Una candidata de la Rioja acusó a la policía de desalojarla de una escuela

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El hecho ocurrió en la escuela N°41 de Villa Castelli, donde la Candidata a Viceintendenta de la localidad Adriana González fue desalojada por la policía.

La candidata argumentó que se encontraba reponiendo votos de su lista, expresando “la ley permite que los candidatos y fiscales generales, debemos garantizar la reposición de votos. No están destruyendo y sacando las boletas de la lista Somos”, acusando a las fuerzas de seguridad de desconocer la ley electoral.

La candidata para la viceintendencia tiene una ardua contienda electoral, ya que están en pugna tres listas más del Frente de Todos, por los mismos cargos. Más una lista de Libertad Avanza, la única opositora.

En esta localidad solo hay 1765 electores y 6 mesas habilitadas, siendo las escuelas N°8 y N°41 de Villa Castelli, las elegidas para los comicios.

Fuente: MediosRioja

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La Provincia busca alternativas para amortiguar el drama social tras desalojo

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Las 14 familias agricultoras que fueron desalojadas de un lote de Picada Guaraní, en Fracrán, se reunieron hoy con la subsecretaria de Tierras de la provincia, Sonia Melo, con el fin de analizar alternativas para subsanar el drama social provocado por la destrucción  de las viviendas y la pérdida de sus medios de producción. 

En la reunión que se desarrolló en el salón del Bicentenario de San Vicente, la funcionaria refirió que el Estado trabaja para encontrar una alternativa de solución o eventual reubicación que les permita seguir subsistiendo con el trabajo agrario, tal como lo desarrollaban en el predio donde vivían y donde plantaban tabaco, yerba, huertas, y prosperaban con la cría de animales.

“Nos sorprendió el desalojo porque estábamos en tratativas con los propietarios registrales para encontrar alguna alternativa de compra de esas tierras. Les habíamos pedido tiempo pero lamentablemente se dio el desalojo sin siquiera comunicarnos”, señaló.

La subsecretaría también conocía existencia de familias asentadas pacíficamente hace años, y aclaró que “también estamos preocupados por cada una y sobre todo, porque estamos con este clima y la gente quedó a la intemperie”.

Los técnicos de la subsecretaría también lamentaron que los titulares registrales, que viven en Entre Ríos, “pidieron un precio irracional en dólares para vender las tierras”.

Algunas de las alternativas que se barajaron son la eventual reubicación, la compra del predio, y hasta un banco de tierras a futuro. “No hay soluciones inmediatas pero vamos a seguir trabajando, el compromiso es buscar una solución”, aclaró. 


Pedido de nulidad Paralelamente, las familias productoras presentaron un pedido de nulidad ante el Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente, en el marco del expediente en el que que tramitó el desalojo. En la presentación relataron que jamás usurparon las tierras y que existiría un error de identificación  del lote en el que debían haber actuado.

“No fuimos notificados. Vivimos hace años en el lote y dijeron que no nos encontraron y que había solo carpas. No fueron a nuestras casas. Al no notificarnos, no nos permitieron el derecho de defendernos, de mostrar nuestros boletos de compra venta”. Finalmente el legislador Héctor Bárbaro lamentó que la acción de desalojo “deje un grave precedente en el que se trata como usurpadores a productores que jamás usurparon”.

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Piden intervención de la comuna de San Vicente para socorrer a agricultores desalojados

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El lunes 28, las 14 familias agricultoras que fueron desalojadas de sus chacras ubicadas en Picada Guaraní de Colonia Fracrán, se manifestarán  para ser escuchadas por el intendente Fabián Rodríguez, solicitándole algún tipo de asistencia humanitaria porque quedaron a la intemperie y bajo lonas, padeciendo la lluvia y las bajas temperaturas  con 20 niños y niñas sin abrigo ni cobijo.

El desalojo se registró el viernes 18 por orden del Juez Casco, del Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente, en una causa por supuesta usurpación impulsada por personas que viven en la provincia de Santa Fé.

Según se deduce de las actuaciones judiciales transcriptas el expediente, habría existido un error de identificación del lote en conflicto ya que una primera inspección ocular dio cuenta de cinco carpas de hule sostenidas por palos tipo campamento en la zona conocida como “picada Unida, San Alfonso” mientras que las familias desalojadas viven en Picada Guaraní.

Invisibles

“Cómo no van  ver nuestras casas que están desde hace años. Jamás nos notificaron de la tramitación del desalojo porque fueron a otro lado. Nosotros seguíamos con nuestra vida normal trabajando en nuestras chacras en la picada con nuestra producción de maíz, tabaco, yerba, cría de animales, amén de una sana convivencia con nuestros vecinos.

Nuestras viviendas también contaban con servicio de energía eléctrica, con techos de zinc, pisos de cerámica, jardines, galerías, potreros. Nuestros hijos estudiaban en el aula satélite de la picada Guaraní, y hasta teníamos nuestra propia iglesia evangélica, que también fue desmantelada en la acción de desalojo. Es decir, no éramos nómades ni invisibles como para que no nos vieran” señalaron los productores en un escrito judicial que también se tramitará el lunes.

En el expediente también existen constancias de las advertencias policiales tanto al juez como al propio alcalde de San Vicente, ante quienes dejaron por sentado que la orden iba a producir un drama social de proporciones, y aconsejaron la intervención de otros organismos para contener y en todo caso, reubicar a las familias.

Todo fue en vano. El desalojo se realizó por presión del juez Casco, según también quedó expuesto en el expediente.
Mientras, esperan la intervención del alcalde Fabián Rodríguez, de la subsecretaría de Tierras y del Iprodha para que en conjunto, encuentren una solución a este grave drama social generado.

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Frenaron un desalojo en la Chacra 114 de Posadas

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Las organizaciones sociales nucleadas en la Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha (Movimiento Evita; CTEP, Corriente Clasista y Combativa y la Federación Juvenil Comunista) lograron el hecho histórico de frenar un desalojo junto al trabajo político del Ministerio de Derechos Humanos, el Partido Agrario y Social y la Defensoría del Pueblo de Posadas. Desalojo decidido por un representante del Poder Judicial como es el juez de Instrucción 2, Fernando Luis Verón, hacia una familia numerosa y en situación vulnerable, pasando por encima de la Ley provincial que respalda sus derechos.
Se trata de Carina Raquel Pacheco, sus hijos y nietos que viven desde hace 20 años en un predio con su casa construida en las calles 113 y 88 de la chacra 114 de Posadas, quien luego de sufrir un permanente hostigamiento por medio de un supuesto propietario, recibió la orden de desalojar el lugar, de parte del juez, Fernando Verón, decisión que este viernes quedó sin efecto, gracias a la intervención de dirigentes políticos comprometidos con la población y los y las militantes de movimientos sociales, que cada vez que se vulnera un derecho salen a luchar en las calles.
“Evitamos una injusticia”
El legislador Martín Sereno, definió la resolución del conflicto como una “gran victoria”. Dijo que lograron frenar el desalojo que es lo que corresponde “si decimos respetar el Estado de derecho. Ya que a pesar de que la familia Pacheco vive en el lugar desde hace 20 años, habiéndose registrado en el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) y aún cuando su situación es respaldada por la Ley XII N° 28 (Ley madre que establece la suspensión de los desalojos), y la Ley XII N°35 que prorroga el plazo de suspensión al 31 de diciembre del 2019; un juez ordenó el desalojo, acatado por el Ministerio de Gobierno que mandó a cumplir la orden a unos 200 policías a su cargo, pasando por encima de una ley sancionada por la Cámara de Representantes de Misiones”, expresó.
Jueces tendrán que dar cuentas de sus actos
Atento a esta injusticia, el Partido Agrario y Social envió notas al Tribunal Superior de Justicia manifestando su preocupación por lo que claramente es un avasallamiento por parte del Poder Judicial, sobre una Ley sancionada por el Poder Legislativo; además, el abogado de la familia presentó un amparo y la Defensoría un “amicus curiae”.
“El Poder Judicial es el que más debe cumplir y hacer cumplir las leyes sancionadas. Por esta razón también se hicieron presentaciones ante este expediente viciado de irregularidades. Y se están estudiando medidas contra los jueces que llevaron adelante este avasallamiento”, explicó el diputado Sereno.
La sociedad en defensa de la ley
Numerosas organizaciones sociales y vecinos de la chacra 114, acompañaron el reclamo que tomó una gran trascendencia pública, ante la posibilidad de que la Justicia siente un “terrible precedente”.
“Queremos vivir en un Estado donde se respetan los derechos de cada ciudadano y ciudadana, y esta orden de desalojo no los vulneraba, al punto que tuvo que ser la sociedad la que frene el accionar de la Justicia en su avasallamiento de la ley”, dijo Sereno.
La influencia de la mala política
Con el correr de los días, las múltiples irregularidades en la causa, y la influencia de cierto sector nefasto de la política, dejó en evidencia distintos artilugios que pretendían forzar el avance sobre los derechos de la familia de Carina Pacheco.
“Es vergonzoso lo que pasó, con una indudable influencia de parte del Poder político en la figura de Marcelo Cantero (hijo del ex juez de San Vicente, y vicnulado al intendente de Posadas, Joaquín Losada) y de un sector del Ejecutivo Provincial que evidentemente tiene influencia en las decisiones de la Justicia misionera.
Para nosotros, esto rompe con el Estado de derecho y con el contrato social que establece la independencia de los tres Poderes”, fustigó el diputado del PAyS.
“Es una gran victoria popular”
El legislador también consideró que frenar ese injusto desalojo, fue consecuencia de una victoria popula. “Por suerte el desalojo quedó sin efecto, y esto constituye una nueva victoria popular en el sentido de hacer respetar las leyes. En este caso el pueblo hizo que se ajuste a la norma, algo que no tuvo en cuenta la institución judicial que debe ser garante de los derechos de la población. Un Poder que pretendía expulsar a la calle a toda una familia con hijos y nietos, despojándolos de sus derechos con el único argumento de un expediente plagado de irregularidades”.
El legislador celebró la actitud política y militante de la ministra de Derechos Humanos, Lilia “Tiki” Marchesini, del Defensor del Pueblo, Alberto Penayo y de los integrantes de las organizaciones sociales: hombres y mujeres que cada vez que toman conocimiento de la vulneración de un derecho, actúan en defensa propia hacia quienes reconocen como parte de la clase trabajadora.

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La Justicia ordenó suspender el primer desalojo después de aprobarse la Ley del RENABAP

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En el barrio Prosol 1 de Posadas, la Justicia ordenó la primera suspensión de desalojo luego de que el Congreso Nacional aprobara la Ley del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración (RENABAP) en octubre de este año, después de una lucha larga e intensa de las organizaciones sociales. En ese barrio viven seis familias desde hace diez años en tierras privadas.
En noviembre del 2017 comenzaron a ser hostigadas por un abogado que representaba a un propietario, con la amenaza de desalojarlos con la anuencia de un juez. Un grupo de familias que el año pasado fueran censadas por el Registro Nacional de Barrios Populares, y obtuvieron el Certificado de Vivienda Familiar que las ampara, acompañadas por el Movimiento Evita de Misiones.
“Censamos a las familias con la compañera Marisa Villalba, y con una vecina del barrio, Roxana, corroboramos que la Anses le entregara los certificados del RENABAP que protege a las familias, hicimos gestiones en el Iprodha, de acuerdo a la Ley de Prórroga de Desalojos para que no las expulsen. Hubo un acuerdo con la Justicia para que éstas familias cuidaran que ninguna otra persona se asentara en las tierras. Pero aún así, hace dos semanas volvió al barrio el abogado que representa al propietario Luis Pedro Calgaro, advirtiendo que tenían un mes para abandonar el terreno, porque iban a ser desalojados el próximo 2 de diciembre.
A partir de ahí el diputado (Martín) Sereno junto con la coordinadora regional del RENABAP, Charo López del Valle iniciaron gestiones ante la Nación, que accionó rápidamente para que se hiciera cumplir la Ley Nacional; la Justicia accionó y ordenó suspender el desalojo”, reseñó la militante del PAyS y del Evita, Gisela Troche.
Familias que ya no serán amedrentadas
La Resolución firmada por la titular del Juzgado Civil y Comercial 3, Georgina López Liva, especifica, entre otras cosas que “… De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Nacional 27453, se suspende el cumplimiento del mandamiento del desalojo del inmueble antes mencionado…”.
Las seis familias con más de 15 niños y niñas que viven en el barrio Prosol de Posadas, en situación de pobreza, se asentaron hace muchos años en esas tierras, y en todo este tiempo fueron permanentemente amedrentados con que los iban a expulsar de ese lugar, varias veces con órdenes de desalojo firmadas por funcionarios judiciales.
La mayoría de esos jefes y jefas de hogar están desocupadas y realizan changas, sobreviven en viviendas precarias y con instalaciones de servicios de agua potable y energía eléctrica de manera irregular. Ahora, gracias a la lucha de los movimientos sociales ya no correrán el riesgo de ser expulsados de las tierras que ocupan.
Beneplácito de la Cámara de Representantes
El 10 de octubre de este año, el Senado de la Nación sancionó la Ley de Integración Urbana y Regularización Dominial de Barrios Populares (RENABAP), donde se expropia a los 4416 barrios populares de Argentina, que busca declarar de utilidad pública y expropiar las tierras privadas sobre las que están asentados los barrios. También se exige a las empresas avanzar en las obras necesarias de servicios básicos, exigiendo un 20% de participación de trabajadores de la economía popular y a su vez, suspende los desalojos por cuatro años.
Esa misma semana, el Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, que preside Martín Sereno, declaró a través de un Proyecto de Comunicación, el beneplácito para esa Ley, recordando que en el 2017, se creó por Decreto del Poder Ejecutivo, el Registro Nacional de Barrios Populares que sintetiza el trabajo que desde el 2016 desarrollaron las organizaciones sociales a nivel nacional, constituyendo la Mesa Nacional de Barrios Populares.
Según el relevamiento en todo el país entre los dos últimos años, existen más de 4000 barrios populares que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, y que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento. Hay un gran déficit en el acceso formal a los servicios básicos, y más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad.
Un hecho histórico
“Estamos frente a un hecho histórico, es una conquista enorme que los movimientos populares logramos gracias a la organización y a la lucha, en un trabajo que realizaron los militantes relevando todas las villas y asentamientos del país. Con esta Ley se garantiza que se suspendan los desalojos, y que puedan exigir con el respaldo normativo, los derechos por el acceso a la luz, agua, cloacas y a la integración urbana en los barrios.
Es un gran paso en un contexto adverso para los más vulnerables, aunque esta batalla continúa hasta que todas las familias tengan un techo digno”, expresó con alegría el diputado Sereno, secretario político de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el Movimiento Evita.
La norma declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las tierras de todos los barrios; suspende los desalojos por 4 años y establece que el 25% de las obras a realizarse sea en manos de las cooperativas de trabajo.
En Misiones hay más de 160 asentamientos informales distribuidos en varias localidades, y según el relevamiento de quienes participaron del proceso diagnóstico y ejecución como la CTEP, el Movimiento Evita, la CCC, Techo y Barrios de Pie, son unas 21.700 las familias que residen en esos barrios populares.

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