Las organizaciones sociales nucleadas en la Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha (Movimiento Evita; CTEP, Corriente Clasista y Combativa y la Federación Juvenil Comunista) lograron el hecho histórico de frenar un desalojo junto al trabajo político del Ministerio de Derechos Humanos, el Partido Agrario y Social y la Defensoría del Pueblo de Posadas. Desalojo decidido por un representante del Poder Judicial como es el juez de Instrucción 2, Fernando Luis Verón, hacia una familia numerosa y en situación vulnerable, pasando por encima de la Ley provincial que respalda sus derechos.
Se trata de Carina Raquel Pacheco, sus hijos y nietos que viven desde hace 20 años en un predio con su casa construida en las calles 113 y 88 de la chacra 114 de Posadas, quien luego de sufrir un permanente hostigamiento por medio de un supuesto propietario, recibió la orden de desalojar el lugar, de parte del juez, Fernando Verón, decisión que este viernes quedó sin efecto, gracias a la intervención de dirigentes políticos comprometidos con la población y los y las militantes de movimientos sociales, que cada vez que se vulnera un derecho salen a luchar en las calles.
“Evitamos una injusticia”
El legislador Martín Sereno, definió la resolución del conflicto como una “gran victoria”. Dijo que lograron frenar el desalojo que es lo que corresponde “si decimos respetar el Estado de derecho. Ya que a pesar de que la familia Pacheco vive en el lugar desde hace 20 años, habiéndose registrado en el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) y aún cuando su situación es respaldada por la Ley XII N° 28 (Ley madre que establece la suspensión de los desalojos), y la Ley XII N°35 que prorroga el plazo de suspensión al 31 de diciembre del 2019; un juez ordenó el desalojo, acatado por el Ministerio de Gobierno que mandó a cumplir la orden a unos 200 policías a su cargo, pasando por encima de una ley sancionada por la Cámara de Representantes de Misiones”, expresó.
Jueces tendrán que dar cuentas de sus actos
Atento a esta injusticia, el Partido Agrario y Social envió notas al Tribunal Superior de Justicia manifestando su preocupación por lo que claramente es un avasallamiento por parte del Poder Judicial, sobre una Ley sancionada por el Poder Legislativo; además, el abogado de la familia presentó un amparo y la Defensoría un “amicus curiae”.
“El Poder Judicial es el que más debe cumplir y hacer cumplir las leyes sancionadas. Por esta razón también se hicieron presentaciones ante este expediente viciado de irregularidades. Y se están estudiando medidas contra los jueces que llevaron adelante este avasallamiento”, explicó el diputado Sereno.
La sociedad en defensa de la ley
Numerosas organizaciones sociales y vecinos de la chacra 114, acompañaron el reclamo que tomó una gran trascendencia pública, ante la posibilidad de que la Justicia siente un “terrible precedente”.
“Queremos vivir en un Estado donde se respetan los derechos de cada ciudadano y ciudadana, y esta orden de desalojo no los vulneraba, al punto que tuvo que ser la sociedad la que frene el accionar de la Justicia en su avasallamiento de la ley”, dijo Sereno.
La influencia de la mala política
Con el correr de los días, las múltiples irregularidades en la causa, y la influencia de cierto sector nefasto de la política, dejó en evidencia distintos artilugios que pretendían forzar el avance sobre los derechos de la familia de Carina Pacheco.
“Es vergonzoso lo que pasó, con una indudable influencia de parte del Poder político en la figura de Marcelo Cantero (hijo del ex juez de San Vicente, y vicnulado al intendente de Posadas, Joaquín Losada) y de un sector del Ejecutivo Provincial que evidentemente tiene influencia en las decisiones de la Justicia misionera.
Para nosotros, esto rompe con el Estado de derecho y con el contrato social que establece la independencia de los tres Poderes”, fustigó el diputado del PAyS.
“Es una gran victoria popular”
El legislador también consideró que frenar ese injusto desalojo, fue consecuencia de una victoria popula. “Por suerte el desalojo quedó sin efecto, y esto constituye una nueva victoria popular en el sentido de hacer respetar las leyes. En este caso el pueblo hizo que se ajuste a la norma, algo que no tuvo en cuenta la institución judicial que debe ser garante de los derechos de la población. Un Poder que pretendía expulsar a la calle a toda una familia con hijos y nietos, despojándolos de sus derechos con el único argumento de un expediente plagado de irregularidades”.
El legislador celebró la actitud política y militante de la ministra de Derechos Humanos, Lilia “Tiki” Marchesini, del Defensor del Pueblo, Alberto Penayo y de los integrantes de las organizaciones sociales: hombres y mujeres que cada vez que toman conocimiento de la vulneración de un derecho, actúan en defensa propia hacia quienes reconocen como parte de la clase trabajadora.

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Redacción Economis

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