Burford Capital, el fondo que litiga contra Argentina por la expropiación de YPF, cuestionó duramente al gobierno de Estados Unidos por intervenir como amicus curiae a favor del Estado argentino ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. El bufete británico reiteró que Argentina deberá pagar una sentencia que ya supera los USD 17.500 millones, con intereses incluidos.

Críticas al Departamento de Justicia y advertencia por “efectos adversos” locales
Burford Capital presentó un escrito de 31 páginas ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en el que rechaza el intento de intervención del gobierno estadounidense como amicus curiae en la causa por la expropiación de YPF. El fondo acusó a los funcionarios norteamericanos de presentar un alegato “basado en premisas erróneas” y “sin valor sustancial”.

“Lamentablemente, la prisa y el desconocimiento del gobierno quedan patentes en su escrito”, señaló el documento, en el que además se tilda de “sumamente inusual” la presentación del Departamento de Justicia, aludiendo a funcionarios del entorno del expresidente Donald Trump.

Burford también criticó que EE.UU. no haya respondido a su pedido de reunión previa para aclarar su postura, lo que –según alegó– contribuyó a una interpretación equivocada del caso. “Cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales”, sentenció el fondo.

Una batalla de fondo por USD 17.500 millones

El fallo de Preska, las acciones de YPF y la pulseada por la inmunidad soberana
El litigio por la estatización de YPF ya lleva más de una década. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina y ordenó que se transfiera el 51% de las acciones en manos del Estado como parte de pago por la expropiación sin oferta previa de compra. La sentencia inicial fue por USD 16.000 millones, cifra que ya se elevó por intereses hasta superar los USD 17.500 millones.

Burford busca que la Corte de Apelaciones no suspenda el fallo de Preska, mientras que Argentina, con el respaldo reciente del Departamento de Justicia de EE.UU., insiste en la inmunidad soberana y el riesgo de daño irreparable si se ejecuta la entrega de acciones antes del resultado final del proceso de apelación.

El giro de EE.UU. y su impacto político

El gobierno argentino lee un respaldo implícito; Burford alerta sobre falsas expectativas
Desde la Procuración del Tesoro, que encabeza Santiago Castro Videla, interpretaron el respaldo de EE.UU. como un gesto diplomático significativo. “No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado”, indicaron fuentes del organismo. Recordaron que en 2019, durante las presidencias de Macri y Trump, la posición oficial estadounidense fue contraria a la inmunidad argentina.

En su presentación, el Departamento de Justicia justificó su posición afirmando que “el caso puede tener importantes ramificaciones para las relaciones exteriores de EE.UU. y afectar el trato recíproco en tribunales de otros países”.

Burford, por su parte, advierte que el gobierno argentino ha interpretado erróneamente ese gesto como una garantía de que no deberá pagar. “La prensa y los funcionarios públicos han asumido que Argentina nunca tendrá que cumplir la sentencia”, alertó.

La Corte decidirá si suspende la sentencia y evita la entrega de acciones
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito deberá definir esta semana si hace lugar al pedido de suspensión de la sentencia de Preska. De lo contrario, Argentina podría verse obligada a transferir el paquete accionario en disputa a los demandantes, incluso antes de que se resuelva la apelación.

Burford sostiene que la posición de EE.UU. no debe influir en esa decisión, mientras insiste en que la inmunidad soberana no aplica para actos comerciales incumplidos por parte de Estados que operan en mercados internacionales, como en el caso de YPF.

El fallo definitivo tendrá implicancias financieras y diplomáticas de largo alcance. En juego no solo está el futuro accionario de la petrolera estatal, sino también la credibilidad jurídica de Argentina en los mercados internacionales. Si la Corte ratifica el fallo y avanza la ejecución, el gobierno de Javier Milei deberá afrontar uno de los mayores pasivos heredados del pasado reciente.