El modelo misionero gana escala nacional con la media sanción a la ley de Mercados de Carbono
El Senado de la Nación dio media sanción este jueves 29 de octubre, con una mayoría especial de dos tercios, al proyecto de Marco Regulatorio del Mercado de Carbono, una iniciativa que encontró en Misiones una experiencia concreta para orientar el debate nacional y que ahora continuará su trámite legislativo en la Cámara de Diputados. El texto unificó las propuestas de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce con las de Flavia Royón y Jorge Capitanich, después de un proceso de discusión política y técnica que también tuvo proyección internacional.
Al fundamentar la posición del bloque, Rojas Decut remarcó el sentido profundo de esta legislación al señalar: “Esa selva no está en pie por casualidad. Está en pie porque Misiones tomó una decisión de política pública: demostrar que la conservación y el desarrollo económico pueden avanzar juntos. Hoy estamos acá para reconocer el valor económico de conservar y para convertirlo en oportunidades para los argentinos”.
Misiones llegó a esta media sanción con el Programa Jurisdiccional ECO2, de Beneficios por Servicios Ambientales, inscripto bajo el estándar internacional Verra JNR y respaldado por una calificación en el rango A–AA otorgada por la firma internacional Sylvera: “Los números no opinan, los números demuestran. Tenemos más de 13 millones de toneladas de CO₂ de alta integridad ambiental asociadas al programa, 1,6 millones de hectáreas de bosque nativo, y un mecanismo de distribución de beneficios cuyo alcance superan las 25.000 familias misioneras”, precisó Rojas Decut.
La senadora puso el foco en lo que distingue a ese recorrido: “Mientras en el mundo se discutía cómo debían funcionar los programas jurisdiccionales de carbono, Misiones construyó uno”. Organizar una política ambiental a escala territorial, medir sus resultados y someterlos a evaluación y certificación internacional es, dijo, “una señal de credibilidad ante los compradores e inversores” y “la prueba de que una política pública provincial puede ser examinada con los criterios internacionales más rigurosos”. Los 1,6 millones de hectáreas de bosque nativo equivalen a alrededor del 54% del territorio provincial.
El impulso legislativo tuvo un punto de partida fundamental el 19 de mayo en el Salón Azul del Senado, donde Rojas Decut y Arce encabezaron una conferencia sobre mercados de carbono, federalismo e innovación financiera junto a funcionarios nacionales, ministros provinciales y referentes del sector privado. Ese evento, sumado a las tres reuniones plenarias de comisiones, permitió consolidar un marco confiable que integra los programas provinciales y los desarrollos privados.
FEDERALISMO AMBIENTAL
Durante su intervención en el recinto, la senadora resaltó el respeto absoluto a las autonomías provinciales consagradas en la Constitución Nacional (artículos 121 y 124), diferenciando con precisión los roles del Estado y la iniciativa privada:
“A la Nación le corresponde asumir los compromisos internacionales, la contabilidad climática, las autorizaciones y ajustes correspondientes. A las provincias, la administración de sus recursos naturales, el ordenamiento territorial, las políticas de conservación y fiscalización”.
Asimismo, aclaró que los programas jurisdiccionales y los proyectos privados no compiten, sino que se complementan mediante reglas claras de anidamiento: “El carbono no nace de una escritura, el carbono nace de una acción. Un programa jurisdiccional no implica la apropiación de los inmuebles ni de los créditos que legítimamente correspondan a los titulares privados. El propietario conserva sus derechos, el desarrollador los suyos, y la provincia implementa políticas a escala territorial. El Estado establece las reglas esenciales; las provincias conservan sus competencias y los privados deciden libremente invertir, desarrollar, comprar y vender”.
BENEFICIOS PARA TODO EL TERRITORIO
Rojas Decut subrayó que los programas jurisdiccionales no van en desmedro de la iniciativa privada: “La provincia no reemplaza al privado. La provincia crea las condiciones para que la iniciativa privada se desarrolle con mayor seguridad, con más información y más oportunidades”.
Y destacó que el beneficio de esa política llega incluso a quienes no participan del mercado: “Estos beneficios alcanzan a productores agropecuarios, a empresas forestales, a establecimientos turísticos y comunidades, participen o no del mercado de carbono”. Para las empresas que quieran invertir en la provincia, indicó, hay valor en “un territorio con monitoreo, con gobernanza ambiental y políticas de conservación sostenidas”.
Para fortalecer la posición de Misiones, la senadora estuvo en la Climate Week de Nueva York 2026, donde presentó el Programa Jurisdiccional REDD+ de Misiones ante referentes globales de la certificación y los mercados de carbono como Verra, Conservation International y Sylvera.
Con la aprobación obtenida en la Cámara Alta, el Senado dio un paso fundamental hacia una herramienta que conecta el patrimonio natural argentino con nuevas fuentes de financiamiento internacional, consolidando una premisa central para el espacio político misionero:
“Para nuestro bloque, esta ley es antes que nada una herramienta de federalismo real. Buscamos que la Argentina pueda transformar su patrimonio natural en una plataforma de desarrollo, inversión y soberanía, sin resignar el dominio de sus recursos, sin burocratizar las decisiones y sin vender un solo metro de su territorio. Coordinación nacional sin subordinación provincial”.
En el cierre de su intervención, la senadora resumió el sentido de la ley: “El carbono es un instrumento. La conservación, la productividad sostenible, el desarrollo y el bienestar de nuestra gente son nuestros verdaderos objetivos”.
Ahora, el texto continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de convertir en ley nacional un modelo que ya demostró resultados concretos desde Misiones.
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