La “economía del bolsillo” juega un rol fundamental -entre otros determinantes- en la confianza que la sociedad tiene en un gobierno, y, consecuentemente, en sus decisiones de voto. 

Cabe destacar que, al momento de votar, el grueso de la población no lo hace mirando el nivel de las reservas netas, el déficit fiscal o la asistencia monetaria del BCRA al Tesoro, sino que más bien se ve influida por lo que vive en carne propia en el presente: la evolución del poder adquisitivo, el empleo, la capacidad de consumo y las condiciones de vida son factores mucho más relevantes al momento de castigar o recompensar la gestión de los gobiernos.

En este marco se inscribe la principal iteración economía-política: quienes gobiernan tienen incentivos de corto plazo a mejorar la posición económica de los hogares en los años electorales, dando lugar a que los ciclos políticos sean una de las claves para anticipar posibles movimientos de la política económica. En este sentido, se suele apelar a la acumulación de ciertos desequilibrios en los meses previos a las elecciones, que tienden a ser parcialmente corregidos pasados los comicios, una vez que el costo político se reduce. Entre estas medidas se destacan el atraso cambiario y tarifario, buscando desacelerar la inflación; las tasas de interés reales negativas, promoviendo el crédito barato y/o desincentivando el ahorro; y el aumento del gasto público en términos reales.

A 3 meses de que el Gobierno enfrente la gran encuesta nacional (las PASO), nos preguntamos, ¿cómo llega la “economía de bolsillo” con relación a elecciones pasadas? ¿cómo se refleja esto en los niveles de consumo? ¿existe margen para generar mejoras palpables en los próximos meses?

Para responder a estos interrogantes, realizaremos un breve análisis comparativo de la evolución de distintos indicadores socioeconómicos en las proximidades de las PASO desde su primera edición en 2011.

Empobrecimiento del tejido social: el peor escenario en la historia de las PASO

Las condiciones socioeconómicas arrastran un marcado deterioro. La principal evidencia se encuentra en la tendencia creciente de la tasa de pobreza: estimamos que actualmente ya supera el 40%, registro que no sólo supone el nivel más elevado para un año electoral, sino que es el mayor desde 2005.

Esta desmejora tiene lugar frente a una creciente inflación que estimamos supere el 115% interanual en mayo, alcanzando niveles considerablemente superiores al del resto de los años electorales (los mayores desde 1991, a la salida de la última hiperinflación). Para dar cuenta de la magnitud, la suba de precios se ubica 70 p.p. por encima del último año electoral (2021), 60 p.p. por encima de 2019 y 90 p.p. por encima del promedio de inflación anual del resto de los años electorales analizados (25%), que exhibieron una cifra anual en un rango más similar.

Esta dinámica ha dado lugar a un manifiesto debilitamiento del ingreso real de los hogares, tanto laborales como no laborales. Por un lado, el salario real (formal e informal) se ubica en 2023 en el nivel más bajo en contraste a todos los años electorales, previendo que este año sea el sexto consecutivo de caída. En este sentido, luego del último pico alcanzado a mediados de 2017, el salario real formal se ubica actualmente en niveles 19% inferiores hasta marzo, mientras que el deterioro del salario real informal para el mismo periodo alcanza el 42%.

Por otra parte, el valor del salario mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la jubilación mínima exhiben asimismo una notable merma en su poder adquisitivo: el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) perdió un 37% de poder de compra respecto a 10 años atrás (elecciones de 2013), la jubilación mínima un 24% (aun contemplando los bonos actuales) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) un 18%.

Sumado a esto, el encarecimiento relativo de los alquileres –en un contexto en que crece la proporción de inquilinos- constituye otra muestra de las dificultades económicas que enfrentan muchas familias. A modo ilustrativo, actualmente un salario real del sector formal (RIPTE) -el mejor posicionado- representa cerca del 35% del costo de alquiler de un monoambiente -lo más económico- en CABA, el peor guarismo en comparación a otras previas electorales. Por caso, en 2015 el alquiler representaba el 25% del ingreso, bajo estos mismos parámetros.

Este deterioro en el tejido social tuvo lugar a pesar de una mejora en los principales indicadores del mercado de trabajo. ¿Cómo se explica esto? En el cuarto trimestre de 2022 (último dato disponible), la tasa de ocupación alcanzó niveles máximos para los años electorales analizados, mientras que la tasa de desempleo se encontró en niveles mínimos. Sin embargo, al realizar un análisis al interior de las modalidades de empleo se observa que la mayor cantidad de nuevos empleos de los últimos años correspondió a puestos informales y cuentapropistas: en números, entre 2019 y 2022 estas dos modalidades explicaron el 72% de la totalidad de empleo generado.

Asimismo, el incremento en la tasa de actividad –conformada por las personas que tienen un empleo o están buscando uno- hacia máximos para los años electorales analizados es propiciado por el “efecto trabajador adicional”, ante de la necesidad de sumar ingresos en familias cuyo poder adquisitivo tambalea, volcando a las personas a autoemplearse o bien aceptar empleos de baja calidad, reduciendo la probabilidad que esto se traduzca en un mayor desempleo. Asociado a esto se encuentra una tendencia hacia el pluriempleo.

Esta dinámica ha profundizado la dualidad del mercado laboral: “los de adentro” (formales) -protegidos por unas paritarias que se acortan en sus plazos de ajuste y logran responder más rápidamente a la aceleración de la inflación- muestran una trayectoria de ingresos reales que se continúa separando de “los de afuera” (informales), aumentando su dependencia de transferencias del Estado.

Esta realidad de aceleración inflacionaria (que fue mayor aún en las canastas básicas), fuerte merma en los salarios reales (principalmente del sector informal y los ingresos de los deciles más bajos), creación de empleos de menor calidad y desempleo disminuyendo a mínimos profundiza la noción del “trabajador pobre”: la probabilidad de ser pobre aun contando con un empleo viene creciendo.

Los niveles de consumo reflejan -parcialmente- el empeoramiento del contexto socioeconómico

El consumo privado está compuesto esencialmente por la demanda de bienes y servicios de los hogares. En términos relativos, este indicador se muestra en niveles similares al promedio del resto de los años electorales: estimando los datos al segundo trimestre, la demanda total de los hogares se ubicaría únicamente por debajo de los niveles de 2015 y 2017.

Ahora bien, cabe destacar que detrás de esta mejor performance relativa del consumo privado, se encuentra una desaceleración e incluso caídas en los últimos trimestres. Luego de una recuperación robusta post pandemia, en la cual este indicador acumuló nueve trimestres de mejoras consecutivas en términos desestacionalizados, alcanzando el pico en el tercer trimestre de 2022 (y ubicándose a 5,6% del máximo de la serie), se observó un retroceso en el último trimestre del año pasado, y estimamos que esta caída se haya profundizado en el primer semestre de este año.

Detrás de esta mayor fortaleza relativa se encuentran varios factores. Un driver que ha venido prevaleciendo es la elevada propensión marginal al consumo -proporción del ingreso que se utiliza para consumir-, que se encuentra en niveles máximos de la serie que estimamos (+90% del ingreso promedio). En este sentido, la fuerte aceleración inflacionaria generó un “sesgo pro-consumo”, en el que el acotado horizonte de planificación de los hogares y la falta de crédito a largo plazo incentiva a desprenderse rápidamente de los pesos sobrantes, volcándolos al consumo y disfrute más inmediato de algún bien o servicio, contracara de los exiguos niveles de ahorro de la población frente a la falta de previsibilidad. En este contexto, el indicador de “consumo” pierde utilidad como un termómetro sobre las condiciones materiales o la capacidad económica de las familias.

De todas formas, este “veranito” de consumo también comenzó a encontrar un techo a fines de 2022, en un marco en el cual la política económica cobró un sesgo mayormente contractivo, con un ajuste del gasto público en términos reales que contempló una quita o reducción de subsidios para muchos hogares (reduce el ingreso disponible para consumo) y un fuerte incremento en las tasas de interés (encarece el crédito), en conjunto a un mayor impacto de la aceleración inflacionaria sobre el poder adquisitivo y restricciones en la oferta de bienes producto de las restricciones a las importaciones.

Asimismo, no son pocos los indicadores de consumo sectoriales que dan cuenta de un deterioro importante en términos históricos. Por caso, el consumo masivo -alimentos, bebidas y artículos para cuidado del hogar y personal- se ubica actualmente un 12% por debajo de 2015 o es 5% inferior a 2017 (según Scentia); el patentamiento de vehículos resulta 50% más bajo que en el pico de 2013; el crédito al consumo es 43% más bajo que en aquel año; la compra-venta de inmuebles en CABA y PBA es un 15% inferior y la adquisición de electrodomésticos y electrónica de consumo es cerca de 20% inferior a 2017 (más aún respecto a 2015).

Corolario: confianza en el Gobierno en mínimos históricos

En respuesta al paulatino deterioro de las condiciones de vida -entre otros factores-, la confianza en el Gobierno se sitúa actualmente en mínimos, no sólo respecto a otras previas electorales, sino en términos históricos.

Este panorama resulta sumamente desafiante para las aspiraciones electorales del Frente de Todos. El siguiente gráfico exhibe la evolución del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG)[1] elaborado por UTDT, junto con el resultado en las elecciones logrado por el oficialismo desde inicios de siglo, dando cuenta de una estrecha correlación entre ambos indicadores.

Escaso margen de maniobra para apuntalar la confianza del electorado

Dado este panorama, crecen los incentivos del Gobierno a realizar políticas económicas expansivas que busquen mejorar el poder adquisitivo y la demanda de los hogares en el muy corto plazo antes de las elecciones.

Sin embargo, el margen para terminar con un resultado más favorable en materia de consumo y de la situación social en este último año de mandato es exiguo.  Más allá de los lineamientos de política económica acordados con el FMI, las restricciones de la realidad seguirán limitando sobremanera la posibilidad de implementar las tradicionales recetas pre-electorales para que esto ocurra tanto en la previa a las PASO como hasta las siguientes instancias.

La aguda escasez de divisas, sumado a la inestabilidad de una elevada brecha cambiaria y la debilidad en la demanda de pesos acotan considerablemente la posibilidad de profundizar el atraso cambiario acumulado o propender a tasas de interés reales negativas, mientras que la posibilidad de congelar tarifas de servicios públicos y/o acelerar el gasto público en términos reales choca con la falta de financiamiento

[1] El ICG tiene como objetivo medir la evolución de la opinión pública respecto de la labor que desarrolla el gobierno nacional. Está diseñado de forma de captar lo que los ciudadanos piensan respecto de aspectos esenciales del gobierno nacional, a partir de la estimación de cinco dimensiones. Está realizado en base a una encuesta que tiene en cuenta cerca de 1.000 casos en 42 localidades del país.

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