La Justicia avanza en la investigación por el intento de sabotaje y robo de cables de alta tensión en la zona de las 600 Hectáreas de Puerto Iguazú, un hecho que generó cortes en el suministro de energía eléctrica y puso en alerta a las autoridades. El juez de instrucción Martín Brites, a cargo de la causa, confirmó que ya hay tres detenidos y que se analizan distintas hipótesis sobre lo ocurrido.

Un intento de sabotaje o un robo frustrado

El caso comenzó cuando la Policía de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú tomó conocimiento de la interrupción del servicio eléctrico en un sector estratégico de la ciudad. En una inspección inicial, los efectivos detectaron daños en el tendido subterráneo de cables de alta tensión que abastecen la zona de las 600 Hectáreas, un área donde se encuentran hoteles, restaurantes y algunas aldeas aborígenes.

Según explicó el juez Brites, en un primer momento se sospechó que se trataba de un acto intencional destinado a perjudicar el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, los peritajes de la Policía Científica sumaron otro posible móvil: el intento de robo de cables, una modalidad delictiva recurrente en la provincia debido al valor del cobre que contienen.

“La hipótesis del robo cobró fuerza a partir del hallazgo de herramientas en el lugar, como un cuchillo con el que se habría intentado cortar los cables de manera rudimentaria”, detalló Brites. El corte no se concretó debido a una explosión que se produjo en el intento, dejando restos de material quemado y fragmentos del cuchillo utilizados por los autores.

Tras el hallazgo de estos indicios, la Policía avanzó en la investigación y logró la detención de tres personas en inmediaciones de la selva. En el lugar donde fueron encontrados, los agentes también descubrieron cables incinerados, un método utilizado para eliminar el plástico que los recubre y extraer el cobre.

Dos de los detenidos son menores de edad y quedaron bajo la custodia de sus padres, por orden de la justicia correccional y de menores. En tanto, el tercer implicado, mayor de edad, permanece detenido mientras avanza la investigación.

El robo de cables es un problema recurrente en la provincia y suele afectar tanto a la provisión de energía eléctrica como a las telecomunicaciones. “Lamentablemente, no es un hecho aislado. Esta práctica, motivada por la comercialización ilegal del cobre, genera graves consecuencias en la comunidad”, sostuvo una fuente judicial.

Las penas que podrían aplicarse

El encuadre legal del hecho dependerá de la evolución de la investigación. Si se confirma que el objetivo principal fue entorpecer el servicio eléctrico, la conducta podría ser encuadrada en el artículo 194 del Código Penal, que prevé penas de entre tres meses y dos años de prisión.

En caso de que se determine que se trató de un intento de robo, la figura penal sería la de robo simple, cuya pena oscila entre un mes y seis años de prisión.

“La investigación sigue en curso y será clave el análisis de las pruebas recolectadas para determinar la responsabilidad de los detenidos y definir bajo qué figura penal se encuadrará el hecho”, indicó Brites.

Mientras tanto, el personal de Energía de Misiones trabaja en la reparación del tendido afectado para normalizar el servicio en la zona.

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