El Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) llegará a 2027 con una particularidad dentro del Presupuesto provincial: no recibirá recursos de los $5,2 billones previstos por la Provincia, sino que aportará más de $6.654 millones de sus utilidades para financiar organismos y fondos establecidos por ley.

Así lo explicó su presidente, Héctor Rojas Decut, este lunes ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Misiones, donde expuso las proyecciones del organismo para el próximo ejercicio.

La transferencia prevista implica un crecimiento de apenas 7% respecto del ejercicio anterior, una variación que refleja el escenario que atraviesa la actividad.

“El IPLyC no recibe un solo peso de los 5,2 billones que se están tratando con este proyecto de ley, sino que, por el contrario, es un sujeto aportante”, remarcó Rojas Decut. Las utilidades generadas por el Instituto se incorporan al Presupuesto General y posteriormente se distribuyen entre los organismos determinados por su ley de creación.

El dato presupuestario expone una señal que va más allá de las cuentas del organismo. Para Rojas Decut, el crecimiento de solamente 7% de los recursos proyectados responde a una combinación de retracción económica, caída del consumo y transformación de los hábitos de los apostadores.

El juego presencial tradicional pierde terreno frente a las apuestas digitales, particularmente entre las nuevas generaciones.

La reconversión ya está impactando sobre la estructura comercial del sector.

Actualmente, el IPLyC cuenta con 175 agencias oficiales distribuidas en 54 municipios, además de subagencias y vendedores fijos y móviles. En conjunto, la red genera actividad económica para aproximadamente 1.700 familias misioneras.

Pero la tendencia preocupa: durante el último año cerraron diez agencias.

El impacto fue todavía mayor en los casinos. En los últimos 18 meses, según precisó Rojas Decut, cerraron ocho salas y 298 personas perdieron sus puestos de trabajo.

El desafío para 2027 será, por lo tanto, doble: preservar la capacidad del IPLyC para generar recursos destinados al Estado y, al mismo tiempo, adaptar su estructura a una transformación acelerada del mercado.

La principal apuesta del organismo será tecnológica. Para 2027 está previsto el lanzamiento de IPLyC Play, una plataforma que concentrará en un único canal la oferta digital del Instituto.

Actualmente existen plataformas diferenciadas para casino y apuestas deportivas y para la Quiniela. El objetivo es que el apostador pueda acceder desde un mismo entorno y sumar además otros productos lotéricos que hoy no forman parte de la oferta digital.

La transformación ya comenzó. Durante 2026 se incorporaron 951 dispositivos para captación táctil de apuestas y cobro mediante QR, dentro de una estrategia para modernizar los puntos de venta físicos.

La intención oficial es evitar que digitalización sea sinónimo de desaparición de las agencias. Por eso, el IPLyC busca integrar a su red tradicional a las nuevas tecnologías y modelos de comercialización.

Aunque las transferencias previstas para 2027 ascienden a $6.654 millones, el movimiento económico generado por el juego oficial es considerablemente superior.

Solo durante el primer semestre de 2026, el IPLyC calcula que distribuyó $41.690 millones entre premios, comisiones a vendedores, proveedores, salarios, programas sociales, convenios institucionales y transferencias al Estado.

Ese volumen explica por qué el organismo pone especial énfasis en sostener el circuito legal frente al crecimiento de plataformas de apuestas no autorizadas.

El fenómeno digital presenta así dos caras: abre nuevas posibilidades comerciales para el juego oficial, pero al mismo tiempo amplía la competencia ilegal y aumenta los desafíos relacionados con las apuestas problemáticas y el acceso de menores.

La expansión digital estará acompañada por una política de juego responsable, prevención y autoexclusión.

Durante 2026, el IPLyC reforzó convenios y acciones con organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil para ampliar los espacios de atención de personas vulnerables frente al juego.

En el primer semestre, las acciones preventivas llegaron a 50 instituciones educativas de 27 localidades y alcanzaron a más de 3.500 alumnos. También se reforzó el régimen de autoexclusión y el control de la publicidad de apuestas, especialmente en acontecimientos deportivos de gran exposición.

“Regular no significa solamente controlar: significa ordenar, prevenir, informar, capacitar y proteger”, sostuvo Rojas Decut.

El hotel Maitei sigue cerrado y buscan un nuevo operador

Otro de los temas abordados durante la presentación fue el futuro del hotel Maitei de Posadas, un activo perteneciente al IPLyC que permanece cerrado después de la salida del concesionario privado.

El establecimiento había sido concesionado en 2022 a Inuma SA. Según explicó Rojas Decut, después de dos años de buen desempeño, la caída de la actividad turística en Posadas, el menor consumo y la reducción de las estadías volvieron inviable la operación.

El contrato terminó el 31 de julio. La negociación encabezada por el IPLyC permitió, según el funcionario, que los 23 trabajadores fueran indemnizados en su totalidad, mientras el Instituto asumió la custodia y conservación del establecimiento.

El hotel posee 99 habitaciones y un predio de siete hectáreas. Ahora se busca un operador privado con experiencia específica en gestión hotelera. Pero la intención es ir más allá de reabrir el establecimiento.

Rojas Decut consideró que el complejo debería incorporar actividades complementarias, desde instalaciones deportivas hasta servicios comerciales, aprovechando el crecimiento de Itaembé Guazú, Itaembé Miní y la nueva infraestructura de transporte de esa zona de Posadas.

La exposición también puso números a otro fenómeno económico: el sobreendeudamiento de empleados públicos provinciales.

Rojas Decut explicó que IPLyC Confort quedó incorporado a las herramientas dispuestas por el Gobierno provincial para limitar el peso de las cuotas sobre los salarios y refinanciar obligaciones.

Hasta el día previo a su exposición, unas 1.300 personas ya habían solicitado voluntariamente adherirse a los mecanismos vigentes.

El trámite es individual porque implica modificar las condiciones originales de los contratos de préstamo. El parámetro establecido busca que las obligaciones alcanzadas no superen el 39% de los haberes netos disponibles.