga, demoras en declaraciones juradas o inconsistencias formales— generen un deterioro inmediato en la calificación fiscal, lo que a su vez impacta en la rentabilidad de las empresas.

Desde el punto de vista político, la medida se interpreta como una señal de flexibilización administrativa, en momentos en que el Gobierno busca sostener la disciplina fiscal sin frenar la producción agropecuaria, clave para el ingreso de divisas.

Al mismo tiempo, refuerza el rol de ARCA como organismo central en la fiscalización de grandes contribuyentes y sectores estratégicos, en línea con la reestructuración del sistema impositivo y aduanero que se viene consolidando desde inicios de 2025.

Especialistas tributarios señalan que la ampliación de plazos en el SISA es coherente con la tendencia de “inducción antes que sanción”, que busca alinear a los contribuyentes mediante incentivos y mayor tiempo de respuesta.

En los próximos meses, la medida podría tener efectos positivos en la relación Estado-sector privado, especialmente en cadenas como la sojera, maicera y triguera, que concentran el mayor volumen de operaciones registradas en el SISA.

La expectativa oficial es que el cambio reduzca el número de reclamos administrativos y judiciales, y al mismo tiempo incremente los niveles de cumplimiento efectivo, fortaleciendo así la recaudación sin introducir mayores rigideces burocráticas.