El uso de las estructuras del Estado para el enriquecimiento

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En estos últimos años, políticos, empresarios y sindicalistas han hecho reiteradas veces el uso de las estructuras del estado para el enriquecimiento personal.
Con gran pomposidad el presidente Macri exige una profunda investigación sobre la corrupción, creyendo que nadie prestará atención a sus antecedentes que involucran graves hechos de corrupción. Tal vez por ello, el menos indicado para pregonar una investigación sobre la corrupción es el presidente Macri por sus antecedentes. Macri fue procesado por contrabando en la causa de Exportaciones e importaciones de automóviles en la que se le acusa de exportar autopartes a Uruguay y cobrar reembolsos para importarlos como autos armados. La investigación que comandó la fiscal María Gabriela Ruiz Morales permitió establecer que mediante esta operatoria, solo en 1993 se habrían evadido 14 millones de pesos. Pero los investigadores creen que la práctica se mantuvo hasta 1995.
En 1989 Carlos Menen y su intendente Carlos Grosso, crearon la Corporación Puerto Madero, organismo que tuvo en sus manos la explotación de los dockes abandonados del viejo Puerto de Buenos Aires.
Casi 30 años después, aquél magnate que celebró la recuperación inmobiliaria del puerto, cuando comenzó como titular del Club Boca Junioras, ahora está apoltronado en el sillón de mando de la Casa Rosada. A sus espaldas tiene la vista privilegiada de aquellos terrenos, hoy convertidos en el barrio más caro, famoso y emblemático de Buenos Aires.
Autopistas del Sol cuyas acciones fueron vendidas por un valor cuatro veces del adquirido por el grupo Macri, Terrenos, transporte aéreo, etc., etc., donde hay un negocio rentable, ahí está el Clan Macri para usufructuarlo desde su influyente posición de Presidente.
Macri quieren desplazar al fiscal que destapó el Correogate. La familia Macri presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema desplace a la fiscal Gabriela Boquin, único escollo para la condonación multimillonaria de la deuda de Correo Argentino. Buscan evitar que intervenga en la causa y, puntualmente, los peritajes sobre el vaciamiento de la empresa en beneficio de empresas del Grupo Macri.
En el escrito presentado por Jaime Kleidermacher, abogado de la familia presidencial en lo vinculado a Correo Argentino, los Macri insisten que la fiscala Boquin no tiene legitimidad para actuar en la causa ni para pedir peritajes contables tanto en los papeles de Correo Argentino como de SOCMA y SIDECO, los principales portaviones del clan Macri. En caso de que la solicitud llegue a la Corte y esta decida a favor de Macri, la fiscal Boquin quedaría desplazada de hecho ya que impediría investigar las maniobras del clan que hoy comanda el presidente Macri.
Boquin fue quien logró frenar la condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia presidencial. Desde entonces es un tábano, para un Gobierno acostumbrado a una plácida y servicial relación con amplios sectores judiciales. Tras lograr la salida de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, que recibió el ataque conjunto del presidente Mauricio Macri, la corporación judicial y el Grupo Clarín, pese a que su puesto es autónomo y constitucionalmente tiene continuidad asegurada más allá de los cambios de Gobierno, tuvo que renunciar. El macrismo desea la salida de la fiscala Boquin, acaso la única funcionaria judicial que, en torno a Correo Argentino, no aletargó la causa ni se amilanó a las presiones del lobby tribunalicio.
El recurso extraordinario para llegar a la Corte tiene el matasellos de mesa de entrada con fecha 22 de diciembre de 2017, pero recién fue subido al sistema de consulta de cusas el pasado miércoles. Es una práctica habitual en esta causa. El objetivo: entorpecerla.
La Corte Suprema ya intervino en este expediente en 2009, cuando falló en contra de la pretensión de la familia Macri en compensar su deuda con el Estado con una supuesta deuda que el Estado tiene con ellos. Los Macri tienen varios juicios contra el Estado, con una supuesta deuda que el Estado tiene con ellos. . Los Macri tiene varios juicios por daños y perjuicios contra el Estado, por, lo que piden mucho más dinero que el que deben. Pero era 2009, otros tiempos y otra Corte. Ahora el nexo entre el presidente y los Supremos es otro, y el pedido del abogado de Macri de que intervenga el máximo tribunal del país es insistente. El abogado de los Macri insiste en plantear la falta de legitimidad de la fiscala Boquin para intervenir en la causa a la que acusan de tener un objetivo mediático y político, insistiendo que no es parte de este proceso, por lo tanto no tiene derecho a ofrecer pruebas, ni a solicitar informes, que nada tienen que ver con el proceso- El planteo no es nuevo.” Es innegable que la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, carece de legitimación procesal para solicitar la prueba pericial contable que solicita”, escribió el abogado de Macri el 23 de agosto del año pasado. El mismo día, la jueza Marta Cirulli contestó que “la legitimación del Ministerio Público para peticionar estas medidas han sido estimadas implícitamente por el Superior”. Es decir, que la Cámara Comercial ya zanjó esta cuestión sobre la que insisten los Macri y resolvió que la fiscala Boquin tiene toda la legitimidad necesaria para actuar en el expediente. Lo recordó Cirulli, que está imputado penalmente como pieza del vaciamiento de Correo Argentino pero se niega a excusarse en el expediente del fuero comercial.
Los Macri insistieron con este asunto, pero el 6 de diciembre pasado las camaristas María Lilia Gomez Alonso de Diaz Cordero y Matilde Ballerini reiteraron: “La Sra Fiscal posee legitimación para requerir las medidas que considere necesarias a efectos de obtener los antecedentes necesarios que permitan decidir las cuestiones pendientes en el principal de este concurso”. O sea: que los camaristas, que hace más de 15 años operan en beneficio del clan Macri en esta causa, reiteran que Boquin puede intervenir y pedir los peritajes. Desde la sala B de la Cámara Comercial, las juezas Gómez Alonso y Ballestrini ya le dieron curso al recurso presentado por los Macri para que defina la Corte. Le remitieron a los síndicos del concurso, que sistemáticamente se alinearon con los intereses de la familia presidencial. Por ejemplo, como publicó Nuestras Voces,, la sindicatura general la ejerce Raúl Miguel Guelman en representación del Estudio Moyaqno-Guelman y Asociados. Lo patrocinan los abogados julio Cesar Rivera y Beltrán Louge, socios del Estudio Rivera & Asociados. Rivera fue propuesto por Macri como conjuez de la Corte Suprema. No es raro, ya que es abogado de confianza de la familia desde hace muchos años.
Rivera y Lounge fueron apoderados de empresas de los Macri y abogados del ahora presidente de su divorcio de Isabel Menditeguy. Louge también trabajó para IECSA, por entonces controlada por el primo presidencial Ángelo Calcaterra.
Si analizamos los negociados que pudieron involucrar al gobierno anterior que operaba el ex ministro Julio De Vido, probablemente encontremos muchos entuertos similares a los anteriormente mencionados, pero nunca en la extensión y profundidad de los que involucran al Presidente.
Tienen razón los del gobierno cunado pregonan que es el mejor equipo de los últimos 50 años…..para acumular riquezas para sus integrantes.
Miguel Schmalko-consejero y ex presidente de FEBAP y CACEXMI (Federación Económica Brasil-Argentina-Paraguay y Cámara de Comercio Exterior de Misiones)