Herrera Ahuad

La crisis del sector yerbatero llegó al Congreso 

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La Comisión conjunta de Economía y Economías Regionales de la Cámara de Diputados, presididas por Julia Strada y Luis Basterra respectivamente, convocó a una reunión informativa en la que productores, trabajadores y especialistas del sector yerbatero expusieron la profunda crisis que atraviesa la actividad. La jornada puso en evidencia que el sector yerbatero es un caso testigo del modelo de desregulación y abandono del gobierno nacional.
 
La presidenta de la Comisión de Economía Julia Strada señaló al finalizar la misma la necesidad de que desde la política no se queden únicamente con los marcos teóricos, sino que se apunte a resolver problemas concretos: “La realidad que hoy trajeron requiere nuestra intervención urgente. Tendremos distintas miradas, pero requiere nuestra intervención urgente. Por eso, esta comisión convocó hoy a los diputados de todos los partidos, a los tareferos, a los productores, a otros diputados de provincias, a que pudieran contar la realidad”.
 
Luego añadió: “Tres años esa idea y esas leyes tienen resultados concretos, tienen personas, productores, tareferos, que vienen a relatar los impactos en la vida cotidiana de esas ideas que se tradujeron en decretos y en leyes. Y me parece que nuestra responsabilidad política, como diputados y diputadas, es trabajar sobre la realidad, ya no solo sobre los marcos teóricos, sino sobre la realidad”.
 
Por último, reafirmó el pedido para que desde el oficialismo habiliten el debate: “Fíjense que no les pido que firmen dictamen conmigo, tampoco les pido que firmen nuestros proyectos, les pido que abran el debate. Esta casa de la democracia es para eso”.
 
El presidente de la comisión de Economías regionales, Luis Basterra celebró la reunión: “Destacamos la participación de cada uno de los presentes en esta comisión. Seguramente encontremos puntos de coincidencia y puntos en donde debatiremos. Nosotros estamos convencidos que hay otra forma de llegar y de generar posicionamiento de un producto como la yerba que es con con inclusión y desarrollo y no exclusión como viene pasando. Los esfuerzos tienen que estar hechos de manera conjunta”. 
 
El también diputado Oscar Herrera Ahuad dijo:  “El artículo 42 de la Constitución Nacional dice que las autoridades deben proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de mercado y al control del monopolio naturales y legales. El mandato constitucional es la base legal para prevenir los abusos de posición dominante en la economía”.
 
La reunión se desarrolló en un escenario de crisis estructural para el sector: precio del kilo de hoja verde por debajo del costo de producción, imposibilidad de fijar precios de referencia tras el desmantelamiento del INYM, concentración del mercado, recorte del programa IDER como único financiamiento disponible para pequeños productores y cooperativas, y un éxodo laboral creciente hacia Brasil.
 
En su intervención, Ángel Ozeñuk, productor yerbatero y referente de los productores autoconvocados de la zona norte de Misiones (San Vicente, Misiones) remarcó: “Por el 2023, un productor necesitaba para compra 1 litro de gasoil 2kg de hoja verde, hoy en la actualidad el productor necesita 11 kg y medio para 1 litro de gasoil: le pido a las industrias que me digan cómo quieren que sobreviva un productor en la chacra, como quieren que sobreviva la familia yerbatera”.
 
Por su parte, Ana Cubilla, secretaria General del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR) de Misiones denunció que: “A partir del minuto 0 de este DNU, nos desregularon nuestras vidas”.
 
Además, Luis Andruczyszyn, productor yerbatero hizo un poco de historia: “Cumplí 60 años, de los cuales 30 en la lucha. Estuve tranquilo del 2001 al 2023 y hoy salimos devuelta con montón de gente. Estamos devuelta en la cámara de Diputados luchando por lo nuestro”.
 
El caso del sector yerbatero constituye un caso testigo de lo que sucede con la desregulación llevada a cabo por Javier Milei. El DNU 70/2023 llevó a la eliminación de la fijación del precio de la yerba colocando a los productores en una situación de profunda vulnerabilidad. Hoy los productores yerbateros cobran $220 por kg de hoja verde, un valor que representa apenas el 13,1% del precio de góndola, el peor registro desde 2019. La situación es tal que, según el propio INYM, el costo de producir un kilogramo de hoja verde asciende a $424 —sin contemplar impuestos ni rentabilidad—, lo que implica una pérdida mínima de $204 por cada kilogramo cosechado, equivalente al 92,7% de lo que efectivamente recibe el productor. Y esto se agrava por la forma en que cobran: apenas el 50% al momento de entrega, y el resto en cuotas a 30, 60, 90 y hasta 120 días, en un contexto de creciente aumento de cheques rechazados.
 
La brecha entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor final nunca fue tan grande: en términos reales, al productor le pagan un 66,6% menos por kg de hoja verde que lo que correspondería si el precio hubiera seguido la inflación desde diciembre de 2023. Sin previsibilidad de precios y sin garantías mínimas para cubrir costos, miles de productores y trabajadores rurales de Misiones están optando por el éxodo laboral hacia Brasil.
 
Manfredo Seifert, productor yerbatero y vicepresidente de la Federación de Cooperativas (Montecarlo) remarcó: “Haber desregulado la actividad con semejante fallas de mercado ha demostrado que no genera competencia, genera transferencia de ingresos del productor al secadero y del secadero al molino. La desregulación no generó un mercado más competitivo sino uno más salvaje y más concentrado”.
 
A su turno, Susana Cuadra, productora yerbatera en Colonia Itatí denunció: “Mis hijas están en la universidad y hoy la mamá muchas veces no le puede dar $20.000. Les tengo que decir esperen, a ver de dónde salen esos $20.000. Es muy injusto, muy triste.”
Cristian Castro, diputado provincial de Misiones por el Partido Agrario y Social (PAyS) denunció la concentración del sector: “El 80% de los productores de yerba mate tienen menos de 30 has. Estamos hablando de minifundios y es lo que caracteriza a la provincia de Misiones. Del otro lado vemos el otro eslabón de la cadena yerbatera que son los que demandan la hoja verde y podemos ver la concentración: las 2 primeras tienen el 40% del mercado y las 10 primeras concentran el 80% del mercado”.
 
A todo esto, se suma el recorte de $1.705 millones al Programa IDER, el único instrumento de financiamiento público al que podían acceder los pequeños productores y cooperativas para modernizar maquinaria e infraestructura, eliminado en el momento de mayor fragilidad del sector.
 
A la hora de los números. Javier Gortari, economista y ex Rector de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) se preguntó: “¿Qué paso en estos años de desregulación a partir del decreto 70/23? El mercado de yerba mate produce una riqueza de USD 1.000 millones e históricamente el sector primario obtenía el 10% del precio en góndola lo cual lo llevaba a participar en un 30% en la riqueza total. Hoy le pagan la mitad, osea que ha perdido USD 150 millones. Esos USD 150 millones lo ha perdido el sector primario y la provincia”.
 
Hugo Marcelo Humeniuk, productor yerbatero e intendente de Concepción de la Sierra, Misiones hizo foco en la importancia del INYM: “En estos 20 años del INYM se mejoraron las condiciones del trabajo de toda la cadena. Se ha erradicado el trabajo infantil gracias a un Instituto y con el convenio de corresponsabilidad gremial. Ahora estoy viendo que se está volviendo a precarizar el trabajo”.
 
Jorge Skripczuk, productor yerbatero y presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, reveló el desastre que causó el DNU: “En diciembre de 2023 el presidente Milei anunció mediante el DNU 70/2023 la desregulación del mercado yerbatero. Esto freno 2 décadas de crecimiento y desarrollo de más de 13.000 productores y 15.000 cosecheros. La gran mayoría de la provincia de Misiones”.
 
Al hacer uso de la palabra Edgar Gustavo Hein, presidente de la Federación de Economías Agrícolas de Misiones reportó: “Hoy estamos en una situación de abandono. Vemos que hay un porcentaje importantísimo de productores que están siendo expulsados del sistema, están abandonando sus producciones por una cuestión muy simple: la rentabilidad no le alcanza ni siquiera para limpiar sus yerbales”.
 
El objetivo del encuentro fue poner en debate, con datos concretos y voces de primera mano, las consecuencias que tuvo la política de desregulación del gobierno nacional sobre la producción yerbatera, las economías regionales del NEA y las familias de cada provincia afectada. 

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Herrera Ahuad propone reducir el IVA al agua potable por ley

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El diputado nacional de Encuentro Misionero, Oscar Herrera Ahuad, presentó un proyecto de ley que propone reducir del 21% al 10,5% el IVA aplicado sobre la provisión de agua potable. Pero detrás de la modificación tributaria nacional aparece una discusión política más profunda: el rol del Estado frente a los servicios esenciales y la presión fiscal que soportan los hogares argentinos.

La iniciativa plantea incorporar el servicio de agua potable dentro de las actividades alcanzadas por la alícuota reducida del IVA, argumentando que el esquema nacional actual resulta incompatible con la condición de derecho humano fundamental que posee el acceso al agua potable.

Sin embargo, el trasfondo político del proyecto va más allá del aspecto técnico tributario. En un escenario nacional atravesado por recortes, ajuste fiscal y debates sobre subsidios y tarifas, la propuesta de Herrera Ahuad se posiciona como un mensaje orientado a discutir cuáles deben ser los límites de la carga impositiva sobre bienes esenciales.

Un debate sobre impuestos y derechos básicos

El proyecto pone sobre la mesa una discusión que atraviesa a toda la Argentina: hasta qué punto el sistema tributario nacional puede tratar igual a consumos esenciales y a bienes prescindibles.

En los fundamentos, el exgobernador sostiene que el agua potable no puede continuar soportando una alícuota del 21%, equivalente a la tasa general del IVA, mientras otros bienes y servicios ya cuentan con tratamientos diferenciales por razones sociales o estratégicas.

La mirada política del proyecto se apoya en una lógica de protección del acceso básico a servicios esenciales, una postura que históricamente fue defendida desde distintos espacios provinciales y federales frente a políticas nacionales de ajuste o desregulación.

En ese sentido, la propuesta de Encuentro Misionero vuelve a colocar en agenda un enfoque que combina equilibrio fiscal con mecanismos de alivio social sobre consumos considerados imprescindibles.

El impacto social como eje político

Uno de los puntos centrales del proyecto es el reconocimiento del carácter regresivo del IVA. Herrera Ahuad plantea que el impuesto afecta proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos, especialmente cuando recae sobre servicios que no pueden dejar de consumirse.

Desde esa perspectiva, la reducción del IVA sobre el agua aparece no sólo como una herramienta económica, sino también como una definición política vinculada al acceso igualitario a derechos básicos.

El texto destaca que el beneficio alcanzaría de manera directa a todos los usuarios residenciales del país, generando un alivio automático sobre las facturas sin necesidad de nuevos sistemas de subsidios o mecanismos burocráticos.

Señal política desde Misiones

La presentación del proyecto también tiene lectura política en clave federal. Desde hace años, distintos dirigentes misioneros vienen sosteniendo críticas hacia la estructura tributaria nacional y el esquema de distribución de recursos.

En ese contexto, la iniciativa de Herrera Ahuad busca posicionar a Misiones dentro del debate nacional sobre tarifas, presión impositiva y servicios públicos, impulsando una propuesta concreta vinculada a uno de los consumos más sensibles para la población.

Además, el proyecto aparece en un momento donde el Congreso comienza a reactivar discusiones vinculadas al costo de vida, ingresos y sostenimiento de servicios esenciales, temas que atraviesan de lleno la agenda social y política argentina.

La propuesta deberá ahora avanzar en el tratamiento parlamentario, donde podría convertirse en un nuevo foco de discusión sobre la estructura del IVA, la función social de los impuestos y el alcance de las políticas públicas en un contexto de fuerte tensión económica.

Otra iniciativa para bajar impuestos

El diputado nacional Herrera Ahuad presentó días pasados un proyecto de ley que busca establecer una alícuota reducida del Impuesto al Valor Agregado del 10,5% para la fécula de mandioca, producto actualmente gravado con la alícuota general del 21%. La propuesta incorpora a la fécula de mandioca, comprendida en la Partida 1108.14.00 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), al artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997.

La iniciativa replica el tratamiento que recibió oportunamente la harina de trigo mediante la ley 26.151, que redujo su alícuota al 10,5%. En los fundamentos, Herrera Ahuad señala que la mandioca, junto con la yerba y el té, es uno de los cultivos más representativos de Misiones, y que existen alrededor de 10.000 productores distribuidos en la provincia, con el 75% de la producción destinada a consumo en fresco.

La dimensión industrial del sector tiene carácter exclusivo en el país. El 100% de las industrias que producen fécula se encuentran en la provincia de Misiones, con 11 industrias relevadas, de las cuales 4 son cooperativas y 7 empresas familiares. La cadena de valor involucra a productores, cooperativas, industrias de molienda y procesamiento, transportistas y empresas alimentarias.

La reducción fiscal tendría impacto en la competitividad del sector frente a mercados regionales como Brasil y Paraguay. Además, el proyecto destaca el uso de la fécula de mandioca en el desarrollo de alimentos innovadores para nichos de mercados específicos, como lo son los productos libres de gluten, con efectos en la sustitución de insumos importados y mayor disponibilidad de productos sin TACC.

El proyecto señala que la escala productiva del sector es relativamente acotada, con un volumen anual promedio cercano a las 18.000 toneladas, por lo que la adecuación de la alícuota no implicaría un impacto fiscal significativo a nivel nacional. En los fundamentos, el legislador remarcó que la medida constituye una herramienta estratégica para promover la inclusión alimentaria, el desarrollo regional y la competitividad del sector, al tiempo que corrige una inequidad tributaria histórica.

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Rossi y Herrera Ahuad piden informes al Ejecutivo sobre el impacto del DNU 70/23 en el sector yerbatero

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Acompañado por el misionero Oscar Herrera Ahuad, el diputado nacional Agustín Rossi presentó en el Congreso un proyecto de pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de obtener precisiones sobre las medidas adoptadas en relación al sector yerbatero, en particular a partir de la implementación del DNU 70/2023.

En el marco de una reciente visita a Posadas, Rossi mantuvo reuniones con productores yerbateros, quienes le transmitieron la crítica y angustiante situación que atraviesa el sector. A partir de estos encuentros, se impulsó la presentación del pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Nación.

El proyecto fue acompañado por el ex gobernador de Misiones y actual diputado Oscar Herrera Ahuad, la diputada correntina Nancy Sand y las diputadas de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz y Roxana Monzón, quienes ya habían presentado el año pasado un proyecto vinculado a la situación del sector yerbatero.

El proyecto se estructura en dos ejes. Por un lado, solicita información detallada sobre los fundamentos, objetivos y criterios que motivaron la inclusión de modificaciones vinculadas a la actividad yerbatera dentro del DNU 70/23, así como las instancias de consulta -si las hubo- con los actores del sector. Es un argumento similar a la demanda presentada por los productores para que la Justicia declare la inconstitucionalidad del capítulo yerbatero del DNU, ya que a la hora de su dictado, el Presidente no exhibió argumentos sobre la necesidad y urgencia de modificar una cadena que venía funcionando con estabilidad. 

En este punto, se pone especial énfasis en los cambios introducidos en el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate, particularmente en lo referido a sus facultades para regular la actividad, fijar precios de la materia prima y ordenar el mercado, y su impacto en el equilibrio de la cadena productiva, especialmente para pequeños y medianos productores.

Por otro lado, la iniciativa requiere al Ejecutivo un relevamiento exhaustivo de la cadena productiva de la yerba mate, incluyendo antecedentes recientes, niveles de producción, condiciones de comercialización y el impacto económico y social de las medidas adoptadas en cada uno de los eslabones.

En ese sentido, Rossi solicita información precisa sobre cómo las decisiones del Gobierno nacional afectan a productores, cooperativas, trabajadores rurales e industriales, en una actividad estratégica para las economías regionales, particularmente en provincias como Misiones y Corrientes.

“El sector yerbatero cumple un rol central en el entramado productivo del noreste argentino. En ese sentido, resulta fundamental contar con información precisa sobre el impacto de las modificaciones introducidas por el DNU 70/23 y los cambios en el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), a fin de evaluar sus consecuencias y garantizar condiciones de desarrollo equitativas para todos los actores involucrados”, señala el texto del proyecto.

En síntesis, la información solicitada resulta indispensable para evaluar de manera integral los efectos de las recientes modificaciones normativas sobre la cadena productiva de la yerba mate, específicamente en relación al impacto que las decisiones adoptadas tuvieron sobre esta economía regional, sus productores y el bienestar de los trabajadores involucrados.

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Diputados aprobó el Presupuesto 2026, pero rechazó un capítulo clave para el oficialismo

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El oficialismo consiguió la aprobación en general del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. No obstante, la alegría oficialista trocó por decepción poco más de una hora después. A las 0.19 de este jueves se inició la votación en particular, que tal cual se había votado al principio de la sesión, se hizo por capítulos (12 en total). Esa propuesta generó fuerte discordia, pues mereció insistentes reproches a lo largo de la jornada. Al punto tal que durante la votación en particular, antes de llegar al capítulo de la discordia, el XI, hubo una moción de reconsideración presentada por Nicolás del Caño, que fue rechazada (tuvo 115 votos a favor y 124 en contra ese pedido).

Es que durante toda la sesión sobrevoló la polémica en torno al Capítulo XI, donde se encontraba el artículo 75°, que derogaba las leyes de Emergencia Nacional en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Claramente la decisión oficial de votar por capítulos tenía por objeto “blindar” ese artículo en particular. Previsiblemente entonces la votación de ese capítulo atrajo toda la atención y terminó siendo votada cerca de la 1.30 de la madrugada. Sorpresivamente el capítulo completo fue rechazado por 115 votos a favor, 124 en contra y 2 abstenciones.

Los diputados misioneros del Frente Renovador Neo acompañaron la sanción del Presupuesto Nacional y fundamentaron su decisión en un eje central: “un país sin presupuesto es un país sin rumbo”. En ese marco, sostuvieron que contar con una ley de gastos aprobada, debatida y transparente resulta indispensable para dar previsibilidad económica, asegurar el funcionamiento del Estado y limitar la discrecionalidad de la administración central.

Desde el bloque señalaron que la aprobación del presupuesto no es un trámite formal, sino una herramienta concreta de planificación: fija prioridades, ordena el uso de los recursos públicos y establece criterios para una distribución equitativa. Según explicaron, el objetivo fue evitar que la Argentina vuelva a quedar sin un marco presupuestario, escenario que -advirtieron- amplía márgenes de arbitrariedad y debilita la estabilidad institucional.

Registrado ese traspié, desde la propia oposición intentaron salir al rescate de algunos artículos “caídos” con el rechazo del Capítulo XI. Fue ahí que Nicolás Massot, del interbloque Unidos, propuso incorporar una serie de artículos correspondientes al dictamen de minoría de esa bancada, que incluían cuestiones tales como la eximición de derechos de importación del INVAP, presupuesto de la CONAE y la prórroga de la Ley de Energías Renovables.

Con los efectos del impacto negativo que el rechazo había generado en el seno del oficialismo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, optó poco antes de las 2 de la madrugada pasar a un cuarto intermedio para analizar las propuestas.

Sin embargo, al retornar media hora después, si bien parecía que se había aceptado la propuesta, tras un intento fallido de Germán Martínez por interpretar la situación, se pasó directamente a la votación del Capítulo XII, desechando cualquier alternativa para recuperar algo de lo que se había perdido.

En un último intento para garantizar más la protección de ese capítulo, antes de iniciar la votación en particular, el miembro informante de LLA, Bertie Benegas Lynch había comunicado la decisión de sumar al dictamen dos modificaciones. La primera de ellas refería a agregar un artículo relacionado a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del Capítulo XI sobre “Otras disposiciones” a continuación del artículo 78.

De esta manera, procedió a leer la redacción del artículo 79: “Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de la Nación en el marco de la causa ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad cobro de pesos de la Corte Suprema de Justicia 1865/2020”.

En el Capítulo XI también sumaron el artículo 80 respecto de la “modificación en las planillas de la jurisdicción 5 Poder Judicial”, y procedió a leer lo que propone: “Disponese que el jefe de Gabinete de ministros, a través de decisión administrativa, asignará dentro de la jurisdicción cinco Poder Judicial de la Nación la suma de pesos 21,347 millones correspondiente al inciso 4 de la categoría 8 ‘Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación’ a la categoría 1 actividades centrales, actividad 4 gestión del Consejo de la Magistratura con imputación al inciso 4 de dicho programa presupuestario”.

Hecha la propuesta, tomó la palabra el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien planteó que “por el articulado deben ir en el Capítulo II ambos artículos. No se ponen en cualquier capítulo. Sino hagan un capítulo nuevo. Tenemos que ser un poco más leales y advertimos que no se pueden tratar temas que no ha mandado el Ejecutivo”.

En el mismo sentido se manifestó Maximiliano Ferraro quien alertó que “es una extorsión la propuesta porque quiere incorporar una deuda legítima a la Ciudad de Buenos Aires que vienen reclamando hace tiempo. Es parte del chantaje y transacciones”.

También se pronunció en contra el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, quien alertó que “se está consumando el cuadro de lo que están intentando hacer en el desarrollo de la votación en particular” y explicó que “quieren blindar el artículo 75 y por eso meten cosas en el Capítulo XI. Coincido con el diputado Ritondo”.

El santafecino advirtió que “están cometiendo una perversidad agregando el financiamiento del Poder Judicial en el Capítulo XI con la única finalidad de que si algún juez osa suspender la aplicación de la votación de este capítulo se le cae la guita. Esto hay que decirlo, están convirtiendo el artículo 75 en la contradicción de todo el articulado y por eso están votando por capítulos. Están queriendo blindar el 75. Son unas chantas, pero ¿dónde están las fuentes de financiamiento de lo que están agregando?”.

Salió en defensa del oficialismo Silvana Giudici, quien la emprendió contra el kirchnerismo diciendo que “compraban votos a cambio de obras públicas y en este recinto hicieron el fraude más grande de la historia, así que cierren la boca cuando hablan de gallos y medianoches”. Y agregó: “Que se quede tranquilo Martínez, le puedo explicar que cuando uno agrega un artículo tiene que correr lo que va a agregar, que va en la sección de ‘otras disposiciones’”, y aseguró que el Capítulo XI “no corre ningún riesgo y la asignación va a salir del Presupuesto Nacional”.

Con los tapones de punta salió el diputado Pablo Juliano quien chicaneó: “A ver campeón de la vida en el Capítulo IX podés decir ‘De las provincias y del Gobierno de la Ciudad’ y no le haces trampa a los discapacitados. Genio de la ocurrencia, campeón de ubicar artículos a la medianoche y recontra cagarte en la gente. Lo podés poner en el Capítulo IX y evitás que Giudici se angustie para que no se le mueva la planilla. Ahí meten el acuerdo político, pero no a costa de las universidades y de las personas con discapacidad. Atorrantes”.

Habló a continuación el diputado del Pro Alvaro González, quien aclaró que él tenía que ver con las dos modificaciones propuestas por el oficialismo: una por ser legislador por la Ciudad de Buenos Aires; y la otra por ser miembro del Consejo de la Magistratura. “En función de lo decidido en Labor, que se vota por capítulo, no voy a entrar en el ‘plan canje’ y quiero que quede constancia de que no voy a acompañar el Capítulo XI de este Presupuesto”.

El Capítulo XI, uno de los más polémicos, incluye una incorporación al texto que La Libertad Avanza formalizó esta semana: el artículo 75 propone la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, votadas este año por el Congreso, vetadas posteriormente por el presidente Javier Milei e insistidas por ambas cámaras por dos tercios de los votos.

En el artículo siguiente, el oficialismo sumó que “los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la ANDIS, en forma conjunta, a propuesta del directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”.

“Para los casos en que dicha determinación no se efectúe dentro del período estipulado, los valores de los aranceles serán establecidos por el Ministerio de Salud tomando como referencia el Índice de precios al Consumidor (IPC)”, añade el texto, que busca apaciguar la propuesta de derogación de una ley sobre la que el Poder Ejecutivo acaba de sufrir un fallo judicial adverso.

En cuanto al presupuesto universitario fija una partida en $4,785 billones.

Por el contrario, los dictámenes alternativos de la oposición, tanto de Unión por la Patria como del interbloque Unidos, proponían incorporar estas dos leyes y la de Emergencia Pediátrica como parte del Presupuesto.

En tanto, el artículo 70 establece la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, de manera que los montos no queden atados a la movilidad previsional, sino que serán a discreción del Ejecutivo.

En cuanto a la Ley de Zonas Frías se elimina la ampliación de localidad y provincias votada en 2021, retrotrayendo el beneficio de los subsidios en las tarifas de gas únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna. Es el artículo 69.

Otro artículo que genera polémica en el dictamen de LLA es el 30: prevé la derogación de artículos de distintas leyes relacionadas a financiamiento en educación, ciencia y defensa.

En el dictamen, de 83 artículos, se prorroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovable y se incorpora un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026.

En una de las modificaciones sumadas a último momento, con el objetivo de garantizar el apoyo Pro, se incorporó la facultad al jefe de Gabinete para “efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables” para que Nación cumpla con el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la coparticipación adeudada por la quita de fondos al distrito durante la gestión de Alberto Fernández.

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Diputados convoca a legisladores electos y el Gobierno define el calendario de sesiones extraordinarias

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La Cámara de Diputados de Nación convoca a la Sesión Preparatoria, Herrera Ahuad asumirá su banca, junto a los demás diputados electos el pasado 26 de octubre, el 3 de diciembre en el Congreso

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación convocó formalmente a los legisladores electos para la Sesión Preparatoria del 3 de diciembre a las 13, instancia en la que el misionero Oscar Herrera Ahuad asumirá su banca como diputado nacional. El acto incluirá la toma de juramento a los representantes de todo el país y la elección de autoridades parlamentarias para el nuevo período legislativo, en un contexto donde el oficialismo evalúa desdoblar las sesiones extraordinarias para avanzar con reformas clave.

Juramento, autoridades y transición legislativa: la agenda institucional del Congreso

El secretario parlamentario Adrián Pagán formalizó la citación a los diputados electos mediante un documento al que tuvo acceso Economis, confirmando que la Sesión Preparatoria se realizará el martes 3 de diciembre a las 13 en la Cámara baja.

En ese marco, el presidente de la Legislatura misionera y diputado nacional electo, Oscar Herrera Ahuad, asumirá su cargo y reiteró su compromiso de “seguir trabajando desde el Congreso por los intereses y las prioridades del pueblo misionero, fortaleciendo el federalismo y acompañando a nuestra provincia”.

La sesión también definirá las autoridades parlamentarias que conducirán la Cámara de Diputados durante el nuevo período, un punto sensible para la futura dinámica política entre los bloques.

Mientras tanto, en la Cámara alta, los 24 senadores electos en octubre jurarán el 28 de noviembre a las 11, aunque sus bancas se harán efectivas recién el 10 de diciembre, en simultáneo con la renovación de la Cámara baja.

Reformas, calendario legislativo y el debate por las sesiones extraordinarias

En paralelo al recambio parlamentario, el Gobierno analiza un desdoblamiento de las sesiones extraordinarias, con el objetivo de ordenar el tratamiento de iniciativas consideradas prioritarias para el segundo tramo de la gestión.

Según la agenda evaluada por el oficialismo: El Presupuesto 2026 se trataría entre el 10 y el 31 de diciembre. En ese mismo período ingresaría el debate del proyecto de presunción de inocencia fiscal, presentado como el “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos”.

Aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, manifestó su voluntad de extender las sesiones a enero, el escenario más probable es un receso durante ese mes, con la actividad retomándose entre el 1 y el 28 de febrero.

El ordenamiento del calendario legislativo definirá no solo el ritmo de la discusión presupuestaria, sino también la capacidad del oficialismo para instalar iniciativas económicas con impacto macrofiscal en un Congreso que inicia una nueva configuración política.

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