En un escenario de caída de la recaudación, las finanzas de la provincia están en dificultades
Uno de los principales puntos de preocupación que manifiestan los gobernadores de las provincias argentinas, en relación a la parálisis de la actividad económica producida por la cuarentena obligatoria que ya lleva un mes, tiene que ver con la caída en la recaudación y su consecuencia directa con las transferencias automáticas de coparticipación y leyes especiales a sus jurisdicciones.
Marzo ya mostró un fuerte impacto, y las proyecciones estimaban que el golpe podía ser un poco más fuerte en abril. Ahora, el análisis de los datos en lo que va del mes, hasta el 17 de abril inclusive, muestran que la caída no es aún tan fuerte como podía preverse, pero sí lo es lo suficientemente grande como para generar un gran problema en las arcas provincias.
En lo que va de abril, la provincia de Misiones recibió en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensación del consenso fiscal un total de $1.835,6 millones. Si se lo compara con el mismo período del 2019, los envíos tuvieron un crecimiento del 29,2%, quedando entonces casi veintidós puntos por debajo de la inflación interanual registrada para marzo en la región del NEA, quedando así manifestada la fuerte caída en términos reales que sufre la provincia.
Además, si la comparación se realiza sobre el mismo período del mes de marzo, se observa una caída del 10%.
Es de destacar, sin embargo, que el volumen de transferencias ha crecido a medida que se desarrollaba el mes: hasta el 14 de abril, los montos diarios finales no superaron en ningún los $200 millones, pero en los últimos tres días los mismos han crecido, superando en cada uno de ellos los $300 millones diarios. Analizando cada uno de los ítems que conforman estas transferencias, se observan disparidades en los comportamientos que ponen en evidencia las particulares de la coyuntura económica actual del país: las transferencias por CoparticipaciónFederal neta de Ley 26.075 (que incluye a Ganancias, impuestos internos a diversos bienes y servicios, impuestos a las transferencias de inmuebles, juegos y concursos deportivos, entre otros) sufre una caída interanual del orden del 34,8% (y comparado con marzo, viene cayendo un 40,9%).
A su vez, los envíos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se trata de una variable que mide el nivel de consumo, crecieron en lo que va de abril apenas un 14,8% interanual, quedando más de treinta y cinco puntos porcentuales debajo de la inflación. Comparando con marzo, viene sufriendo una caída del 34,4%.
Las transferencias por el Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes, o mejor conocido como monotributo, crece a nivel interanual un 0,3%; y frente a marzo, cae un 19,2%.
Del otro lado, vemos altos crecimientos en otros ítems, que tienen que ver con cambios en la normativa de distribución y calendario de vencimientos, y no con el movimiento económico actual: los Impuestos a los Bienes Personales crecen interanualmente un 654,9%; el Financiamiento Educativo un 153,6% y el Impuesto a los Combustibles un 67,1%.
En términos generales, este crecimiento del 29,2% interanual en el total de las transferencias automáticas a Misiones, implican una pérdida en términos reales de poco más de $300 millones para la provincia.
Sin embargo, en la última semana Misiones recibió $654 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para afrontar los desajustes de caja y afrontar acciones contra la pandemia del COVID-19. Y si se le agrega otros envíos del Gobierno nacional entre finales de marzo y comienzos de abril, esa cifra asciende a los $913 millones.
Con eso, la provincia ve compensada la pérdida real de coparticipación y también compensa la caída de la recaudación provincial, que aún sin datos oficiales se estima que estaría cerca del 40%.
Queda poco menos de medio mes que será crucial en términos de cuentas públicas: si se sostiene un ritmo de crecimiento similar al mostrado en la primera quincena, la caída de abril podría entonces no ser tan dramática como la que se proyectó. Caso contrario, el aporte del Gobierno nacional deberá ser aún más fuerte para que las cajas provinciales puedan afrontar obligaciones básicas, como la salarial.
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