An inmate at a jail in Asuncion waits before employees of the Justice Ministry conduct a national prison population census on October 31, 2018. (Photo by Norberto DUARTE / AFP)
Informe denuncia hacinamiento y abuso de la prisión preventiva en cárceles de Paraguay
Paraguay tiene 16.536 presos, de los que solo el 32% tiene condena firme y el restante 68% carga con prisión preventiva, según los resultados de informe 2022 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que además advirtió sobre la situación de hacinamiento en los penales.
En su Anuario Estadístico 2022 de Personas Privadas de Libertad, el MNP destaca ese número de reos al 31 de octubre pasado, y una suba constante en la cifra de encerrados.
“Se tiene un aumento constante de la población, con una permanencia de las instituciones que se utilizan para el encierro: abuso de la prisión preventiva”, señala el informe.
Reseña que en 2013, cuando se creó el MNP, había una población de 9.300 personas privadas de libertad y se registra un aumento por año de alrededor de 1.000 personas.
Solo este año y hasta octubre habían entrado al sistema carcelario 1.400 personas, en parte porque “la política de respuesta que se está dando a la conflictividad penal es el encierro, lo que preocupa al MNP”.
Para la organización, las cárceles atraviesan una situación de hacinamiento porque el sistema estaría preparado para albergar apenas a 4.310 presos, 12.428 personas menos de las que están ahora presas.
Para los criterios del Ministerio de Justicia, la capacidad es de 10.259, con una población actual superior de 6.479 presos, tomando el número de personas privadas de libertad que asciende a 16.738, reportó el sitio de Última Hora.
Los cinco centros penitenciarios con mayor índice de hacinamiento son la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la cárcel de Ciudad del Este, Emboscada, San Pedro y Villarrica.
El informe detalla que el 87,88% de los adolescentes encerrados se encuentra con prisión preventiva y solo el 12,12% tienen una medida definitiva.
“La prisión preventiva se está utilizando de manera muy frecuente y desproporcionada con la población adolescente”, describe, además de señalar, que la edad en la que los adolescentes entran en mayor medida en conflicto con la ley es a los 17 años.
Advierte el documento que constituye “un grave problema la falta de registro de datos de la población indígena” privada de libertad y que el Estado “no conoce a qué etnia pertenece el 69% de la población indígena”.
Hay 123 mayores y seis adolescentes de pueblos originarios presos.
En cuanto a las mujeres, las privadas de libertad son 757, y para el MNP sigue siendo una preocupación permanente “la presencia de mujeres en pabellones penitenciarios de hombres, donde no son prioridad en la gestión del centro penitenciario”.
About The Author
