La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó hoy la mayoría de las acusaciones que el gobierno de Ucrania realizó contra Rusia por supuesta “financiación del terrorismo” en el este del país, en una causa presentada en 2017, alegando que los casos presentados excedían el marco de la legislación vigente.

Ante el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas Ucrania calificó a Rusia de “Estado terrorista” y afirmó que el apoyo ruso a los separatistas prorrusos del este ucraniano había sido un presagio de la invasión rusa a ese país en febrero de 2022.

Según Kiev, Moscú había violado el Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo al impulsar acciones para apoyar a los secesionistas ucranianos.

El gobierno ucraniano exigía compensaciones por ataques atribuidos a los separatistas, en especial la destrucción del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en julio de 2014 cuando sobrevolaba Ucrania, que mató a 298 personas.

Pero la CIJ, con sede en La Haya, Países Bajos, rechazó la mayoría de los argumentos de Ucrania y solo reprochó a Rusia que no hubiese tomado “medidas para investigar” posibles violaciones del Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo.

Pero en este punto, la CIJ dijo que las supuestas violaciones a ese convenio fueron cometidas por “personas”, sin elevar el foco a nivel estatal.

La corte “rechaza todos los demás argumentos presentados por Ucrania”, declaró en su fallo.

El tribunal señaló que solo las transferencias de dinero podían considerarse como apoyo a grupos presuntamente terroristas, según los términos del convenio internacional.

Esto “no incluye los medios utilizados para cometer actos de terrorismo, entre ellos armas o campos de entrenamiento”, dictaminó el órgano judicial.

“Por ende, el suministro de armas a distintos grupos armados que operan en Ucrania (…) no entra en el ámbito de aplicación material” del convenio, declaró la CIJ, según la agencia de noticias AFP.

Además de reprochar a Moscú haber apoyado a los rebeldes separatistas, Kiev señaló que el tratamiento otorgado por Rusia a la minoría tártara y a los de habla ucraniana en Crimea ocupada en 2014 infringía una convención internacional sobre la discriminación racial.

En referencia a esto, la CIJ consideró que Rusia violó la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, con el sistema educativo que impuso en la península de Crimea, donde no garantizó la enseñanza del ucraniano.

Sin embargo, el tribunal descartó que se hayan aportado pruebas suficientes para acreditar la persecución generalizada de ciudadanos de etnia ucraniana o tártara, entendiendo que cualquier posible abuso abarca conceptos más amplios que el de grupo y puede tener que ver con represiones generalizadas o de carácter político, recogió la agencia de noticias Europa Press.

El proceso que concluyó hoy se remonta a enero de 2017, afirmando que Rusia violó las convenciones de la ONU sobre la financiación del terrorismo y sobre las discriminaciones raciales.

Ese mismo año, el tribunal rechazó la petición de Kiev de ordenar urgentemente a Rusia que pusiera fin a su presunto apoyo a los rebeldes separatistas, pero sí instó a Moscú a garantizar los derechos de los ucranianos y de los tártaros en Crimea.

Cabe mencionar que esa presentación de Ucrania es anterior a la ofensiva militar lanzada abiertamente por Rusia en febrero de 2022 sobre el este ucraniano, por la que existe otra causa abierta relativa a un supuesto genocidio.

En esta segunda causa, la CIJ también dictó medidas cautelares y pidió el fin de la agresión, aunque sin que esta orden se haya llevado a cabo sobre el terreno. El viernes la CIJ dirá si tiene competencias para pronunciarse en este último procedimiento sobre esta guerra.

Moscú intenta “borrar” a Ucrania “del mapa”, respondió por su parte un diplomático ucraniano, Anton Korinevish.

“A partir de 2014, Rusia ocupó ilegalmente Crimea, y luego inició una campaña de erradicación cultural contra los ucranianos de origen y los tártaros de Crimea”, recalcó Korinevish.

El embajador ruso en Países Bajos, Alexander Shulgin, criticó en junio, durante unas audiencias, la iniciativa de Kiev, afirmando que Ucrania “recurre a mentiras flagrantes” contra Rusia, “incluso ante esta corte”.

Las decisiones de la CIJ, creada después de la Segunda Guerra Mundial para resolver las disputas entre países, son jurídicamente vinculantes y no se pueden apelar. Sin embargo, la corte no tiene medios para hacer que se apliquen.

El tribunal, por ejemplo, ordenó a Rusia en marzo de 2022 que suspendiera su ofensiva en Ucrania, que actualmente continúa.

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