Las pymes denuncian que hay menos accidentes laborales pero un 25% más de litigiosidad para reforzar la presión por la reforma laboral.

Los dueños de pequeñas y medianas de empresas nucleadas en CAME denuncias sobre una creciente demanda de juicios laborales perpetrados por abogados “caranchos” que ahogan su economía y productividad.

En muchos casos, los empleados son instruidos, según dicen, para que hagan juicios por accidentes que tal vez no tuvieron origen en el trabajo.

El caso que destacan es que el repunte de la litigiosidad tiene como característica que el 90% de las causas judiciales iniciadas el año pasado fue con determinaciones previas de 0% de incapacidad por aplicación del baremo y confirmadas por las comisiones médicas dependientes de la superintendencia nacional.

El abogado Néstor Expósito relativiza tales conclusiones y señala que “la realidad científica desmiente un masivo ejercicio abusivo de los trabajadores para denunciar inexistentes e inventadas irregularidades laborales que luego derivan –con aparente complicidad de los jueces y abogados– en resarcimientos e indemnizaciones de tal magnitud que obligan a quebrar a empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Menos aún: la mayoría de los conflictos laborales no llega al ámbito judicial. Se resuelven (o no) fuera de los tribunales”, afirma.

Sin embargo, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) viene reflejando el contraste del año pasado entre el fuerte incremento de la litigiosidad y una siniestralidad que se mantuvo siempre estable, en un nivel relativamente bajo.

Hubo en el último año 36 incidencias cada 1.000 trabajadores, apenas 0,1 puntos porcentuales más que en 2022, y 2,9 puntos más que en 2021, pese a lo cual el índice de judicialidad creció de manera sustancial.

Atribuyen la reversión en la tendencia a la que consideran una injustificada demora, ya de 7 años, en la constitución de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF), como exigía la ley, votada por consenso generalizado de todas las partes, lo que redundaría en una respuesta eficiente.

La Ley 27.348 prevé que esos cuerpos de peritos judiciales los integren profesionales de medicina laboral, elegidos por concurso de antecedentes, aunque en la práctica, según señalan, simplemente vienen anotados en un listado.

Números en alza

El año pasado se registraron 117.348 juicios por accidentes laborales: un 23,8% más que en 2022, 48% respecto de 2021 y 163% más que en 2020, año de la pandemia del Covid-19.

Y se venía de un pico máximo histórico en 2017, con 130.679 juicios, pero con la reforma laboral en 2018 se redujeron a 80.038 y en 2019 a 67.898 procesos.

De hecho, las cifras nacionales indican un fuerte descenso en la cantidad de accidentes de trabajo, un 70 por ciento en los últimos veinte años.

Sin embargo, la cantidad de juicios ha crecido exponencialmente, según la proyección de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo,, que indica que habrá este año más de 122 mil nuevos juicios, la mayoría en la Ciudad de Buenos Aires.

Queja Pyme

“Hay un carancheo organizado a la salida de las clínicas que hacen medicina laboral. Los trabajadores son abordados incluso por trapitos que les dan las tarjetas de abogados que los convencen de iniciar juicio”, dice un pequeño empresario en una oficina de un parque industrial del sur del Gran Buenos Aires.

“Uno de mis empleados me dijo que necesitaba la plata y que no estaba haciéndole ningún daño a la fábrica, porque nos quería cuidar. Que la que iba a pagar era la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, la ART”, relata otro.

“Nuestra empresa era una multinacional. La compramos, y ahora somos una firma argentina. Las demandas que nos hacen por una cervicalgia, lumbalgia, o una hernia posteriores al cese de la relación laboral son todas iguales, casi calcadas, y presentadas por los mismos abogados”, señala otro.

La existencia de fraudes es confirmada por un juez en lo laboral bonaerense: “Los magistrados conocemos la situación y yo personalmente creo que el marco legal tendría que ser modificado”.

Los peritos se asignan por sorteo entre un listado de profesionales privados. “Ese es uno de los principales problemas. Los peritos del Poder Judicial fueron jubilándose y sus puestos dejados vacantes. Es difícil conseguir un médico que vaya a trabajar y cumplir horario por el bajo sueldo que se paga”, explica el juez.

Una vez que se tiene el resultado de la pericia, negativo para ellos, los empresarios comprenden que les conviene conciliar antes de la sentencia.

“Las demandas son de 500 a 600 mil pesos, que con el interés y actualización se duplican hasta un millón 200 mil. Una sentencia así puede llevar a una Pyme a una situación difícil, hasta a una quiebra” advierte.

“Si el trabajador pierde el juicio, igual tenemos que pagar. Un abogado pidió 900 mil pesos por una lumbalgia, y aunque la pericia dio cero de incapacidad, igual tuvimos que desembolsar 150 mil pesos entre costas de abogados y honorarios de peritos, porque son una proporción de la demanda, independientemente del resultado”, detalló un empresario.

“Con el aumento de la cantidad de juicios, las ART enfrentan un costo de miles de millones de dólares y se lo trasladan a las Pymes industriales en el valor de la alícuota. Ha subido desde el 2 o el 3 por ciento cuando se inició el sistema hasta la actualidad, de un 15 a un 20 en algunos casos”, precisó.

“Nosotros calculamos el costo laboral en un 25%, porque cuando un obrero deja de trabajar lo tenemos que reemplazar temporalmente por otro. Es una época difícil, que nos requiere que seamos competitivos. Pero así, es imposible”, indicó.

Los que desmienten

En cambio, los que cuestionan la existencia de una industria del juicio, como Espósito, aducen que en diez años litigó el 1,9% del universo de trabajadores, según la Cámara Nacional del Trabajo. 

La estadística abarca al empleo formal e informal. El récord de demandas se dio en 1990 y 1991 con el proceso privatizador, subraya.

La Cámara Nacional del Trabajo publica mensualmente las estadísticas del fuero. 

La de marzo de 2024 (es decir que son datos actualizados) incluye también un relevamiento de la última década.

Entre 2014 y 2024, según surge del informe, se emitieron 257.011 sentencias definitivas, poco más de 25 mil por año. 

Tomando como base que el universo de trabajadores (entre formales e informales) es de unos 13 millones y medio de personas, los litigios estrictamente laborales de los últimos diez años involucraron al 1,9% de esa masa.
 

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