El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lidera las encuestas de cara a las elecciones de octubre en Brasil, difundió su programa de gobierno, en que defiende una mayor participación del Estado en la economía más grande de Latinoamérica.

El programa del Partido de los Trabajadores (PT) esboza la oposición a los planes del gobierno actual de privatizar empresas como el holding eléctrico Eletrobras, el servicio Correios y las petroleras Petrobras y Pré-Sal Petróleo (PPSA). Esta última fue creada en 2013 para representar los intereses del Estado en los contratos de producción compartida de hidrocarburos.

“[Petrobras] volverá a ser una empresa energética integrada que invierte en exploración, producción, refinación y distribución, pero también que actúa en los segmentos que se conectan a la transición ecológica y energética, como gas, fertilizantes, biocombustibles y energías renovables”, dice el programa del PT, que lidera el candidato de izquierda.

“Lula y su Partido de los Trabajadores están reforzando su antigua visión del papel de las empresas estatales como una especie de rama del gobierno en los sectores económicos en los que operan”, dijo a BNamericas el analista político sénior Mario Sergio Lima, de Medley Global Advisors.

Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro, quien competirá por un segundo mandato en las elecciones del 2 de octubre, pasó a acelerar la venta de activos secundarios de Petrobras en los últimos años.

El programa, llamado Juntos pelo Brasil, tiene 121 párrafos de propuestas y puede consultarse en este enlace.

“Este documento no es la [versión] final, sino un punto de partida”, indicó Aloizio Mercadante, miembro de varios gabinetes durante la pasada administración del PT y actual director del centro de estudios Fundação Perseu Abramo, que redactó el documento.

EL PAPEL DE LOS BANCOS ESTATALES

También en contraste con la actual administración de derecha, el programa de Lula defiende una mayor participación de los bancos estatales, como el banco de desarrollo BNDES.

“También fortaleceremos a los bancos públicos, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, BNB, Basa y Finep, en su misión de promover el desarrollo económico, social y ambiental y en la provisión de crédito a largo plazo y garantías en la estructuración de proyectos, comprometidos con la sostenibilidad financiera de estas operaciones”, señala el programa.

El PT estuvo en el poder desde enero de 2003 hasta mediados de 2016. Lula fue presidente durante los primeros ocho años, mientras que Dilma Rousseff encabezó la presidencia entre enero de 2011 y agosto de 2016, cuando fue destituida por denuncias sobre el mal manejo de cuentas fiscales.

Durante el mandato del PT, los bancos estatales, principalmente el BNDES, se utilizaron para impulsar la economía. En el caso de BNDES, el banco inyectó efectivo en grandes proyectos y empresas de peso mediante préstamos subsidiados, estrategia que criticaron diversos analistas porque generaba distorsiones en la economía.

La estrategia actual de BNDES deja más espacio para que los bancos privados otorguen préstamos a compañías y proyectos, situación que podría ser difícil de revertir.

“El hecho de que el financiamiento del BNDES ya no se base en la antigua [tasa de interés subsidiada] TJLP, [que era inferior a la referencial Selic], redujo la participación del banco en el financiamiento de proyectos. Antes, el mercado de financiamiento de infraestructura dependía bastante del BNDES, pero actualmente depende mucho menos”, dijo a BNamericas Fernando Guimarães, jefe de project finance de Bradesco BBI, rama de banca de inversión de Banco Bradesco.

INFRAESTRUCTURA

El PT también insta a poner fin a las reglas de tope del gasto, que limitan los aumentos del gasto público a la inflación, para apuntar a una mayor inversión pública en proyectos de infraestructura.

“Es necesario garantizar la modernización y ampliación de la infraestructura de transporte y la logística social y urbana con un vigoroso programa de inversión pública”, indicó. “Aseguraremos la reanudación inmediata de la inversión en infraestructura, que es crítica para retomar el crecimiento y decisiva para reducir los costos de producción”.

El programa subraya que el partido incentivará además la participación privada en la inversión en infraestructura.

“La inversión privada también será fundamental en la reconstrucción de Brasil y será estimulada a través de créditos, concesiones, sociedades y garantías”, indica.

De hecho, los analistas prevén que los planes de concesión de infraestructura se mantendrán en marcha después de las elecciones de octubre.

“La agenda de concesiones de infraestructura comenzó a dar sus primeros pasos en la década de 1990 y durante anteriores gobiernos del PT esta agenda continuó, con varias subastas de carreteras y aeropuertos. No veo cambios en estos modelos de concesión a futuro”, dijo el consultor en infraestructura Bernardo Figueiredo, quien fue titular del regulador de transporte terrestre ANTT.

“Si miramos algunos sectores económicos, como es el caso de la infraestructura, necesitamos encontrar un equilibrio para tener inversiones tanto del sector público como del privado. Ningún país importante del mundo crece solo con inversión pública o solo con inversión privada”, agregó Figueiredo, quien también presidió la firma estatal de planificación y logística EPL durante el gobierno de Lula.

MINERÍA

El programa del partido de izquierda aboga por una cadena de valor más integrada en la industria minera y se opone a cualquier intento de posibilitar faenas mineras en tierras indígenas de la Amazonía, algo que ha defendido el gobierno de Bolsonaro.

“Brasil es un gran productor de minerales, la actividad minera debe ser estimulada a través de mayores vinculaciones industriales internas y el compromiso con la protección del medioambiente, los derechos laborales y el respeto a las comunidades locales. Debe mejorarse el estándar de regulación minera y abordarse la minería ilegal, particularmente en la Amazonía”, dice el partido en su programa.

DERECHOS LABORALES

El programa del partido también defiende una revisión de las leyes laborales que fueron aprobadas durante la administración de Michel Temer tras el derrocamiento de Rousseff, lo que implicó recortar ciertos derechos laborales.

“El nuevo gobierno propondrá, sobre la base de un amplio debate y negociaciones, una nueva legislación laboral que brinde una generalizada protección social para todas las formas de empleo y relaciones laborales, con especial atención a los trabajadores independientes”, agrega.

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