La foto que ilustra esta columna, tomada por Franco Fafasuli, es sumamente descriptiva del estado de situación. Alberto Fernández sale del centro de la escena. Sergio Massa la ocupa, con ancha sonrisa. Toda la atención está puesta en el flamante ministro de Economía, cuyas promesas a priori, lograron algo que el Gobierno necesitaba con desesperación: un poco de calma.

El plan presentado por el nuevo superministro no se diferencia demasiado de lo que había esbozado Silvina Batakis, pero Massa cuenta con mayor peso específico para poder ponerlo en marcha. Gastar menos, mejorar ingresos, combatir la suba de precios y revisar planes sociales, son los ejes del paquete anunciado. Ninguna idea revolucionaria. Una dosis de sensatez necesaria, incluso hacia dentro del propio Gobierno. 

Pero aunque él mismo haya insistido en que no es un salvador ni un “superministro”, encarna la última oportunidad del Gobierno para encauzar la crisis. En definitiva, se ofrece como tributo para calmar a las fieras. Si tiene éxito, su carrera seguirá en ascenso. Sino, la crisis será aún mayor. 

Los pilares del plan Massa son tan sencillos como indiscutibles: orden fiscal, superávit comercial, fortalecer las reservas y generar desarrollo con inclusión social. 

Massa marcó territorio al anunciar que buscará cumplir con la meta del 2,5% del déficit primario y sorprendió al anunciar la decisión de no utilizar el saldo de adelantos del Tesoro para lo que resta del año. Este lunes se dará un hecho inédito en el contexto: habrá un reintegro por 10.000 millones de pesos al Banco Central.

Las palabras del titular de la cartera económica intentaron conformar a todo el espectro. Rigor fiscal, impulso a las exportaciones, control de los planes sociales. Poco para discutir. Se metió en terreno espinoso cuando anunció medidas para controlar abusos en las importaciones. 

Reveló que se detectaron “mecanismos de triangulación con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones”, y anunció: “Vamos a abrir un registro por 60 días para que rectifiquen su posición frente a la Aduana”. 

Se trata de 13 mil operaciones de 722 empresas, muchas con menos de un año de antigüedad, con millonarios movimientos que serán denunciados ante la Justicia y eventualmente en Estados Unidos por lavado de dinero. ¿Será esa una explicación al enojo de Cristina Fernández con la pasividad de la AFIP? Mercedes Marcó del Pont fue eyectada de ese sillón para ocupar la silla de Gustavo Béliz en la inexpresiva secretaría de Asuntos Estratégicos.

En cuanto a los ingresos, dos medidas centrales. El nuevo índice de movilidad jubilatoria, con un refuerzo y una mesa de trabajo con empresarios y trabajadores para “asegurar un mecanismo que permita la recuperación de ingresos de los trabajadores del sector privado” que “ganen entre 50.000 y 150.000 pesos”. 

Por otro lado, Massa anunció “una política de reordenamiento de los programas sociales” que pondrá el foco en “la vuelta al mercado de trabajo, el fortalecimiento del trabajo asociativo y cooperativo y la protección de aquellas situaciones de grupos de vulnerabilidad”. 

Este sábado anunció que convocó para el martes a todos los ministros para “que conozcan las prioridades de inversión y los techos de gasto” y ratificó que no habrá más emisión hasta fin de año. 

También detalló que a la segmentación tarifaria se agregan topes de consumo para promover ahorro de recursos y un sistema más progresivo de subsidios.

Quien menos consume o menos ingresos tiene menos paga, quien más consume o más ingresos tiene, más paga. La segmentación y el tope de subsidio “tendrá un criterio federal con comprensión climática”. La entrada en vigencia será por sector y zona, y será informada el jueves por la secretaría de Energía. Con estas medidas, Massa espera ahorrar 500 mil millones.  

La hoja de ruta cayó bien. Hoy mide mucho mejor que la valoración positiva que tiene el Gobierno. Obviamente, habrá que ponerla en práctica. 

La auditoría de los planes sociales y el bono para los jubilados aparecen como las medidas mejor valoradas de los anuncios económicos. Ambas con más del 70% de aceptación, señala un estudio de Zuban&Córdoba.

La mayor parte de la opinión pública cree que Massa tiene el apoyo tanto de Alberto Fernández como de Cristina Fernández de Kirchner. Es probablemente el dato más crucial para la proyección política del nuevo ministro. Hay otro, del mismo estudio, que descoloca a la oposición: un 70% cree que debería negociar y consensuar las principales medidas del gobierno. Hasta ahora no parece haber un atisbo de racionalidad en las principales figuras de la alianza Cambiemos. La apuesta es “cuanto peor, mejor”, aunque en ello se vaya el destino de la Argentina. Lo mismo sucede en Misiones, donde la oposición repite los esquemas que bajan de Buenos Aires. 

Pasada la euforia de las primeras horas, más allá de la expectativa positiva, las primeras voces de advertencia llegaron de parte de los gobernadores. La mayoría de las provincias está en una situación mucho más cómoda que el conjunto de la Nación y los gobernadores no están dispuestos a ser nuevamente quienes paguen el costo del ajuste. En esa línea, rápidamente activaron la ratificación del último Pacto Fiscal, para no perder maniobrabilidad fiscal. 

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, fue uno de los que advirtió que el peso de los recortes no debe caer sobre las provincias y también trazó una hoja de ruta para las negociaciones con el nuevo ministro. La relación es fluida con Misiones, ya que Massa fue uno de los que respaldó el principal pedido de Misiones: la creación de la Zona Aduanera Especial, sobre la que se insistirá ahora en el Presupuesto y se espera una posición más favorable que la que tuvo en su momento Martín Guzmán. 

“En el tratamiento del presupuesto 2021 y 2022 siempre hemos tenido respuesta de la Cámara de Diputados de la Nación. Esas medidas que pedía Misiones, muchas no salieron porque desde el ministerio de Economía no generaban los recursos”, recordó el mandatario.

“Después de haber apoyado el presupuesto, aunque finalmente no se aprobó, estas cuestiones de ajuste que no estaban previstas en el área presupuestaria, deberían ser muy contempladas y consensuadas y coordinadas con los gobernadores. En el caso nuestro, expectativas de que sea para bien”, definió Herrera Ahuad. 

No es el único pedido. Revisar la coparticipación y tarifas eléctricas diferenciales -para las industrias y el consumo- son otros pedidos de Misiones, además de la reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes. 

Herrera Ahuad marcó diferencias con la situación nacional. “En Misiones la conducción política es muy clara, con objetivos claros y una agenda de trabajo institucional que allana el camino para la construcción hacia delante. Hay una sana convivencia entre los diferentes espacios políticos. En el caso mío, mi trabajo es gobernar, no estar en la discusión de las cuestiones de la política. Cuando hay conducción, hay certezas y la población sabe que hay mayor estabilidad y posibilidades de construcción a futuro”, sentenció. 

La posición expuesta por Herrera Ahuad es coincidente con la de la Confederación Económica de Misiones, que el viernes envió una carta a Massa con un decálogo exclusivo para la tierra colorada. La entidad que preside Alejandro Haene hizo notar que “en las pautas que  dispuso para frenar la crisis que aqueja al país, no expuso aspectos específicos para las  pequeñas y medianas empresas (pymes)”.

Ante esta situación, la entidad empresaria pide que se incorporen al nuevo paquete medidas urgentes que propicien las herramientas  necesarias para que las pymes misioneras sean competitivas y puedan atenuar las desventajas  con las que conviven debido a las consecuencias relacionadas entre otras, con la distancia con  los grandes centros de producción y de consumo del país, los altos costos de logística y de la  energía para producir y a la incidencia de las asimetrías con los países limítrofes. 

–Habilitación del Área aduanera Especial que fuera vetada por el presidente de la Nación Alberto  Fernández, cuya frustrada implementación Usted se comprometió públicamente a acompañar.  

–Reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme. 

–Incorporación al esquema “dólar soja” de las empresas misioneras que exportan como es el  caso de los sectores maderero, tealero, tabacalero, yerbatero, citrícola, entre otros, tal como se les ofreció a los productores de granos.  

-Encontrar alternativas para resolver el problema de la energía, considerando que producir en  Misiones es mucho más caro por carecer de gas natural. 

–Modificar la ley de cabotaje para poder operar con barcazas y containers extranjeros en el puerto de Posadas es la última exigencia. 

Las advertencias tienen un sentido común: terminar con el esquema centralista que domina la Argentina desde tiempos inmemoriales. La economía misionera, pese a todo, atraviesa hoy uno de los mejores momentos, con un intenso movimiento turístico que cerró julio con números mejores a los de 2019 y comercial, una industria en alza y la agricultura con buenos precios. Un esquema más federal pondría a la provincia en otro escenario. 

Misiones cerró una temporada récord con la particularidad de que todavía no llegó el turismo extra Mercosur. Los visitantes se sorprenden con una provincia que supo combinar la selva, el monte y los saltos de agua con “experiencias”, gastronomía y hotelería de primer nivel que ya no está concentrada en un único atractivo. 

Hay que aprovechar la coyuntura cambiaria para consolidar el destino con visitantes de Brasil y Paraguay, para un turismo de compras que puede ser muy positivo. Hoy son miles los compradores de países vecinos que vienen a dejar su dinero en la provincia y eso produce un efecto cadena que estimula la inversión y el consumo. 

Misiones hoy está entre las diez provincias mayor alza en el empleo privado, con un crecimiento interanual del 1,2 por ciento. Tiene 102,1 mil empleos en el sector privado formal y sumó 683 nuevos empleos entre mayo y junio.  Además conserva en el NEA su posición como la  provincia con el mercado laboral formal privado más grande de la región (concentra el  36% del total regional) siendo además la única provincia en tener más de 100 mil  personas bajo esta condición (Chaco registra 76,6 mil; Corrientes 77,5 mil; y Formosa,  26,3 mil). 

Al analizar el desempeño de este indicador, en relación con el mes previo al inicio de la  pandemia (febrero 2020), se observa que el empleo formal privado misionero crece 4,7%, creando 4.536 puestos de trabajo y explicando casi el 33%  del total de los nuevos empleos creados en el NEA durante este período.

La paradoja de la economía argentina es tal que no puede celebrar la creación de empleo:  hoy hay 12.657.000 trabajadores, 544.000 más que en diciembre de 2019. El desquicio de la inflación hace que no alcance. 

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