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Los brasileños que se mudan a Paraguay en busca del “sueño de la derecha”

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“Bienvenidos a Paraguay”, repetía en voz alta el jefe de servicios de inmigración en Ciudad del Este mientras caminaba entre sillas, bancos de plástico y pareos de playa.

“Mañana, a las 7 de la mañana, comenzaremos a distribuir los formularios. A las 8 de la mañana, se iniciará la atención para quienes deseen solicitar la residencia”.

El mensaje iba dirigido a cientos de brasileños organizados en una larga fila que permanecían en silencio -interrumpido por aplausos- para escuchar las instrucciones en español después de un día entero acampando bajo el intenso sol y sobre la tierra roja de Ciudad del Este, en la frontera con Brasil.

Era la noche del penúltimo domingo de marzo. En tan solo 12 horas, el grupo de trabajo móvil del gobierno paraguayo comenzaría a agilizar la emisión de documentos para quienes deseaban mudarse al país.

Sin embargo, la fila ya casi daba la vuelta a la esquina, y a los brasileños aún les quedaban varias horas de soportar calor, lluvia y mosquitos para garantizar el servicio al día siguiente.

“Vinimos a ver todo lo que Paraguay tiene para ofrecer a los brasileños”, expresó Delly Fragola, de 55 años, sonriendo mientras estaba sentada en una colorida silla de playa que había comprado para sobrellevar la espera.

Dueña de una peluquería en Anápolis, en el interior del estado de Goiás, había llegado a las 8 de la mañana con su hija y su yerno.

Estaban allí porque “Brasil ya no ofrece oportunidades” para su negocio. En Paraguay, le dijeron, podrían encontrar “mano de obra más fácil”.

Un poco más atrás, el empresario Dilberto Wegrnen, de 63 años y oriundo de Cascavel, en el interior del estado de Paraná, tomaba una cerveza mientras esperaba asar las carnes en una parrilla improvisada que sus nuevos amigos habían organizado sobre un tonel.

Dilberto estaba allí porque cree que “Paraguay será el país más grande de Latinoamérica muy pronto” y también porque tiene muchas críticas contra el gobierno de Lula.

“Los empresarios se están yendo de Brasil para venir a Paraguay. Aquí, la carga impositiva es mucho menor y las leyes laborales son mucho más accesibles. ¿A qué lleva todo esto? A esta enorme fila que hay hoy”, explicó el paranaense.

El grupo forma parte de una creciente ola de brasileños que quieren mudarse a Paraguay, lo que ha llamado la atención de las autoridades de ese país, que desde el año pasado han estado promoviendo campañas conjuntas para coordinar la demanda y asistir a los que aspiran a la residencia.

La principal puerta de entrada es Ciudad del Este, famosa por sus tiendas baratas y su comercio caótico al otro lado del Puente de la Amistad. La campaña conjunta de marzo fue la segunda del año en la ciudad, con un total de aproximadamente 4.000 servicios prestados solo allí, y el gobierno paraguayo planea realizar 19 más a lo largo del año en todo el país.

En 2025, Paraguay batió un récord al otorgar 40.600 permisos de residencia a extranjeros. Más de la mitad (23.500) eran brasileños, una cifra muy superior a la de los argentinos, que ocuparon el segundo lugar (4.300).

Para 2026, se espera que la cifra sea aún mayor. Solo en los primeros tres meses del año, se emitieron 9.200 permisos a brasileños.

La última estimación del gobierno brasileño, de 2023, indica que 263.000 brasileños vivían en Paraguay, conformando la tercera comunidad más grande en el extranjero, después de Estados Unidos y Portugal.

BBC News Brasil siguió durante tres días la fila para la campaña conjunta de inmigración. Todos con los que habló el reportero dijeron estar allí motivados por sus posturas políticas y la búsqueda de una vida más cómoda con impuestos más bajos.

Son personas de todas las regiones de Brasil, que generalmente comienzan a soñar con vivir en Paraguay navegando por las redes sociales.

Los videos que proliferan suelen enumerar las “ventajas económicas” de mudarse al país, reforzando la baja carga impositiva de Paraguay y el predominio de gobiernos de derecha en su historia.

Principalmente son publicados por influenciadores brasileños que viven o compran en Paraguay. Muchos ofrecen servicios de asesoría para quienes desean seguir el mismo camino.

Así fue como Marcelo Mendes, un arquitecto jubilado de 70 años de Recife, abandonó su plan de mudarse a Portugal, donde vive su hija.

“En internet, nos enteramos en varios grupos. Vimos videos de personas que venían explicando su situación, cómo obtener los documentos”, explica.

Su plan ahora es vender su casa en la capital del estado de Pernambuco y comprar otra en la ciudad de Encarnación, a cuatro horas en automóvil al sur de Ciudad del Este, en la frontera con Argentina. Pero primero necesita convencer a su esposa, quien incluso viajó a Paraguay, pero aún no está dispuesta a mudarse allí.

“Ya no soportamos Brasil, nuestros salarios están perdiendo valor. Lo que gano en reales tampoco me alcanza para vivir en Portugal. Aquí puedo vivir bien”, dice Marcelo, quien piensa complementar sus ingresos trabajando como agente inmobiliario.

El perfil cambiante de los migrantes

Zena Cheraze, una mujer de 68 años de Río de Janeiro, viajó sola 1.500 km en autobús desde Río de Janeiro hasta Ciudad del Este “a ciegas”, sin saber con certeza si tenía toda la documentación necesaria.

“Hay mucha publicidad en YouTube, cada uno dice algo diferente. Pero vine aquí para comprobarlo”, explica. Una maestra jubilada y viuda, espera poder costearse un seguro médico más económico en Paraguay.

Desde las 3 de la madrugada, haciendo fila en la oficina de inmigración, Zena grabó un video para contarles a sus amigos que, de hecho, no estaba sola: había muchísimas personas como ella esperando la aprobación de Paraguay.

“Nosotros, los de derecha, nos sentimos como el pueblo más oprimido. No tenemos libertad”, explicó la jubilada a BBC News Brasil sobre su experiencia. “Es un gobierno que solo nos perjudica”.

Un gran número de brasileños con el mismo perfil que Zena han sido identificados por las autoridades de inmigración.

Cornelio Melgarejo, director de inmigración del departamento de Alto Paraná, en la frontera con Brasil, estima que hace dos años, 80% de los solicitantes de residencia eran estudiantes de medicina en busca de universidades con matrículas más económicas que en Brasil.

Sin embargo, recientemente han aparecido muchos emprendedores que desean abrir negocios en el país y jubilados, “en busca de estabilidad económica y política”, afirma Melgarejo.

En común, comparten la visión de que la vida en Paraguay hoy se ajusta mejor a sus posiciones ideológicas.

El actual presidente paraguayo, Santiago Peña, es el noveno gobernante de derecha entre los diez que han dirigido el país desde la redemocratización, tras el fin de la dictadura del general Alfredo Stroessner en 1989.

Fue su gobierno el que creó los colectivos de trabajo para la migración, denominados Migramóvil. Creada en 2025, esta iniciativa reúne en un mismo lugar a organismos como la Dirección Nacional de Migración y la Policía Nacional, que pueden brindar garantías de que el inmigrante no tenga problemas con la justicia.

El gobierno busca activamente capitalizar esta nueva ola migratoria. La llegada de inmigrantes a Paraguay se presenta como un indicador del buen momento del país; uno de los materiales promocionales oficiales sobre el tema afirma que “Paraguay abre sus puertas al mundo”.

Se considera que los extranjeros son responsables de dinamizar la economía local, mientras que el gobierno modifica las leyes y ofrece aún más incentivos fiscales para atraer inversiones y empresas.

En línea con el gobierno de Donald Trump, Peña firmó en marzo un polémico acuerdo que autorizaba la presencia de personal militar y empresas estadounidenses en el país para combatir el crimen organizado.

“El 99% de los que vienen son de derecha”, afirma Roberta Viegas, oriunda de Río de Janeiro, quien lleva un año viviendo en Paraguay y organiza reuniones entre empresarios como ella, además de ofrecer asesoría a quienes estén interesados en mudarse.

Antes del traslado, Roberta, de 47 años, estaba especialmente preocupada por la educación de sus cuatro hijos en Río de Janeiro, sobre todo por la de su hijo de 14 años, a pesar de que asistía a una escuela privada cristiana.

“No nos sentíamos cómodos en Brasil con la situación actual por mis creencias”, explica Roberta, quien inicialmente planeaba ir a Australia, pero cambió de planes y se mudó a Paraguay después de que una amiga se instalara allí.

La familia, explica Roberta, tampoco veía futuro en el negocio de seguros de salud que tenían en Río y se sentía amenazada por la violencia urbana en la ciudad.

¿No hay un dicho que dice: “Si algo te molesta, múdate”? Le dije a mi marido: “No tiene sentido que nos quedemos aquí y estemos resentidos. Vámonos a otro lugar donde nos sintamos bien para criar a nuestros hijos”.

Quienes solicitan la residencia en Paraguay son interrogados por funcionarios gubernamentales sobre sus motivos para migrar.

“Las respuestas más frecuentes se refieren al costo de nuestros impuestos”, afirma Cornelio Melgarejo, del servicio de inmigración paraguayo.

La carga tributaria total en Paraguay, es decir, la tasa de impuestos recaudados por el gobierno en relación con la economía, ronda el 14,5% del PIB, según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). En Brasil, la tasa es más del doble, alcanzando 32%, según el Ministerio de Hacienda.

Paraguay consolidó una regla sencilla para la recaudación de impuestos durante las décadas de 1990 y 2000: 10-10-10.

Es decir, los tres impuestos más importantes —el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto sobre la renta personal y el impuesto sobre la renta de las empresas— tienen la misma tasa del 10%.

En comparación, Brasil tiene previsto crear su propio IVA, aprobado en la reforma tributaria de 2023, que unificará cinco impuestos federales, estatales y municipales. Se estima que este impuesto entrará en plena vigencia en 2033, con una tasa entre el 25% y el 28%.

En Brasil, el gravamen sobre la renta varía entre el 7,5% y el 27,5% para las personas físicas y, en el caso de las empresas, comienza en el 15%, con un 10% adicional sobre las ganancias superiores a R$ 20.000 (US$4.025) mensuales.

Los líderes paraguayos destacan la menor carga tributaria y el sistema más sencillo como uno de los pilares para atraer inversiones que podrían dirigirse a otras naciones más desarrolladas de la región.

El sistema comenzó a esbozarse en 1992 y se consolidó bajo sucesivos gobiernos de derecha. El único presidente de izquierda, Fernando Lugo (2008-2012), propuso algunas reformas, pero fue destituido.

Además, desde el año 2000, el país ha adoptado un esquema denominado “maquila”, mediante el cual las fábricas ubicadas en Paraguay pueden importar materias primas prácticamente sin impuestos, producir en territorio paraguayo y exportar pagando casi ningún impuesto. Esta estrategia ha traído al país grandes plantas de fabricación de marcas brasileñas como Lupo y Riachuelo.https://flo.uri.sh/visualisation/28572332/embed?auto=1

El economista Alexandre da Costa, investigador de la UNILA (Universidad de la Integración Latinoamericana) y la UFPR (Universidad Federal de Paraná), explica que el modelo paraguayo ha contribuido al crecimiento del país alrededor del 4% en los últimos tres años, por encima del promedio latinoamericano, si bien sigue siendo una de las economías más pequeñas de la región y presenta uno de los índices de desarrollo humano y de ingresos per cápita más bajos.

El PIB de Brasil, señala Costa, es aproximadamente 50 veces mayor que el de Paraguay, y la economía paraguaya termina estando muy ligada a lo que sucede en Brasil, su principal socio comercial.

“La estrategia de desarrollo de Paraguay se basa, sobre todo, en el bajo costo de producción para las empresas y el bajo costo de vida para los demás”, afirma Costa.

Uno de los ejemplos más citados del bajo costo de vida en Paraguay es la electricidad. Gracias al gran excedente de electricidad generado por la central hidroeléctrica de Itaipú, construida en asociación con Brasil, y Yacyretá, en asociación con Argentina, los paraguayos disfrutan de la energía más barata de la región.

Sin embargo, en el caso de Itaipú, existe una negociación en curso sobre el acuerdo vigente que podría dejar a los paraguayos en una situación menos favorable. Según datos de la consultora del sector eléctrico SEG, en promedio, la energía en Brasil es 2,8 veces más cara que en Paraguay.

“En el caso del empresario, también le atrae principalmente la baja carga impositiva y el bajo costo de la mano de obra. Los derechos laborales en Paraguay, en comparación con Brasil, son mucho menores”, continúa Costa.

El país, por ejemplo, no cuenta con un Fondo de Garantía Salarial, y las vacaciones comienzan con 12 días laborables al año, aumentando con la antigüedad, pudiendo llegar a 30 días. No existe seguro de desempleo.

Pero la menor carga tributaria también implica que Paraguay recauda menos dinero y tiene una baja capacidad para estimular la economía y el desarrollo, especialmente en proyectos de infraestructura, salud y educación.

“Por lo tanto, el punto central es verificar la sostenibilidad de este modelo a mediano y largo plazo. Muchos de estos brasileños, por ejemplo, vienen a buscar el SUS (Sistema Único de Salud) aquí en Foz de Iguazú cuando lo necesitan”, afirma Costa.

El sistema de salud pública en Paraguay está bastante fragmentado —entre quienes tienen empleo formal y quienes no, por ejemplo— y, a pesar de que la ley establece servicios gratuitos, presenta muchas limitaciones. Quienes reciben atención médica a menudo deben pagar por todos los insumos, desde medicamentos hasta jeringas.

A pesar de las importantes reducciones de los últimos años, la pobreza extrema afecta al 4,1% de la población del país (en Brasil, al 3,5%), de acuerdo con las agencias de estadísticas oficiales.

Según el economista, esta nueva ola de difusión de información sobre un “milagro económico” en Paraguay debe ser considerada con cautela, especialmente cuando comienza a atraer a personas que buscan empleo.

En Paraguay, el salario mínimo oficial es más alto que en Brasil (equivalente a US$462), pero la tasa de empleo informal —es decir, personas sin contrato laboral formal— es del 62,5%, una tasa mucho mayor que en Brasil, que es del 37,5%.

Para los brasileños que emigran, sin embargo, el modelo paraguayo es un ideal que defienden.

Casi todos los entrevistados para este informe afirmaron considerar que Brasil atraviesa una crisis económica, a pesar de que los datos actuales indican una inflación dentro del rango proyectado, una baja tasa de desempleo y crecimiento del PIB.

“Dicen que los indicadores [brasileños] son muy buenos. Pero no sabemos si son todos ciertos. No lo sé…”, manifestó Joraci de Lima, un empresario de 61 años de Campo Mourão, en el interior de Paraná, quien no pudo ser atendido el primer día de la iniciativa en Ciudad del Este, incluso después de llegar a las 3 de la madrugada y esperar en la fila.

El oriundo de Paraná explicó que su negocio metalúrgico era próspero en Brasil, pero debido a la carga impositiva y la posibilidad de la reelección del presidente Lula, quería abrir una sucursal en Paraguay.

“Nadie quiere cambiar su patria. Pero la situación fiscal en Brasil no nos ayuda en absoluto. Aquí reina una sensación de pérdida, dolor, angustia y desilusión”, lamentó.

Muchos de los que hacen fila no se plantean reconsiderar su decisión de emigrar, incluso si la derecha vuelve a la presidencia brasileña en 2027. Argumentan que el sistema brasileño ya es defectuoso.

Pero los datos indican que muchos brasileños que emigran a Paraguay terminan optando por regresar a su país de origen.

Si bien se observa un gran aumento en las solicitudes de residencia temporal, el incremento en las solicitudes de residencia permanente, que se puede obtener después de dos años de vivir en Paraguay, es más moderado.

En 2025, de las 23.500 solicitudes de residencia de brasileños, solo 4.600 (19%) fueron de residencia permanente. En 2020, las solicitudes de residencia permanente representaron el 68%.

En otras palabras, una gran parte de las personas que emigran no necesariamente se quedan en el país. Además, la cercanía con Brasil suele facilitar el viaje de regreso.

Leonardo Ribeiro, vendedor de jugo de naranja de 22 años, dejó Marília, en el interior del estado de São Paulo, para ir a Ciudad del Este hace tres meses tras recibir una oferta de su jefe, quien emigró allí, pero ya siente que su tiempo en Paraguay está llegando a su fin.

“Creo que la gente le añadió un toque mágico a través de internet, a través de videos en Paraguay. Pero no encontré mucha diferencia con Brasil”, dice Leonardo.

“Vine principalmente por motivos económicos, para ver si podía mejorar un poco mi situación. Vale la pena quedarse aquí, pero personalmente, prefiero mi Brasil”, dice el vendedor, que planea regresar a finales de este año.

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Brasil quiere plantar 25 millones de árboles para reforestar el Amazonas

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La selva amazónica atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Desde 1970, ha perdido una extensión forestal superior al tamaño de Francia, una degradación que amenaza la biodiversidad, acelera el cambio climático y pone en riesgo a las comunidades que dependen de este ecosistema.

Brasil ha decidido dar un giro estratégico y apostar por la restauración a gran escala mediante alianzas público-privadas e innovadores mecanismos financieros.

El país, con el objetivo de frenar la deforestación y recuperar el equilibrio ecológico, impulsa un ambicioso plan que contempla la plantación de millones de árboles en el Amazonas.

El Gobierno brasileño ha puesto en marcha iniciativas cruciales para revertir décadas de degradación ambiental. Entre ellas destaca el programa ProFloresta+, una alianza estratégica entre el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y la petrolera estatal Petrobras, destinada a financiar la restauración forestal mediante la compra de créditos de carbono.

Este acuerdo contempla una inversión inicial de 450 millones de reales (más de 78 millones de dólares) para impulsar la recuperación de áreas críticas de la Amazonia. Petrobras respaldará cinco proyectos que abarcarán unas 15.000 hectáreas y generarán cinco millones de créditos de carbono.

La iniciativa se traducirá en la plantación de 25 millones de árboles autóctonos, contribuyendo de manera directa a la mitigación del cambio climático y a la protección de la biodiversidad.

Además, el proyecto tendrá un impacto socioeconómico significativo, ya que se estima que generará alrededor de 1.700 empleos directos, convirtiendo la conservación en un motor de desarrollo sostenible para las comunidades locales, según informa Prensa Latina.

La estrategia brasileña se sustenta en modelos económicos innovadores que vinculan la sostenibilidad con la rentabilidad. El mercado de créditos de carbono se ha convertido en una herramienta esencial para financiar proyectos de restauración forestal, permitiendo a las empresas compensar sus emisiones mientras contribuyen a la recuperación del ecosistema amazónico.

Desde el BNDES subrayan que la urgencia de la crisis climática exige medidas inmediatas de reconstrucción, especialmente en las zonas más degradadas por la actividad humana.

Este enfoque posiciona a Brasil como un referente internacional en la lucha contra la deforestación y en la promoción de soluciones basadas en la naturaleza.

Alianzas público-privadas e innovación sostenible

El compromiso del sector privado es otro pilar fundamental de esta transformación. Brasil ha otorgado la primera concesión de terrenos públicos destinados a la reforestación a la startup Re.green.

Este contrato histórico permitirá restaurar y proteger 58.700 hectáreas en la reserva de Bom Futuro durante un periodo de 40 años, según informa Cambio 16.

El modelo de negocio se basa en la eliminación de dióxido de carbono mediante la plantación de más de 80 especies nativas y la posterior comercialización de créditos de carbono a grandes corporaciones internacionales.

Como parte del acuerdo, la empresa abonará al Estado una comisión del 0,7% de sus ingresos, estimados en cerca de dos millones de dólares anuales. Además, la iniciativa incorpora a la comunidad indígena karitiana, que participará activamente en las labores de restauración y protección del territorio aportando su conocimiento ancestral.

Este proyecto piloto resulta clave para el Servicio Forestal de Brasil, que ya ha identificado 1,3 millones de hectáreas con necesidad urgente de intervención.

El objetivo nacional es ambicioso: reforestar 12 millones de hectáreas antes de 2030. Para lograrlo, el Gobierno prevé ofrecer hasta 300.000 hectáreas bajo este modelo de concesión antes de 2027.

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Lula sanciona leyes que endurecen castigos por violencia machista en Brasil

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó tres leyes destinadas a fortalecer el combate a la violencia contra la mujer, entre ellas una norma que prevé el monitoreo con tobilleras electrónicas de agresores en casos de violencia doméstica.

Según informó el Palacio del Planalto, una de las iniciativas tipifica como “delito” el asesinato de hijos u otros familiares con el objetivo de castigar o causar sufrimiento a las mujeres, mientras que el tercer proyecto instituye el Día Nacional de Protección y Combate a la Violencia contra Mujeres Indígenas.

Durante la ceremonia de firma, celebrada en la sede del Gobierno, el mandatario brasileño subrayó la necesidad de que la legislación se mantenga actualizada frente a las distintas formas de violencia.

“Toda ley que hacemos corrige en determinado momento alguna cosa. Pero, los violentos encuentran una forma de burlar lo que fue hecho. En realidad, estamos cuidando los efectos y no las causas”, afirmó.

Lula defendió además la adopción de políticas que aborden el problema desde la educación, con foco en los jóvenes, para promover una mejor formación en valores y comportamiento.

“Si no cuidamos la causa, no vamos a resolver este problema. La mujer siempre estará a merced de alguien que no cumple ninguna regla. El desafío es muy serio”, subrayó.

También advirtió sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el acceso de los jóvenes a contenidos inadecuados y reiteró la importancia de avanzar en la regulación de las redes sociales.

“Quién sabe si esas informaciones difundidas en las redes fueran para una buena formación, si fueran educativas y productivas para crear un nuevo hombre y una nueva mujer”, expresó.

En su opinión, la falta de control en las plataformas digitales es uno de los factores que incentivan la violencia y el incumplimiento de normas.

“Necesitamos evitar que los crímenes ocurran. Si no enfrentamos a las plataformas para que cuiden esto, no serán los padres quienes puedan hacerlo. El desafío es muy grande”, concluyó.

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Trump exige a Brasil desmantelar Pix: la pelea por el sistema que desafía a Visa y Mastercard

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Pix es el sistema de pagos instantáneos que el Banco Central de Brasil lanzó en noviembre de 2020. En poco más de cinco años se convirtió en el método de pago más usado en el país: más de 170 millones de personas lo adoptaron, desplazando al efectivo y a las tarjetas de crédito en el volumen de transacciones cotidianas. Opera a través de claves de identificación – un número de teléfono, un correo electrónico o un código QR – y no cobra comisiones a personas ni a pequeñas empresas. Esa última característica es, en parte, el origen del conflicto que estalló esta semana con Washington.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publicó su informe anual sobre barreras comerciales y apuntó directamente contra Pix. El documento sostiene que el sistema puede generar una “desventaja” para empresas estadounidenses del sector de pagos electrónicos – Visa y Mastercard entre ellas – y cuestiona que el Banco Central de Brasil no solo creó y opera la plataforma, sino que obliga a todas las instituciones financieras con más de 500.000 cuentas a integrarlo. Es decir, los bancos grandes no pueden elegir: deben ofrecer Pix por regulación.

La amenaza de sanciones

El informe del USTR no es solo un diagnóstico: habilita represalias. Washington advirtió que podría aplicar sanciones bajo la Sección 301 de la ley de comercio exterior estadounidense, el mecanismo que la administración Trump ya usó para justificar aranceles contra decenas de países. En el caso de Brasil, el informe también cuestiona otros puntos de fricción: un impuesto del 60% a compras internacionales pequeñas – la llamada “taxa das blusinhas”-, demoras en el registro de patentes, aranceles sobre etanol importado, restricciones sanitarias a la carne porcina y cuotas de pantalla para producciones audiovisuales locales. Según Washington, Brasil mantiene una tarifa promedio del 12,5% en bienes industriales y del 9% en agrícolas, niveles que considera excesivos.

No es la primera vez que Trump apunta contra Pix. El año pasado, tras imponer un arancel del 50% a los productos brasileños, la Casa Blanca ya había ordenado una investigación por supuestas “prácticas desleales”.

La respuesta de Lula

La reacción del gobierno brasileño fue inmediata. En un acto en el estado de Bahía, Lula defendió el sistema con énfasis político: “Estados Unidos publicó un informe en el que dice que Pix altera el comercio internacional porque afecta a su moneda. Pero Pix es de Brasil y nadie, nadie, va a hacernos cambiarlo”. El presidente subrayó la gratuidad e inmediatez del sistema como herramientas de inclusión financiera y anunció que el objetivo es perfeccionarlo, no negociarlo.

El Banco Central y la Cancillería brasileña también salieron a responder, argumentando que Pix es neutral y no discrimina a empresas extranjeras. Fueron más lejos: recordaron que la propia Reserva Federal de Estados Unidos está desarrollando mecanismos de pago instantáneo similares, lo que, según Brasilia, demuestra que el modelo no tiene nada de irregular.

En las redes sociales brasileñas, la consigna “El Pix es de Brasil” se volvió tendencia en pocas horas, convirtiendo lo que empezó como un capítulo del conflicto comercial entre las dos potencias en un debate sobre soberanía tecnológica y financiera.

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Brasil recluta a los bancos en su lucha para eliminar la deforestación en la Amazonia

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Naiara Galarraga Gortázar, El País. La lucha contra la desforestación en la Amazonia y en otros valiosos ecosistemas de Brasil es una tarea ardua y colosal que implica voluntad política, fondos, agentes forestales e ingenio. La última novedad ideada por el Gobierno federal es convertir a los bancos en fiscalizadores de lo que ocurre sobre el terreno, a miles de kilómetros de sus sucursales. A partir de este miércoles, cuando alguien solicite un crédito rural subvencionado con dinero público, el banco estará obligado a revisar en una base de datos oficial si la propiedad a la que se refiere ha talado árboles o vegetación a partir de 2019. La norma, que los bancos apoyan pero ha levantado la ira de los productores agropecuarios, es parte del arsenal gubernamental para cumplir la promesa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que Brasil eliminará completamente la deforestación en 2030.

Ese plazo se lo impuso el propio Lula cuando ganó las últimas elecciones, anunció que Brasil volvía a la primera línea en la lucha global contra el cambio climático y regresó al Gobierno. A menos de cuatro años de que venza el plazo, queda mucha tarea por delante aunque la tala ilegal se ha desplomado. El último balance anual indica que la Amazonia perdió 5.796 kilómetros de vegetación nativa, lo que significa un 11% menos que el año anterior, según las mediciones por satélite realizadas por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE).

Esa es la base de datos, llamada Prodes, con la que los bancos deberán cotejar las solicitudes de créditos subvencionados. Los satélites de Prodes fotografían desde el espacio parcelas de tres metros cada 16 días (para asegurarse de que las nubes no arruinan la visión) en la Amazonia, cuya extensión es el doble de la Unión Europea, y otros biomas brasileños.

Si resulta que la propiedad en cuestión fue talada después de 2019, el productor agropecuario que pide el crédito deberá probar que esa tala es parte del porcentaje autorizado por la ley. “Así convertimos a cada gerente de banco que gestiona créditos subsidiados en un inspector de deforestación ilegal”, explicó a la agencia Reuters Andre Lima, que dirige los esfuerzos para combatir la deforestación en el Ministerio de Medio Ambiente brasileño. Incluso en el caso de que sea legal, el propietario deberá pagarla de su bolsillo.

La nueva norma atañe a los créditos subvencionados con el dinero del contribuyente, es decir, unos 53.000 millones de dólares o un tercio del crédito rural brasileño, según información del Banco Central citada por Reuters. Y es que casi una quinta parte del crédito subvencionado otorgado fue para operar propiedades deforestadas hace nada, entre 2020 y 2023, según un estudio de la Climate Policy Initiative de la Universidad Pontificia de Río de Janeiro. Es decir, durante parte del mandato de Bolsonaro y el primer año de Lula.

El poderoso lobby agropecuario ha fracasado en sus intentos de paralizar la norma o retrasar si entrada en vigor, algo que incluso el propio Ministerio de Agricultura de Lula intentó. La principal asociación del sector, la Confederación de Agricultura y Pecuaria (CNA, por sus siglas en portugués) ha señalado el riesgo de que se den falsos positivos, que los satélites indiquen una tala donde no la hay. Los expertos sostienen que el caso típico es el contrario, la destrucción de vegetación que se le escapa al ojo que supervisa desde el espacio.

Los bancos han saludado la medida. La patronal bancaria considera que les da seguridad jurídica. Las nuevas verificaciones son un seguro contra hipotéticos impagos del crédito por parte de un productor que pierde un contrato por deforestar.

La Unión Europea tiene lista una ley, cuya entrada en vigor se ha aplazado dos veces, que prevé vetar de los Veintisiete una serie de productos si proceden de áreas deforestadas. Gestada por Bruselas en los años Bolsonaro, afecta al cacao, café, soja, aceite de palma, madera, carne de vacuno, el caucho y todos sus derivados (como cuero, madera, papel o chocolate). Las resistencias de los países afectados y las dificultades técnicas han aplazado su entrada en vigor, que estaba prevista para 2024 y será el último día de 2026. Entremedias, Brasil y los países que integran con él Mercosur han cerrado un acuerdo comercial gigante que estará vigente a partir de mayo.

La deforestación ha caído un 50% en la Amazonia desde que el líder de la izquierda brasileña regresó al poder para un tercer mandato. Como bien sabe desde su primera etapa presidencial, la preservación de la selva tropical es clave para regular la temperatura global y un elemento central en la proyección internacional de Brasil. Para bien y para mal, como cuando Bolsonaro convirtió a su país en el villano ambiental planetario. La deforestación es la principal causa de las emisiones de CO² de Brasil.

El presidente Lula puso de nuevo al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático —un apellido novedoso— a la veterana política y activista Marina Silva, que a principios de los años 2000 ya demostró que sabía cómo reducir drásticamente la tala ilegal en el mayor bosque tropical del mundo. Y lo ha vuelto a lograr. Estos días, Silva acaba de dejar el ministerio para presentarse a las elecciones al Senado.

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