El Congreso de la Nación volvió a ejercer una de sus potestades más fuertes en el sistema republicano: rechazar un veto presidencial. Este jueves, con 63 votos a favor, el Senado ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad, dejando sin efecto el veto total de Javier Milei. La decisión, que había sido anticipada en Diputados, marca un hito institucional: hacía 22 años que ambas cámaras no revertían una medida de este tipo.

El artículo 83 de la Constitución establece que, si ambas cámaras insisten con dos tercios de los votos, el Poder Ejecutivo queda obligado a promulgar la ley. El oficialismo de La Libertad Avanza quedó aislado: seis de sus siete senadores votaron contra la insistencia y la única ausente fue Vilma Bedia. El resto de los bloques confluyó en una amplia mayoría que volvió a poner límites a la estrategia de ajuste fiscal del Gobierno.

La votación no se produjo en un vacío político. El debate estuvo atravesado por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo titular Diego Spagnuolo fue desplazado en medio de denuncias de corrupción en compras públicas y audios que comprometen incluso a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia.

Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia, acompañaron con su voto positivo la iniciativa, reafirmando el compromiso de Misiones con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

La postura de los legisladores misioneros adquiere aún mayor relevancia tras los episodios ocurridos en la provincia en los últimos días, donde se realizaron auditorías irregulares en San Ignacio y 25 de Mayo, organizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) donde se detectaron graves irregularidades: falsificación de sellos médicos, citaciones a domicilios inexistentes, personal no identificado, locaciones improvisadas e incluso la utilización de certificados sin validez legal.
La postura de los legisladores coincide con la decisión del gobernador Hugo Passalacqua, quien instruyó al Fiscal de Estado a presentar un amparo judicial contra la Nación por la baja irregular de pensiones no contributivas en Misiones.
El mandatario provincial detalló que el expediente N° 2128/2025 reclama el restablecimiento inmediato de los pagos suspendidos, el pago de los retroactivos adeudados, la nulidad de las auditorías realizadas en la provincia y la implementación de mecanismos de control “transparentes, profesionales y accesibles”.

Discapacidad, ajuste y gobernabilidad

La ley declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026. Sus puntos centrales incluyen el financiamiento sostenible de pensiones no contributivas, actualización de aranceles de prestaciones, fortalecimiento de la ANDIS y apertura de nuevos ingresos al régimen de empleo protegido. En definitiva, responde a los reclamos de miles de familias afectadas por la suspensión de beneficios y la desactualización de coberturas.

Desde la oposición, el pampeano Daniel Bensusan (UP) sintetizó la crítica: “El famoso ahorro de Caputo y Sturzenegger es una mentira; no es eficiencia, es abandono”. La entrerriana Stefanía Cora habló de “ignorancia” en la gestión, y la santacruceña Natalia Gadano sostuvo que “no se puede vetar la dignidad”. Incluso voces ajenas al kirchnerismo, como el radical fueguino Pablo Blanco o la porteña Guadalupe Tagliaferri, advirtieron que la motosierra no puede aplicarse sobre los sectores más vulnerables.

En la vereda opuesta, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero defendió el veto presidencial, argumentando que ya existe un marco normativo y que lo que falta es gestión, no nuevas leyes. Pero su postura quedó reducida a una minoría que no logró revertir el clima adverso.

El trasfondo político es claro: el Congreso decidió ponerle un freno a la estrategia de ajuste del Ejecutivo cuando esta se proyecta sobre las personas con discapacidad, un colectivo de más de cinco millones de argentinos. El resultado exhibe la dificultad del oficialismo para construir consensos parlamentarios, y revela fisuras en su narrativa de austeridad frente a un caso de corrupción que golpea el corazón del gobierno.

La derrota deja a Milei frente a una paradoja: su primera gran batalla perdida en el Congreso no fue por un tema fiscal abstracto, sino por una cuestión social de alta sensibilidad pública. El desenlace interpela la capacidad de La Libertad Avanza para sostener gobernabilidad en un escenario donde el equilibrio de poder se inclina cada vez más hacia el Parlamento.