El productor agropecuario Sergio Delapierre advirtió que la ley de promoción de bioinsumos pone trabas innecesarias al sector al limitar el uso del glifosato. Reclama que la Legislatura provincial elimine el artículo 7, que regula la compra y uso del herbicida, y advierte sobre el riesgo de fomentar el contrabando si no se avanza con una solución.

En medio de una coyuntura de precios históricamente bajos para las principales producciones de Misiones, el debate sobre el uso de agroquímicos volvió a tensar la relación entre el sector productivo y el gobierno provincial. Sergio Delapierre, productor agropecuario y referente del sector, expone las razones por las que reclaman la eliminación del artículo 7 del capítulo 2 de la ley de promoción de bioinsumos, que restringe el uso del glifosato.

—¿Cuál fue el planteo principal en la reunión de productores?

—El pedido es muy claro: queremos que se derogue el artículo 7 del capítulo 2 de la ley de promoción de bioinsumos. No puede ser que se pretenda controlar quién compra glifosato y quién no. En Misiones hay 35.000 productores, ¿cómo se puede controlar a todos? Es ridículo. Además, en el contexto actual, con precios históricamente bajos, no podemos aceptar más trabas.

—¿Por qué consideran inviable el registro que plantea la ley?

—Porque no tiene sentido. El proyecto dice que si un productor empieza usando diez litros, después pasa a cinco, después a uno. Es un esquema imposible de aplicar en la práctica. Necesitamos soluciones reales, no más burocracia.

—¿El glifosato sigue siendo irremplazable?

—Sí, absolutamente. No hay nada que pueda reemplazarlo hoy, ni en la provincia ni en el mundo. La provincia ya ensayó alternativas orgánicas y fueron un fracaso absoluto: no cumplieron el rol de eliminar las malezas. Cuando aparezca un producto mejor, lo vamos a adoptar sin problema. Pero hoy no existe.

—¿Cuál sería el impacto de prohibir su uso?

—Si lo prohíben, solo van a favorecer el contrabando. Va a entrar glifosato de otros países, sin ningún control. Además, no tiene sentido porque el glifosato es el único herbicida estudiado y aceptado por los organismos competentes.

—¿Están trabajando en paralelo por la vía judicial?

—Sí, la vía judicial sigue su curso en segunda instancia, pero no podemos quedarnos esperando. Lo que buscamos ahora es que los funcionarios provinciales acepten la realidad: toda la provincia productiva pide lo mismo.

—¿Cuál es entonces el camino que proponen?

—El camino es la vía legislativa. Queremos que los diputados eliminen el artículo 7. Nada más. Es un artículo que hay que sacar. Después, por supuesto, avalamos que se siga investigando nuevas fórmulas y preparados químicos que puedan sustituir al glifosato.