Reforma del INTA: el campo y las universidades le piden a Sturzenegger que frene el decreto. Representantes del Consejo Directivo del organismo solicitaron una audiencia “urgente” ante el riesgo de perder autonomía, territorialidad y gobernanza institucional

La tensión en torno a la reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) escaló un nuevo peldaño. Representantes del Consejo Directivo Nacional del organismo —entre ellos referentes de las principales entidades del agro y de universidades públicas— enviaron una carta urgente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para solicitar una reunión que permita discutir el impacto del eventual decreto del Gobierno.

El reclamo busca frenar los posibles cambios que, según trascendidos, podrían alterar la autarquía, la gobernanza colegiada y el modelo territorial que caracterizan históricamente al INTA. Hasta el momento, no recibieron respuesta oficial, aunque en el organismo se multiplican los gestos de preocupación interna y las advertencias del sector productivo.

“Si se pierde la estructura, se pierde el corazón del INTA”

La nota, firmada por los representantes de CRA, SRA, Coninagro, Federación Agraria, CREA y facultades de Agronomía y Veterinaria de universidades nacionales, expresa la necesidad de sostener un modelo participativo y descentralizado, que ha permitido al INTA mantener continuidad técnica y legitimidad social a lo largo de más de siete décadas.

“El INTA funcionó bien durante 70 años, con distintos gobiernos y manejos. Lo que se mantuvo siempre fue su estructura: la gobernanza, la descentralización y la territorialidad. Eso es lo que hizo fuerte al instituto. Si se pierde eso, se pierde el corazón del INTA”, afirmó Sergio Melgarejo, representante de CRA ante el Consejo Directivo.

El consejero explicó que el objetivo de la audiencia solicitada es exponer el trabajo reciente del instituto y advertir sobre las consecuencias de una reforma por decreto, que amenaza con desmantelar los consejos regionales, clave para la operatividad territorial.

Qué se juega con la reforma: autonomía, estructura y presencia federal

Según explicaron desde el Consejo, la principal preocupación radica en que el decreto que circula afecte tres pilares esenciales:

• La gobernanza tripartita, que involucra al Estado, las universidades y el sector productivo.
• La autarquía financiera y administrativa, que permite independencia operativa.
• La red de consejos regionales, formados por actores locales que garantizan anclaje territorial y legitimidad.

“Desarmar los consejos regionales es perder la visión del territorio que tiene el INTA”, advirtió Melgarejo. “Son los ojos del Consejo Directivo en cada zona, gestionados por productores que conocen el campo y transmiten las necesidades desde el terreno”.

El temor dentro del INTA no se limita a los órganos directivos. También se replica entre técnicos, investigadores y trabajadores, particularmente en sedes clave como Castelar, donde se han expresado públicamente en defensa del instituto.

“La gente está muy preocupada, pensando todos los días qué va a pasar con su futuro dentro del instituto. Y eso afecta el trabajo diario”, sostuvo Melgarejo.

Frente a ese escenario, los consejeros insisten en que el diálogo es posible. “Lo que el Gobierno quiere hacer se podría discutir con la línea técnica del INTA y con aportes del sector privado. Llevará más tiempo, quizás, pero sería mejor para todos”, señaló el representante de CRA.

El conflicto por el INTA pone en evidencia una tensión estructural entre la lógica de reforma del Gobierno y la matriz institucional participativa que rige en sectores clave como el agro. Si bien Sturzenegger lidera la agenda de desregulación estatal, el intento de modificar por decreto una entidad con base legal y legitimidad sectorial podría abrir un frente innecesario de conflicto político y productivo.

La carta enviada al ministro expresa que el encuentro solicitado sería una “gran oportunidad para ambas partes”, y que permitiría “brindar señales claras de estabilidad y continuidad” hacia dentro y fuera del organismo.

En un contexto de ajuste, la eficiencia estatal no solo se mide por la reducción de estructuras, sino también por la capacidad de preservar aquello que funciona. Y para el agro, el INTA —con sus redes federales, su neutralidad técnica y su legitimidad territorial— es una de esas estructuras.