AMAZONAS

Brasil quiere plantar 25 millones de árboles para reforestar el Amazonas

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La selva amazónica atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Desde 1970, ha perdido una extensión forestal superior al tamaño de Francia, una degradación que amenaza la biodiversidad, acelera el cambio climático y pone en riesgo a las comunidades que dependen de este ecosistema.

Brasil ha decidido dar un giro estratégico y apostar por la restauración a gran escala mediante alianzas público-privadas e innovadores mecanismos financieros.

El país, con el objetivo de frenar la deforestación y recuperar el equilibrio ecológico, impulsa un ambicioso plan que contempla la plantación de millones de árboles en el Amazonas.

El Gobierno brasileño ha puesto en marcha iniciativas cruciales para revertir décadas de degradación ambiental. Entre ellas destaca el programa ProFloresta+, una alianza estratégica entre el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y la petrolera estatal Petrobras, destinada a financiar la restauración forestal mediante la compra de créditos de carbono.

Este acuerdo contempla una inversión inicial de 450 millones de reales (más de 78 millones de dólares) para impulsar la recuperación de áreas críticas de la Amazonia. Petrobras respaldará cinco proyectos que abarcarán unas 15.000 hectáreas y generarán cinco millones de créditos de carbono.

La iniciativa se traducirá en la plantación de 25 millones de árboles autóctonos, contribuyendo de manera directa a la mitigación del cambio climático y a la protección de la biodiversidad.

Además, el proyecto tendrá un impacto socioeconómico significativo, ya que se estima que generará alrededor de 1.700 empleos directos, convirtiendo la conservación en un motor de desarrollo sostenible para las comunidades locales, según informa Prensa Latina.

La estrategia brasileña se sustenta en modelos económicos innovadores que vinculan la sostenibilidad con la rentabilidad. El mercado de créditos de carbono se ha convertido en una herramienta esencial para financiar proyectos de restauración forestal, permitiendo a las empresas compensar sus emisiones mientras contribuyen a la recuperación del ecosistema amazónico.

Desde el BNDES subrayan que la urgencia de la crisis climática exige medidas inmediatas de reconstrucción, especialmente en las zonas más degradadas por la actividad humana.

Este enfoque posiciona a Brasil como un referente internacional en la lucha contra la deforestación y en la promoción de soluciones basadas en la naturaleza.

Alianzas público-privadas e innovación sostenible

El compromiso del sector privado es otro pilar fundamental de esta transformación. Brasil ha otorgado la primera concesión de terrenos públicos destinados a la reforestación a la startup Re.green.

Este contrato histórico permitirá restaurar y proteger 58.700 hectáreas en la reserva de Bom Futuro durante un periodo de 40 años, según informa Cambio 16.

El modelo de negocio se basa en la eliminación de dióxido de carbono mediante la plantación de más de 80 especies nativas y la posterior comercialización de créditos de carbono a grandes corporaciones internacionales.

Como parte del acuerdo, la empresa abonará al Estado una comisión del 0,7% de sus ingresos, estimados en cerca de dos millones de dólares anuales. Además, la iniciativa incorpora a la comunidad indígena karitiana, que participará activamente en las labores de restauración y protección del territorio aportando su conocimiento ancestral.

Este proyecto piloto resulta clave para el Servicio Forestal de Brasil, que ya ha identificado 1,3 millones de hectáreas con necesidad urgente de intervención.

El objetivo nacional es ambicioso: reforestar 12 millones de hectáreas antes de 2030. Para lograrlo, el Gobierno prevé ofrecer hasta 300.000 hectáreas bajo este modelo de concesión antes de 2027.

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Brasil recluta a los bancos en su lucha para eliminar la deforestación en la Amazonia

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Naiara Galarraga Gortázar, El País. La lucha contra la desforestación en la Amazonia y en otros valiosos ecosistemas de Brasil es una tarea ardua y colosal que implica voluntad política, fondos, agentes forestales e ingenio. La última novedad ideada por el Gobierno federal es convertir a los bancos en fiscalizadores de lo que ocurre sobre el terreno, a miles de kilómetros de sus sucursales. A partir de este miércoles, cuando alguien solicite un crédito rural subvencionado con dinero público, el banco estará obligado a revisar en una base de datos oficial si la propiedad a la que se refiere ha talado árboles o vegetación a partir de 2019. La norma, que los bancos apoyan pero ha levantado la ira de los productores agropecuarios, es parte del arsenal gubernamental para cumplir la promesa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que Brasil eliminará completamente la deforestación en 2030.

Ese plazo se lo impuso el propio Lula cuando ganó las últimas elecciones, anunció que Brasil volvía a la primera línea en la lucha global contra el cambio climático y regresó al Gobierno. A menos de cuatro años de que venza el plazo, queda mucha tarea por delante aunque la tala ilegal se ha desplomado. El último balance anual indica que la Amazonia perdió 5.796 kilómetros de vegetación nativa, lo que significa un 11% menos que el año anterior, según las mediciones por satélite realizadas por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE).

Esa es la base de datos, llamada Prodes, con la que los bancos deberán cotejar las solicitudes de créditos subvencionados. Los satélites de Prodes fotografían desde el espacio parcelas de tres metros cada 16 días (para asegurarse de que las nubes no arruinan la visión) en la Amazonia, cuya extensión es el doble de la Unión Europea, y otros biomas brasileños.

Si resulta que la propiedad en cuestión fue talada después de 2019, el productor agropecuario que pide el crédito deberá probar que esa tala es parte del porcentaje autorizado por la ley. “Así convertimos a cada gerente de banco que gestiona créditos subsidiados en un inspector de deforestación ilegal”, explicó a la agencia Reuters Andre Lima, que dirige los esfuerzos para combatir la deforestación en el Ministerio de Medio Ambiente brasileño. Incluso en el caso de que sea legal, el propietario deberá pagarla de su bolsillo.

La nueva norma atañe a los créditos subvencionados con el dinero del contribuyente, es decir, unos 53.000 millones de dólares o un tercio del crédito rural brasileño, según información del Banco Central citada por Reuters. Y es que casi una quinta parte del crédito subvencionado otorgado fue para operar propiedades deforestadas hace nada, entre 2020 y 2023, según un estudio de la Climate Policy Initiative de la Universidad Pontificia de Río de Janeiro. Es decir, durante parte del mandato de Bolsonaro y el primer año de Lula.

El poderoso lobby agropecuario ha fracasado en sus intentos de paralizar la norma o retrasar si entrada en vigor, algo que incluso el propio Ministerio de Agricultura de Lula intentó. La principal asociación del sector, la Confederación de Agricultura y Pecuaria (CNA, por sus siglas en portugués) ha señalado el riesgo de que se den falsos positivos, que los satélites indiquen una tala donde no la hay. Los expertos sostienen que el caso típico es el contrario, la destrucción de vegetación que se le escapa al ojo que supervisa desde el espacio.

Los bancos han saludado la medida. La patronal bancaria considera que les da seguridad jurídica. Las nuevas verificaciones son un seguro contra hipotéticos impagos del crédito por parte de un productor que pierde un contrato por deforestar.

La Unión Europea tiene lista una ley, cuya entrada en vigor se ha aplazado dos veces, que prevé vetar de los Veintisiete una serie de productos si proceden de áreas deforestadas. Gestada por Bruselas en los años Bolsonaro, afecta al cacao, café, soja, aceite de palma, madera, carne de vacuno, el caucho y todos sus derivados (como cuero, madera, papel o chocolate). Las resistencias de los países afectados y las dificultades técnicas han aplazado su entrada en vigor, que estaba prevista para 2024 y será el último día de 2026. Entremedias, Brasil y los países que integran con él Mercosur han cerrado un acuerdo comercial gigante que estará vigente a partir de mayo.

La deforestación ha caído un 50% en la Amazonia desde que el líder de la izquierda brasileña regresó al poder para un tercer mandato. Como bien sabe desde su primera etapa presidencial, la preservación de la selva tropical es clave para regular la temperatura global y un elemento central en la proyección internacional de Brasil. Para bien y para mal, como cuando Bolsonaro convirtió a su país en el villano ambiental planetario. La deforestación es la principal causa de las emisiones de CO² de Brasil.

El presidente Lula puso de nuevo al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático —un apellido novedoso— a la veterana política y activista Marina Silva, que a principios de los años 2000 ya demostró que sabía cómo reducir drásticamente la tala ilegal en el mayor bosque tropical del mundo. Y lo ha vuelto a lograr. Estos días, Silva acaba de dejar el ministerio para presentarse a las elecciones al Senado.

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Empresa argentina completó el primer proyecto de transformación cultural en el Amazonas

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Olivia, la firma global especializada en procesos de transformación organizacional, fue seleccionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la implementación de un programa de fortalecimiento de las capacidades humanas en las regiones fronterizas entre Brasil y Colombia, iniciativa que completó en 2025 la totalidad del programa de trabajo. Este innovador proyecto tuvo como meta consolidar la cooperación entre ambos países, fomentando la integración y el desarrollo sostenible de sus comunidades. 

La iniciativa, que se desarrolló en las ciudades de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil), tuvo como objetivo la construcción de puentes reales entre territorios, personas y organizaciones, promoviendo un gobierno binacional sostenible e integrado. Estas ciudades, separadas solo por una calle y ubicadas sobre la vera del río Amazonas, se caracterizan por compartir una dinámica social y económica particular, lo que convirtió a este proyecto en un desafío inédito en materia de transformación cultural y organizacional.


Un proyecto con impacto real

“Esta experiencia alimentó y potenció la misión y visión de Olivia, que es cambiar el mundo organización por organización. El proyecto transformó a las comunidades en las que viven miles de personas, impulsando la inclusión, el desarrollo y la sostenibilidad en una región que presenta desafíos únicos”, destacó Ezequiel Kieczkier, CEO y fundador de Olivia.

El programa abarca el diseño e implementación de estrategias innovadoras para fortalecer la gobernanza local, mejorar la cooperación entre los actores comunitarios y desarrollar nuevas capacidades para la integración binacional. Para lograrlo, Olivia desplegó un equipo de consultores especializados que trabajaron de manera conjunta con las comunidades locales, organismos públicos y entidades internacionales.


La metodología de trabajo de Olivia combinó herramientas de diagnóstico organizacional con enfoques participativos que permiten adaptar soluciones a las realidades locales.

“Es para nosotros un orgullo y un gran desafío haber sido seleccionados por el BID para esta iniciativa que traerá impacto real en la vida de las personas que viven en un entorno muy distinto al que plantean las agendas ejecutivas. En esta región, la diferencia entre un acierto y un error puede ser la supervivencia misma”, agregó Kieczkier.

Además de sus propios logros, la iniciativa fue galardonada con el premio Eikon a la comunicación, donde el jurado destacó el proyecto por su duración sugerida, el saber local y la propuesta metodológica señalada en la comunidad en la que se desarrolló.


Con presencia en América Latina y Europa, Olivia es una firma global especializada en transformación organizacional. Su enfoque combina tecnología, metodología y cultura organizacional para acompañar a empresas y organismos en la evolución de sus estructuras y procesos. A lo largo de su trayectoria, ha liderado proyectos innovadores en diversos sectores, siempre con el compromiso de generar impacto real y positivo en las organizaciones y comunidades con las que trabaja.

Este proyecto en la región amazónica se sumó como un nuevo hito en la historia de Olivia, reafirmando su capacidad para abordar desafíos complejos y contribuir al desarrollo sostenible a través de la transformación organizacional, en un proyecto único. Con iniciativas como esta, Olivia demuestra que la innovación no tiene fronteras y que el cambio positivo es posible cuando se trabaja con propósito y compromiso.

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Rescatan animales exóticos de una veterinaria donde eran maltratados y comercializados ilegalmente

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Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Misiones” realizaron las pesquisas en infracción a las Leyes 14.346 “Maltrato y Actos de Crueldad Animal” y 22.421 “Conservación de la Fauna Silvestre”.

Los resultados de las tareas de investigación permitieron localizar una veterinaria, en la ciudad de Posadas, donde tenían numerosos animales exóticos en cautiverio y en malas condiciones.

Al registrar el lugar, los gendarmes descubrieron la presencia de 100 animales: monos titi, serpientes, lagartos overo, tortugas acuáticas, entre otras especies. Además, los funcionarios hallaron otros 14 sin vida (congelados) dentro de un freezer.

Intervino en este hecho el Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial, que dispuso el secuestro de los elementos y el resguardo de los reptiles y mamíferos.

Asimismo, en este operativo se contó con la colaboración del personal del Servicio de Protección Ambiental de la Jefatura de la Región VI y la Dirección de Defensa del Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de la Provincia de Misiones y el Ministerio de Ecología.

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Cumbre amazónica defiende el bosque, pero deja intacto al petróleo

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Inter Press Service – La cumbre de los ocho países de la Amazonia, realizada este viernes 22, adoptó una declaración en favor del bosque, del clima y de los pueblos indígenas, pero sin plantear el abandono de la explotación petrolera como pidieron organizaciones ambientalistas y de los pueblos originarios.

La Declaración de Bogotá anunció el compromiso de los Estados amazónicos de “avanzar hacia una transición energética justa, ordenada y equitativa”, pero “teniendo en cuenta las circunstancias y capacidades nacionales” y sin mencionar metas, plazos o mecanismos para su instrumentación.

A esta quinta cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca), establecido hace 45 años, acudieron los presidentes de Bolivia, Luis Arce; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el anfitrión Gustavo Petro, y la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto.

Cancilleres y otros ministros acudieron en representación de los restantes miembros, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela.

La declaración apuntó hacia la 30 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), el próximo noviembre con Lula como anfitrión, pues se realizará en Belém, junto a la desembocadura del Amazonas y en un área de prospección petrolera.

La cumbre acordó reforzar con urgencia las acciones que vienen realizando los países amazónicos frente a la crisis climática, y articular sus acciones nacionales para proteger la Amazonia, con base en el conocimiento científico pero integrado con los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales.

Lula dijo que “necesitamos calibrar qué queremos de la COP30. Por un lado, tenemos a quienes quieren actuar, pero no tienen recursos; por otro, quienes tienen recursos, pero no quieren actuar. Es importante que esta COP sea la más seria de todas y que sea considerada la COP de la verdad”.

En un mensaje a las naciones del Norte industrializado, agregó que “quienes quieren mantener el bosque en pie tienen que ayudarnos a pagar para mantenerlo”.

Los pueblos originarios de la región lograron en la cumbre la adopción del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas (Mapi), para consulta permanente y además para que en las reuniones de la Otca no participen solo representantes gubernamentales sino también una representación de los indígenas.

Sin embargo, no prosperó el pedido de medio centenar de organizaciones ambientalistas, indígenas y de derechos humanos, que se reunieron en los días previos en Bogotá, para que los gobiernos de la Otca adoptasen un cese programado de la producción de hidrocarburos en la Amazonia.

Colombia habría propuesto incluir la renuncia a la producción de combustibles fósiles como un objetivo de la Amazonia, pero se opusieron Brasil, Ecuador y Perú, que actualmente extraen o proyectan extraer más crudo en esa cuenca, amén de que el resto de socios también son productores de hidrocarburos.

Alex Rafalowicz, director ejecutivo de la campaña “Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles”, opinó que “los presidentes amazónicos desaprovecharon la oportunidad de reconocer que la extracción de petróleo y gas es una de las mayores amenazas para la Amazonia”.

Diana Chávez, dirigente de la Nacionalidad kichwa de Pastaza , en Ecuador, también observó que “más de 50 organizaciones exigimos en Bogotá declarar la Amazonia libre de combustibles fósiles, pero la declaración final ignora este reclamo y omite al petróleo y al gas, principales amenazas para la selva y nuestros derechos”.

Los presidentes apoyaron el surgimiento del Fondo Bosques Tropicales para Siempre, la promoción de “una economía orientada al desarrollo sostenible” en la Amazonia, y expresaron preocupación por el auge de los delitos ambientales, en particular el tráfico de fauna y flora silvestres, y la minería ilegal.

Petro expuso que “ayer tuvimos un día difícil en Colombia, derivado de la acción armada del narcotráfico”, en alusión a atentados contra las fuerzas del orden que dejaron al menos 18 muertos- y aseguró que “después del cambio climático, el segundo enemigo que hay en Colombia se llama narcotráfico”.

Propuso por ello que se considere la “defensa con armas” de la Amazonia, contra los grupos que ejecuten acciones ilegales en la cuenca, y que se establezca en la subregión un tribunal ambiental.

Arce habló de fortalecer la acción colectiva y dijo que “debemos dejar atrás la diplomacia burocrática y procedimental que nos bloquea e inmoviliza. Es hora de proyectar a la Otca como el instrumento más poderoso que tenemos para enfrentar los retos estratégicos de la región. Para ello se requiere el coraje y la valentía”.

La próxima cumbre de la Otca se realizará el año 2027 en Ecuador.

 

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