El oficialismo y sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados lograron este martes el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026. Sin embargo, su tratamiento en el recinto aún no tiene fecha cierta: no están garantizados los votos y el Gobierno apuesta a postergar el debate para después del 10 de diciembre.

Aunque un sector de la oposición no descarta un eventual consenso entre los dictámenes alternativos, la Casa Rosada -y el flamante ministro del Interior designado, Diego Santilli- enfrentará el desafío de negociar con los gobernadores para asegurar la aprobación.

El dictamen de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados reunió 21 firmas -incluida la del presidente de la comisión, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, que desempató con su doble rúbrica- y reproduce sin modificaciones el texto enviado por el Poder Ejecutivo, que sostiene el déficit cero como eje central.

Al oficialismo lo acompañaron, con disidencias parciales, diputados del PRO, la UCR, la Liga del Interior y legisladores que responden a sus gobernadores, como Carlos Fernández, de Innovación Federal por Misiones; Pamela Calletti, de Salta; y Nancy Picón Martínez, de San Juan.

El dictamen contó también con el voto positivo de los siete diputados nacionales por Misiones, un bloque clave dentro del espacio federal, lo que consolidó el apoyo del NEA a la versión oficial del Presupuesto.

El segundo dictamen, impulsado por Unión por la Patria (UP), obtuvo también 20 firmas, pero no logró mayoría. En tanto, Encuentro Federal presentó un texto propio con seis rúbricas, que propone un superávit más moderado y contempla la incorporación de leyes vetadas, como las emergencias pediátrica y en discapacidad, y el financiamiento universitario.

Por último, el Frente de Izquierda presentó su propio despacho de rechazo, a través de Christian Castillo.

De los 49 miembros de la comisión, solo Paula Oliveto (Coalición Cívica) y Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) no firmaron ningún dictamen.

El proyecto oficial proyecta un crecimiento del 2,5% del PBI, una inflación anual del 70% y un tipo de cambio promedio de $1.300 por dólar. Las estimaciones mantienen un resultado fiscal equilibrado, con gasto público ajustado en términos reales, y una reducción del gasto primario del 1,3% del PBI.

El documento prevé además una fuerte caída en subsidios energéticos y de transporte, con una mayor transferencia de costos a las provincias y usuarios, y una disminución del gasto en obra pública, que se limitará a proyectos estratégicos o con financiamiento internacional.

A su vez, se prevé una recaudación tributaria equivalente al 21,7% del PBI, impulsada por una mayor recaudación de IVA e impuestos internos, aunque con menor peso de Bienes Personales y Ganancias, tras las modificaciones del año pasado.