Por Blanca Lucía Echeverry y Andrew Miller. En la COP26, cumbre del clima celebrada en Glasgow, Iván Duque, el presidente de Colombia, desplegó todos sus encantos en una ofensiva para convencer al mundo de que es un defensor ambiental dispuesto a proteger los vastos bosques de su nación. El presidente se comprometió a lograr que Colombia alcance la neutralidad de carbono para 2050 y a que el 30 por ciento de las tierras y aguas del país sean áreas protegidas para el próximo año.

Por desgracia, en Colombia, líderes comunitarios y activistas ambientales que se han dedicado a proteger los bosques del país de la destrucción causada por empresas mineras, madereras y petroleras son víctimas de amenazas y mueren asesinados por grupos armados. En un giro perverso, Colombia se ha convertido en el lugar más mortífero para los ambientalistas y otros defensores de los derechos a la tierra. Global Witness documentó por lo menos 65 asesinatos en 2020.

En la región de Putumayo, miembros del Comando de la Frontera, un grupo ilícito armado dedicado a controlar la producción de drogas en la frontera con Ecuador, les dijeron a los residentes que sostuvieron negociaciones con Nueva Amerisur, propiedad de la petrolera multinacional GeoPark, y convinieron en garantizar que nada impida el trabajo de la empresa, por lo que les advirtieron a los residentes que no debían interferir. El grupo criminal declaró persona non grata a la defensora ambiental Jani Silva, caso prioritario para Amnistía Internacional. Puesto que pende sobre ella una amenaza de asesinato a causa de su trabajo para proteger los recursos acuíferos y el bosque de las actividades de exploración petrolera, se ha visto obligada a desplazarse continuamente para escapar de estos asesinos.

Este tipo de ataques y amenazas han ido en aumento conforme avanza la deforestación en la Amazonía colombiana, que ha superado 100.000 hectáreas en tres de los últimos cuatro años. Se derriba el bosque tropical que es hogar de una biodiversidad espectacular para ganar terreno para la ganadería y la agricultura comercial, la producción de aceite de palma, la extracción de combustibles fósiles, la minería ilegal de oro y la explotación forestal. Algunos líderes de comunidades locales, al ver su agua envenenada y sus tierras devastadas, se han organizado para crear una última línea de defensa en contra de esta destrucción y le han dado difusión al problema a través de procedimientos legales y campañas publicitarias.

Duque ha hecho muy poco para proteger a estos defensores o buscar y llevar ante la justicia a sus atacantes. La Unidad Nacional de Protección, creada en 2011 para proteger a los defensores de los derechos humanos, en el caso de Silva ha dado apoyo de transporte y, solo bajo presión, cierta presencia policiaca. Aunque las autoridades civiles y militares afirman que investigan y toman medidas para desarmar a los grupos ilícitos armados, conforme al compromiso expresado en el acuerdo de paz de 2016 que le puso fin a un conflicto armado interno de cinco décadas con guerrillas izquierdistas, organizaciones como el Comando de la Frontera se siguen fortaleciendo en la Amazonía y otras regiones.

Duque firmó a regañadientes un acuerdo regional en asuntos ambientales denominado Acuerdo de Escazú, conforme al cual el gobierno se obliga a proteger a los defensores del medioambiente. Por desgracia, no ha ejercido casi ninguna presión para que el Congreso ratifique el acuerdo, y entretanto las industrias minera, ganadera y de infraestructura han montado una campaña de desinformación en su contra.

Una de las razones por las que los grupos armados ilegales de Colombia han podido operar con tal descaro es que Duque, de hecho, se ha desentendido del acuerdo de paz suscrito por su predecesor. Su gobierno ha socavado la Jurisdicción Especial para la Paz, establecida para administrar justicia a aquellos responsables de delitos cometidos en contra de los derechos humanos durante el conflicto, y ha desatendido la comisión encargada de diseñar y dar seguimiento a la política criminal para desmantelar las organizaciones responsables de ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos. Los grupos paramilitares de Colombia, precursores de muchos de los grupos armados ilícitos que operan en la actualidad, cometieron la gran mayoría de los asesinatos de ciudadanos durante el sangriento conflicto interno del país.

Duque aprovechó el reciente arresto de un traficante de drogas de alto nivel, Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, para adjudicarse una victoria en contra de los grupos ilícitos responsables de los ataques en contra de ambientalistas. Sin embargo, la experiencia de Colombia tras el asesinato de Pablo Escobar muestra que nada garantiza que la desaparición de un cartel poderoso produzca alguna disminución en el tráfico de drogas o la violencia relacionada a largo plazo.

Si Duque de verdad pretende ser el protector del medioambiente que tanto dice, debe invertir capital político para garantizar que el Congreso ratifique del Acuerdo de Escazú. Si insiste en decir que el proceso de ratificación es urgente, obligará al Congreso a no dejar languidecer el acuerdo, como ocurre en este momento. Además, debería conseguir apoyo político y financiamiento para la Jurisdicción Especial para la Paz y la comisión de seguridad.

Algunos funcionarios del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han reconocido la importancia de los defensores del medioambiente, y este mismo mes en la conferencia del clima en Glasgow revelaron un Plan para conservar los bosques globales. Por desgracia, este plan no tendrá la fuerza necesaria para combatir la epidemia de violencia que enfrentan los defensores de los bosques. El gobierno estadounidense debería ampliar esta estrategia para incluir explícitamente en los principales objetivos la protección de las personas defensoras del medioambiente. Algunas medidas concretas podrían ser hacer anuncios públicos cuando algún defensor esté en riesgo o imponer sanciones en contra de infractores específicos, como propuso hace poco con urgencia un grupo de legisladores estadounidenses.

Lo más probable es que la situación de Jani Silva siga siendo precaria. No obstante, si los funcionarios colombianos y estadounidenses toman medidas concretas, podrían enviar el mensaje enérgico de que no solo ella, sino también el resto de los defensores ambientales cuentan con aliados poderosos que aprovecharán su influencia para ponerle fin al azote de amenazas, ataques y asesinatos en contra de quienes protegen a la tierra en nombre de todos nosotros.

Echeverry es abogada especializada en derechos humanos con décadas de experiencia. Fungió como defensora delegada para los Derechos de los Indígenas y las Minorías Étnicas en representación del Defensor del Pueblo de Colombia. Miller es director de promoción de Amazon Watch y ha colaborado con comunidades campesinas e indígenas en Putumayo.

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