VETO

Viejos fantasmas conocidos

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Es un despropósito pensar que haya un ánimo destituyente por votar en contra de las políticas del Gobierno nacional. No es destituyente defender la actualización de los presupuestos del Garrahan y de las universidades, la protección y actualización de las pensiones por discapacidad o el reparto de recursos de las provincias. Si el presidente Javier Milei se encuentra en la soledad política es por su propia torpeza, el desprecio al consenso y la gozosa crueldad exhibida al blandir la motosierra. 

El Presidente ha roto puentes y perdido gobernabilidad. El azote de los decretos generó resistencias, expresadas en el voto contundente del Congreso, que superó largamente los dos tercios necesarios para insistir con una ley. Incluso ex aliados. 

Las sucesivas derrotas electorales en las provincias y un pronóstico incierto para las legislativas nacionales, obligaron al Presidente a moderar su discurso y ofrecer generosidades que hasta ahora ocultó con regocijo. 

En el Presupuesto 2026 promete aflojar la billetera, pero la nominalidad es burda, hasta para un aprendiz de economía. Los aumentos serán por encima de la inflación proyectada para el año que viene –en un en exceso optimista 10 por ciento-, sin tener en cuenta el poder adquisitivo perdido en todo el 2024 y el deterioro del 2025. 

Para contentar a los críticos y desencantados, Milei promete que ahora sí, lo peor ya pasó, muletilla que ya había usado el 10 de diciembre del año pasado y que también utilizó el ex presidente Mauricio Macri justo antes de la crisis del dólar en 2018. Y un tal Fernando De la Rúa, allá por 2001. Cualquier parecido es pura coincidencia

El mercado también parece haber perdido la fe. Se disparó el dólar, rompió el techo de los 1.500 pesos y ni la promesa ¿repetida? del ministro de Economía, Luis Caputo, de “vender hasta el último dólar” en defensa del plan, sirvió para calmar la fiebre. Ahora la esperanza está puesta en un préstamo del amigo Donald Trump, directamente desde el Tesoro de Estados Unidos.

El índice Merval, que agrupa a más de una veintena de grandes empresas del país, cayó alrededor de un 30%, lo cual coloca a la Bolsa local como la peor del mundo en lo que va del año

Obcecado, Milei insiste en que no se negocia ni se moverá del rumbo. Ratificó el ajuste y la desregulación, incluso en aquellas áreas más sensibles, que lograron despertar la resistencia, como el caso de las pensiones por invalidez, los recursos para el Garrahan, hospital emblema, y el financiamiento de la Universidad pública, bastión para el ascenso social. 

En el texto que envió al Congreso, Milei propone eliminar del Presupuesto la meta de inversión del 6% del PBI en la Educación; el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y los artículos de la Ley que definen el financiamiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación. También suprime la indexación de las Asignaciones Familiares y la exención del IVA para libros e impresos.

No es el único retroceso. Prometió que si se aprueba el Presupuesto, las personas que cobran una pensión por discapacidad percibirán un aumento del 5% por encima de la inflación estimada. Pero en el texto, en realidad se observa una reducción de la partida total para este rubro -de 4,059 billones 4,038 billonesy una reducción del número de pensiones, cuando en todo el país -incluída Misiones, la Justicia está ordenando reponer las pensiones recortadas sin justificación-. 

En paralelo, el presupuesto de la Andis aumenta apenas un 8,3%, pero si la inflación proyectada es del 10%, esta partida será proporcionalmente menor a la de este año.

En lo que respecta al presupuesto para las universidades, el presidente Milei prometió una partida global de $4,8 billones, lo que implica una suba del 14,2% nominal respecto de la asignación vigente ($4,2 billones), una asignación que los rectores califican de “insuficiente”.

La partida que se asigna a los salarios docentes está prevista en $2,6 billones (+13%), mientras que el monto para los sueldos de los no docentes sería de 1,4 billones (+14,2%). Apenas unos puntos por arriba de la inflación del año que viene. 

Es un presupuesto difícil de digerir. Incluso con mucha voluntad. Pero el Presidente parece elegir la colisión para tener a quien culpar si no hay ley, tal como viene gobernando. Sin embargo, es una situación de extrema gravedad. La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública detalla que en los primeros 25 años de implementación de la Ley de Administración Financiera, sólo en dos oportunidades se tuvo que recurrir a una prórroga del Presupuesto del año anterior. Sin embargo, a partir de 2020, esta situación se dio en cuatro ocasiones, y en los últimos dos años, de manera consecutiva. La falta de Ley de Presupuesto no se limita a una cuestión de formas, ya que más allá de ser la expresión financiera anual de las políticas públicas, el Presupuesto contempla: 

i) los niveles prestacionales en términos físicos, que en rigor constituyen el fundamento de las autorizaciones de gasto; ii) la meta de resultado financiero; 

iii) la emisión de nueva deuda pública; 

iv) el plan de obras en infraestructura; 

v) los recursos financieros que recibirán las provincias, los municipios y las empresas públicas en concepto de transferencias; 

vi) disposiciones que afectan a distintos actores económicos del sector privado; 

vii) las pautas de evolución de los salarios públicos y de las jubilaciones y pensiones; y viii) definiciones de la política de empleo público, entre otros puntos.  

El proyecto de Presupuesto prevé un crecimiento del nivel de actividad (PBI) de 5,4% para 2025 y de 5,0% para 2026, impulsado en el próximo año por el mayor dinamismo de la inversión y del Consumo Privado, que tendrían incrementos interanuales del 9,4% y del 4,9% respectivamente, mientras que en términos sectoriales se sustenta en la industria (+5,9% ia.), en el comercio (+5,6% ia.) y en el sector agropecuario (+2,7% ia.). Sin embargo, estas previsiones son más optimistas que las realizadas por el conjunto de las consultoras económicas reflejadas en el REM . Transcurrido más de la mitad del año, para 2025 las consultoras estiman un crecimiento del PBI del 4,4% ia., mientras que para 2026 la diferencia es aún mayor, ya que prevén una recuperación del 3,2% ia., o sea, 1,8 p.p. por debajo de la estimación contenida en el Proyecto de Presupuesto 2026. En cuanto a la inflación, el Proyecto prevé un incremento del IPC de 24,5% para 2025 (dic-25 vs dic-24), lo que implica que, dado el nivel acumulado a agosto, desde septiembre la inflación mensual debería ser del 1,0%. En cuanto a la inflación de 2026, se prevé una variación del IPC del 10,1% (dic-26 vs dic-25), equivalente a una inflación mensual lineal del 0,8%. Estas previsiones están por debajo de las expresadas en el REM, que estiman un aumento del IPC de 28,2% en 2025 (+3,7 p.p. respecto a la proyección del Proyecto de Presupuesto) y del 17,7% para 2026 (+7,6 p.p.).

Entre otras inconsistencias, el nivel del tipo de cambio nominal se estima en $1.325,0 por dólar para diciembre de 2025 a pesar de que el viernes el dólar ya cerró a 1.515 pesos. Para el mismo mes de 2026, se proyecta $1.423 por dólar, lo que implicaría una variación interanual casi 3 puntos por debajo de la inflación (7,4% ia. vs. 10,1% ia.), y en consecuencia, llevaría a un fenómeno de apreciación real. 

En cuanto a las expectativas de mercado, el dato que surge del REM refleja un tipo de cambio de $1.440,8 por dólar para diciembre 2025, Para diciembre de 2026, la proyección es de $1.665,5 (+15,6% i.a.). 

Milei pretendió también asegurar que su Gobierno fue el que mayor cantidad de recursos le asignó a las universidades. Pero el relato ya no dura demasiado, incluso en redes, donde rápidamente lo desmintieron.  En 2024 y en lo que va de 2025 se registró la inversión real más baja (es decir, considerando los efectos de la inflación) en educación superior desde el año 2007. Los años de mayor inversión en las últimas dos décadas fueron 2015, en la gestión de Cristina Fernández y 2017 y 2018, durante el mandato de Mauricio Macri.

La realidad se evidencia en el rechazo que ganó las calles. Hubo celebración cuando los diputados rechazaron los vetos presidenciales a la emergencia pediátrica y el aumento a las universidades. El Senado hizo otro tanto con la ley de distribución automática de los ATN. En ambos casos, los representantes del misionerismo votaron en contra de los vetos. Daniel Vancsik, Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Carlos Fernández inclinaron la balanza en Diputados. En la insistencia de la emergencia pediátrica, además de los diputados renovadores, votó a favor Emanuel Bianchetti, del PRO, mientras que el radical con peluca Martín Arjol eligió votar en contra del financiamiento del Garrahan. La puertista Florencia Klipauka, hasta ahora fiel aliada del Gobierno, eligió ausentarse en ambos casos. 

La Renovación plantó bandera en defensa de la salud y la universidad pública. Hay una lógica política identitaria. 

“Celebro con enorme alegría la decisión de nuestras diputadas y diputados nacionales de alzar la voz en favor del Hospital Pediátrico Garrahan y, como docente de la querida UNaM, particularmente también me llena de orgullo su respaldo a la universidad pública. La salud y el futuro se honran votando a favor de Misiones y de la Argentina. ¡Felicitaciones!”, destacó Passalacqua. Antes, el presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad, había pedido rechazar los vetos. “Es inclaudicable la defensa de la educación pública y de las universidades”, apuntó. 

“No me imagino a Misiones sin la UNaM ni a nuestros jóvenes sin la posibilidad de recibirse. También defiendo con firmeza al hospital Garrahan  y nuestra salud pública: el 60 % del presupuesto provincial está destinado a salud, educación y desarrollo social. Se crece con todos juntos o no se crece nada”, remarcó. 

La ratificación de la ley de financiamiento universitario tuvo los cuatro votos de la Renovación y se sumó Arjol. El voto del radical generó críticas incluso de los propios: fue en defensa propia. Su madre era docente universitaria, lo mismo que él y toda la familia ampliada de Ariel Pianesi, enclaustrada en la Universidad del Alto Uruguay.

El voto de la Renovación en el Congreso desarmó las especulaciones de las oposiciones. Desde el kirchnerismo residual y el radicalismo pretendieron correr por izquierda, pero no hubo cavilación. Los cuatro votos en la Cámara baja. Los dos votos en el Senado. Ajeno al tiempo y a la movilización que ganó las calles, el ex tenista, Diego Hartfield, prefirió abstraerse en un partido de padel junto a la plana mayor libertaria. 

El contraste no es solo político. Misiones cerró una semana con el anuncio de inversiones inusuales en un contexto de contracción en el resto del país. Más de dos millones de dólares en una estación de servicios de la marca Axion, hotel y paseo de compras en el Mercado Central y el desembarco de Techint en Santa Ana, donde se alió con la firma de capitales misioneros Acertech para poner en marcha la primera procesadora de acero de la región. El objetivo es abastecer la demanda regional desde Misiones. En Santa Ana hay mucha expectativa por el impacto en empleo y derrame económico. 

Misiones es la provincia con mayor cantidad de empleo privado de la región, con más de 108 mil puestos, lejos por encima de Corrientes y Chaco. Al segundo trimestre de 2025, el aglomerado de Posadas presentó una considerable mejora de las principales tasas del mercado de trabajo en comparación con el período  anterior. En los últimos tres meses, logró incrementar su población activa, mejoró tasa de empleo y redujo la desocupación. Si bien en la comparación interanual las tasas de actividad y empleo se redujeron, el repunte trimestral permite trazar un horizonte de mediano plazo algo más optimista. La Tasa de Empleo fue del 44,1% en Posadas, lo que representa un significativo incremento de 1,7 puntos contra el trimestre anterior, variación que generó 7 mil nuevos ocupados en los últimos tres meses. En la comparación interanual, esa tasa muestra variación de -0,4 puntos, aunque sin impacto en valores absolutos. La Tasa de Desocupación fue del 4,3% y cayó 1,7 puntos porcentuales a nivel trimestral. Esto equivale a que tres mil personas dejaron de ser desocupadas en comparación con tres meses atrás.  

La importancia de estos resultados radica en que Posadas logró disminuir la tasa de desocupación vía empleo y no vía inactividad: la población activa creció en 4 mil personas y los desocupados cayeron en tres mil personas: esas siete mil personas fueron absorbidas  directamente por el empleo, cuyo crecimiento de la tasa equivale a esa cantidad de personas que pasaron a ser ocupadas. La tasa de la desocupación de Posadas es la más baja de la región: con 4,3%,  queda por debajo Formosa (4,4%), Corrientes (6,7%) y Gran Resistencia (10,3%), mientras que la media NEA es de 6,7%. 

En el país, la desocupación se mantuvo en el mismo nivel que un año atrás – 7,6% ( 1,7 millones a nivel país) porque cayó la tasa de actividad ( de 48,5% a 48,1%, o sea desocupados dejaron de buscar trabajo desalentados con encontrar una ocupación). En el primer trimestre había sido del 7,9%.

El Informe del INDEC marca que se redujo la ocupación en relación al crítico trimestre del año pasado (del 44,8% al 44,5%) – lo que implica que poco más de 141.000 trabajadores perdieron sus empleos en el último año. Y pegó un fuerte aumento el empleo en negro (del 41,6% al 43,2%, lo que equivale a 8,7 millones a nivel país entre asalariados y cuentapropistas, 350.000 más que un año atrás).

La creación de empleo en Misiones contrasta con el deterioro nacional. Y está asentada en un sólido respaldo del Estado, que inyecta recursos para apuntalar sectores e innova para buscar recuperar rentabilidad en la chacra, donde las políticas nacionales y la desregulación yerbatera generaron estragos. Esa lógica impulsó la sanción de la ley de chacras multiproductivas, diseñada por Carlos Rovira, que busca diversificar la producción frente a la fluctuación de precios de cultivos tradicionales como yerba mate, té y cítricos. La nueva norma se alinea con tendencias globales de economía circular y seguridad alimentaria, fortaleciendo la proximidad entre productor y consumidor y mejorando los márgenes de rentabilidad.

La Provincia también relanzó el Ahora Pymes, que promueve la compra entre empresas misioneras, para que el dinero quede dentro de las fronteras. Doce cuotas sin interés y hasta diez millones por empresa. No se consigue en otras latitudes. La edición anterior generó ventas por más de 190 millones.

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Expertos de la ONU aplauden veto a reforma ambiental en Brasil

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Inter Press Service – Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas saludaron en una declaración este jueves 4 el veto que el presidente de Brasil., Luiz Inácio Lula da Silva, impuso sobre la ley de licencias ambientales que aprobó el legislativo Congreso Nacional en julio.

“Estos vetos demuestran el compromiso de Brasil de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente”, resumieron los expertos en su declaración.

Lula promulgó el 8 de agosto la Ley de Licencias Ambientales, llamada “ley de devastación” por el movimiento ambientalista, pero vetó gran parte de su texto, 63 artículos que contenían las disposiciones más problemáticas.

Una mayoría conservadora en el parlamento impulsó la ley, y en la Cámara de Diputados reunió 267 votos a favor contra 116 en contra.

Los expertos de la ONU, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza, habían advertido de que esa ley “abriría la puerta a graves riesgos de daños irreparables para las comunidades y los ecosistemas”.

La ley permitía a los emprendedores una autolicencia, si sus proyectos conllevaban riesgos moderados, y simplificaba las autorizaciones para los proyectos considerados “estratégicos”, de acuerdo con una clasificación que establecería semestralmente el Consejo de Gobierno, vinculado a la presidencia.

Se establecía una modalidad de licencia ambiental única, entregada en una sola etapa, en vez de las cuatro habituales, que comprenden viabilidad, instalación, ampliación y operación de un proyecto.

Proyectos con un potencial contaminante ya no solo bajo, sino también medio, podrían conseguir permiso con solo llenar un formulario.

La agricultura, parte de la ganadería extensiva y diversas infraestructuras no necesitarían licencia ambiental, y no se estableció una lista nacional de actividades que requerirían permiso ambiental, dejando esas decisiones a estados y municipios.

También se debilitaban los procesos de consentimiento libre, previo e informado para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que viven en tierras no demarcadas, y se disminuía, según los ambientalistas, la protección de la Mata Atlántica, el bosque húmedo que cubre áreas el este y sureste del país.

Los expertos de la ONU habían expresado su preocupación, al considerar que la ley conllevaba una regresión en la protección del medio ambiente, el clima y los derechos humanos, incluyendo el deber de prevenir daños ambientales y climáticos.

Por eso saludaron que “al vetar la mayoría de sus disposiciones más problemáticas, el gobierno ha abordado eficazmente las principales preocupaciones planteadas por los expertos. Entre las disposiciones vetadas se encontraban las exenciones”.

Señalaron que la ley mantiene una referencia a un proceso de licenciamiento simplificado para los llamados “proyectos estratégicos” y que existe una medida de precaución para evaluarlos.

Afirmaron que “todos los proyectos, estratégicos o no, que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente, el clima o los derechos humanos, deben estar sujetos a una evaluación de impacto ambiental adecuada y exhaustiva basada en la mejor ciencia disponible, incluida la ciencia indígena”.

“Aplaudimos la decisión del gobierno brasileño, ya que demuestra que escuchar las voces de los afectados, incluidos los titulares de derechos humanos y las comunidades científicas, puede conducir a decisiones adecuadas y prevenir daños a largo plazo al derecho de todos a un medio ambiente sano”, agregaron.

Finalmente, instaron al Congreso Nacional a mantener los vetos presidenciales y advirtieron que revertirlos “violaría la Constitución, los derechos humanos, la protección del medio ambiente y las obligaciones de Brasil en virtud de múltiples tratados y el derecho internacional consuetudinario”.

Tanto la ley, como su promulgación con el veto añadido y as consideraciones de los expertos, se registran a pocas semanas de que se inicie en Belém, en el noreste de Brasil, la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

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El Senado ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad y se cayó el veto de Milei

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El Congreso de la Nación volvió a ejercer una de sus potestades más fuertes en el sistema republicano: rechazar un veto presidencial. Este jueves, con 63 votos a favor, el Senado ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad, dejando sin efecto el veto total de Javier Milei. La decisión, que había sido anticipada en Diputados, marca un hito institucional: hacía 22 años que ambas cámaras no revertían una medida de este tipo.

El artículo 83 de la Constitución establece que, si ambas cámaras insisten con dos tercios de los votos, el Poder Ejecutivo queda obligado a promulgar la ley. El oficialismo de La Libertad Avanza quedó aislado: seis de sus siete senadores votaron contra la insistencia y la única ausente fue Vilma Bedia. El resto de los bloques confluyó en una amplia mayoría que volvió a poner límites a la estrategia de ajuste fiscal del Gobierno.

La votación no se produjo en un vacío político. El debate estuvo atravesado por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo titular Diego Spagnuolo fue desplazado en medio de denuncias de corrupción en compras públicas y audios que comprometen incluso a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia.

Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia, acompañaron con su voto positivo la iniciativa, reafirmando el compromiso de Misiones con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

La postura de los legisladores misioneros adquiere aún mayor relevancia tras los episodios ocurridos en la provincia en los últimos días, donde se realizaron auditorías irregulares en San Ignacio y 25 de Mayo, organizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) donde se detectaron graves irregularidades: falsificación de sellos médicos, citaciones a domicilios inexistentes, personal no identificado, locaciones improvisadas e incluso la utilización de certificados sin validez legal.
La postura de los legisladores coincide con la decisión del gobernador Hugo Passalacqua, quien instruyó al Fiscal de Estado a presentar un amparo judicial contra la Nación por la baja irregular de pensiones no contributivas en Misiones.
El mandatario provincial detalló que el expediente N° 2128/2025 reclama el restablecimiento inmediato de los pagos suspendidos, el pago de los retroactivos adeudados, la nulidad de las auditorías realizadas en la provincia y la implementación de mecanismos de control “transparentes, profesionales y accesibles”.

Discapacidad, ajuste y gobernabilidad

La ley declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026. Sus puntos centrales incluyen el financiamiento sostenible de pensiones no contributivas, actualización de aranceles de prestaciones, fortalecimiento de la ANDIS y apertura de nuevos ingresos al régimen de empleo protegido. En definitiva, responde a los reclamos de miles de familias afectadas por la suspensión de beneficios y la desactualización de coberturas.

Desde la oposición, el pampeano Daniel Bensusan (UP) sintetizó la crítica: “El famoso ahorro de Caputo y Sturzenegger es una mentira; no es eficiencia, es abandono”. La entrerriana Stefanía Cora habló de “ignorancia” en la gestión, y la santacruceña Natalia Gadano sostuvo que “no se puede vetar la dignidad”. Incluso voces ajenas al kirchnerismo, como el radical fueguino Pablo Blanco o la porteña Guadalupe Tagliaferri, advirtieron que la motosierra no puede aplicarse sobre los sectores más vulnerables.

En la vereda opuesta, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero defendió el veto presidencial, argumentando que ya existe un marco normativo y que lo que falta es gestión, no nuevas leyes. Pero su postura quedó reducida a una minoría que no logró revertir el clima adverso.

El trasfondo político es claro: el Congreso decidió ponerle un freno a la estrategia de ajuste del Ejecutivo cuando esta se proyecta sobre las personas con discapacidad, un colectivo de más de cinco millones de argentinos. El resultado exhibe la dificultad del oficialismo para construir consensos parlamentarios, y revela fisuras en su narrativa de austeridad frente a un caso de corrupción que golpea el corazón del gobierno.

La derrota deja a Milei frente a una paradoja: su primera gran batalla perdida en el Congreso no fue por un tema fiscal abstracto, sino por una cuestión social de alta sensibilidad pública. El desenlace interpela la capacidad de La Libertad Avanza para sostener gobernabilidad en un escenario donde el equilibrio de poder se inclina cada vez más hacia el Parlamento.

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Los jubilados de Misiones perderán 115 mil millones por el veto de Milei al aumento y bono

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Considerando las proyecciones de inflación del REM-BCRA para los próximos 12 meses (sep/25 a ago/26) y la cantidad de beneficiarios titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (1), se estima que el veto de Milei implica una pérdida agregada de $468 mil millones mensuales para los jubilados del país.

Esta cifra alcanza $5,6 billones en los próximos 12 meses para el conjunto de 6.104.055 jubilados y jubiladas de Argentina.

Este cálculo surge de la no actualización del bono a $110.000 —que debía ajustarse luego por inflación— y de la no recomposición del 7,2% correspondiente al saldo pendiente de la inflación de enero 2024.

Esta pérdida no solo impacta directamente sobre los ingresos de un sector vulnerable, sino que también se traduce en una menor actividad económica.
(1) Boletín de estadísticas de la seguridad social a junio 2025
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Emergencia pediátrica: el Congreso sancionó la ley que refuerza al Hospital Garrahan y residencias médicas

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El Congreso convirtió en ley la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales con epicentro en el Hospital Garrahan. La norma, que regirá por un año, fue sancionada en el Senado con 62 votos a favor y 8 en contra, en una sesión cargada de tensiones dentro y fuera del recinto. La medida implica la asignación prioritaria de recursos, recomposición salarial para personal y residentes, y la exención del Impuesto a las Ganancias para quienes cumplen funciones críticas.

La sesión estuvo marcada por las protestas en inmediaciones del Congreso y por un fuerte debate político en el recinto. El Hospital Garrahan, considerado centro de referencia nacional en alta complejidad pediátrica, enfrenta desde hace meses reclamos de médicos y trabajadores por la falta de insumos, bajos salarios y condiciones laborales deterioradas.

La ley surge como respuesta a esta crisis, en un momento donde las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el sistema público de salud se intensificaron. La iniciativa fue aprobada en Diputados con amplio consenso semanas atrás, y en el Senado logró superar los dos tercios necesarios.

Los votos negativos provinieron en su mayoría del bloque de La Libertad Avanza —Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto— junto al formoseño Francisco Paoltroni y la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero. Entre las ausencias destacaron Alfredo De Angeli (PRO), Juan Carlos Romero (CF) y Claudia Abdala Ledesma (Frente Cívico por Santiago).

Contenido de la ley: asignación prioritaria de recursos y control legislativo

La norma establece que, por el plazo de un año, la salud pediátrica y las residencias nacionales en salud serán consideradas en emergencia sanitaria. Esto implica:

  • Asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos y equipamiento.
  • Recomposición salarial para el personal de salud y residentes, tomando como piso los niveles reales de noviembre de 2023.
  • Exención del Impuesto a las Ganancias para profesionales y trabajadores que realicen tareas críticas.
  • Garantía del funcionamiento pleno del Hospital Garrahan, con partidas presupuestarias adicionales reasignadas por el Poder Ejecutivo.
  • Creación de una comisión de seguimiento, integrada por el Ministerio de Salud, el Congreso, el COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría, con la obligación de emitir informes públicos trimestrales sobre la implementación de la ley.

El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación, con facultades para reglamentar y reasignar partidas del ejercicio vigente. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo estimado de la medida asciende a 65.000 millones de pesos entre julio y diciembre de 2025, y anualizado representaría unos 133.000 millones de pesos.

Fundamentos y posiciones políticas: apoyo transversal y críticas cruzadas

En el debate, la senadora Lucía Corpacci (UxP), miembro informante, defendió la ley como una respuesta a la “desatención presupuestaria” del Ejecutivo y al maltrato que sufren los trabajadores de la salud. “No hay senador que no pueda defender el trabajo de los médicos, enfermeras y personal del Garrahan”, sostuvo.

Otros senadores, como Luis Juez (PRO), apelaron a un discurso emocional: “Lo que necesita el Garrahan, se lo merece. Necesitamos darle a esa gente los instrumentos que nos siguen generando esperanza”.

Desde la oposición, la radical Carolina Losada criticó al kirchnerismo por “haber dejado un agujero fiscal” pero aclaró que votaría a favor de la emergencia por ser “una medida acotada a un año y focalizada en un hospital clave”.

En contraste, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) ratificó su rechazo, aunque pidió disculpas por sus polémicas declaraciones previas sobre el hospital. Para ella, la norma refleja una superposición de funciones entre Nación, provincias y municipios que encarece la prestación de salud.

El senador Martín Lousteau (UCR) cuestionó duramente al oficialismo libertario por “revelar su visión real sobre el sistema de salud”, aludiendo a expresiones de voceros oficiales que deslegitimaron a residentes y médicos.

La aprobación de la emergencia sanitaria en el Garrahan tendrá efectos inmediatos sobre el sistema de salud pública:

  • Reforzará la atención pediátrica de alta complejidad, clave para derivaciones de todo el país: actualmente, unos 70.000 niños de distintas provincias se atienden en el hospital cada año.
  • Recomposición salarial para residentes, un sector que en los últimos meses protagonizó fuertes reclamos laborales por precarización.
  • Alivio fiscal para el personal de salud, al quedar exento del Impuesto a las Ganancias.
  • Mayor control legislativo y social sobre la gestión presupuestaria, gracias a la comisión de seguimiento y a la publicación de informes trimestrales.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre la viabilidad fiscal de la norma en el actual contexto de ajuste y sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, con facultad de veto, rechace su aplicación total o parcial.

La sanción de la ley representa un test político relevante: mientras la administración Milei promueve un severo ajuste del gasto, el Congreso avanzó en una medida que implica destinar más recursos a un sector crítico. El Gobierno podría optar por vetar total o parcialmente la ley, lo que abriría un nuevo frente de conflicto con la oposición, los gremios de la salud y la sociedad civil.

La atención está puesta ahora en la reglamentación del Ministerio de Salud y en el primer informe trimestral de la comisión de seguimiento, que permitirá medir el cumplimiento efectivo de la emergencia.

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