El Gobierno reglamenta el RIMI y activa beneficios fiscales para inversiones el sector pyme por dos años
El decreto 242 pone en marcha el régimen para pymes y abre un nuevo frente en la estrategia económica
El Gobierno avanzó el 10 de abril con la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) a través del Decreto 242/2026, una pieza clave para traducir en incentivos concretos el esquema aprobado en la Ley 27.802. La norma fija un plazo de dos años para canalizar inversiones productivas con beneficios fiscales y define qué proyectos podrán acceder. La decisión llega en un contexto de búsqueda de reactivación y plantea una tensión de fondo: ¿alcanza un régimen focalizado en pymes para dinamizar la inversión o se trata de un instrumento acotado dentro de una estrategia más amplia?
El dato central es operativo y político a la vez: las inversiones alcanzadas serán aquellas realizadas desde la entrada en vigencia del régimen y hasta dos años después de la reglamentación operativa que deberá dictarse en un plazo de 30 días. El esquema apunta a micro, pequeñas y medianas empresas —hasta Mediana Tramo 2— y también incluye a entidades sin fines de lucro registradas, siempre que cumplan con los parámetros exigidos.
Un marco fiscal para ordenar la inversión productiva
El decreto completa la arquitectura legal del RIMI, creado por la Ley 27.802, cuyo objetivo es incentivar inversiones nacionales y extranjeras con impacto en producción, empleo y exportaciones. La reglamentación avanza sobre un punto clave: delimitar qué se considera inversión productiva y bajo qué condiciones se accede a los beneficios.
El universo es amplio pero definido. Incluye bienes de capital y de tecnología —siempre nuevos—, inversiones en riego agrícola, mallas antigranizo y hasta bienes semovientes con fines reproductivos. También incorpora obras vinculadas a la actividad productiva, siempre que no superen el 30% de avance al momento de entrada en vigencia de la ley.
La norma agrega un componente estratégico: promueve inversiones en eficiencia energética, tanto en generación renovable como en optimización del consumo. En ese punto, el régimen se alinea con una lógica de modernización productiva más que con un estímulo generalizado.
El acceso a los beneficios está atado a la “puesta en marcha” de la inversión, entendida como su utilización efectiva para generar ganancias gravadas. Es decir, no alcanza con invertir: el activo debe entrar en funcionamiento para habilitar el beneficio fiscal.
Beneficios, restricciones y control: el equilibrio fiscal detrás del régimen
El decreto no solo habilita incentivos, también fija límites. El uso de beneficios fiscales —incluyendo devoluciones vinculadas al IVA— tendrá un tope del 50% del cupo anual previsto en el presupuesto nacional. Además, la asignación se ordenará según la antigüedad de los saldos fiscales, lo que introduce un criterio de priorización.
A la vez, quedan excluidas las inversiones financieras o de portfolio, reforzando el enfoque productivo del régimen. También se establecen condiciones estrictas para acceder: no podrán beneficiarse quienes mantengan deudas firmes, exigibles e impagas con el organismo recaudador.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto con las áreas de Agricultura y Energía, tendrá un rol central en la implementación. Deberá dictar en 30 días las normas operativas que definirán, en la práctica, el alcance real del régimen.
Pymes en el centro y señales al mercado
La reglamentación del RIMI posiciona a las pymes como eje de la política de inversión en esta etapa. En términos políticos, el Gobierno busca mostrar un esquema de incentivos focalizado, con impacto en la economía real y sin expandir de manera indiscriminada el gasto tributario.
El diseño también refleja una lógica de control: los beneficios están condicionados, escalonados y sujetos a verificación. No es un régimen de acceso automático, sino administrado. Eso reduce riesgos fiscales, pero también puede limitar su velocidad de adopción.
En el plano de la agenda económica, el RIMI aparece como complemento de otras herramientas orientadas a atraer inversiones, aunque con un perfil más acotado. No apunta a grandes proyectos, sino a un entramado productivo más fragmentado, con impacto territorial.
Implementación, demanda y capacidad de tracción
El decreto pone en marcha el régimen, pero su efectividad dependerá de la reglamentación que se dicte en las próximas semanas y del nivel de adhesión del sector privado. La clave estará en si las condiciones logran traducirse en decisiones de inversión concretas.
También habrá que observar cómo interactúa el RIMI con el contexto macroeconómico y con otros instrumentos vigentes. El plazo de dos años fija una ventana clara, pero no garantiza resultados.
En paralelo, el foco en sectores como energía y agro introduce una señal sobre las áreas prioritarias, aunque sin excluir otros rubros. La pregunta que queda abierta es si este esquema logra escalar o si queda como un incentivo puntual dentro de una política más amplia que todavía está en construcción.
