Por Marcelo Capello, Gerardo García Oro y María Laura Caullo. La incipiente recuperación del empleo exhibida entre los últimos trimestres de 2016 y el transcurrido tercer trimestre del corriente año contribuyen a un alivio en el mercado de trabajo y, cuanto menos, a la recuperación de los puestos perdidos durante la primera mitad de 2016 en la mayoría de los sectores. No obstante, aún continúa la destrucción de puestos entre actividades productoras de bienes transables (aquellos con potencial exportador y generador de divisas o que pueden sustituir importaciones), tal el caso de la industria, sector en que se visibiliza una pérdida continua de empleos desde el año 2014. Más allá de este contexto, el mercado laboral en Argentina presenta significativos contrastes de carácter estructural entre sus habitantes respecto al acceso, calidad, certidumbre y retribución de los empleos en los cuales los habitantes del país se insertan.

En primer lugar, Argentina parte de una tasa de participación laboral (porcentaje de ocupados y desocupados respecto a la población total) del 45,4%, ratio que evidencia importantes dosis de “desempleo oculto” por falta de oportunidades laborales, fundamentalmente entre segmentos poblacionales de mayor vulnerabilidad, caso de los denominados jóvenes “Ni Ni”. Asimismo, del total de activos, el 8,7% (unos 1,7 millones) se encuentra desocupado (busca un empleo y no lo consigue).

Por su parte, entre los ocupados se presentan altas dosis de cuentapropismo no profesional (8 de cada 10 trabajadores en autoempleo), que alcanza a más de 3,1 millones de personas y asalariados en entornos privados no registrados, que representan el 41,2% del total de asalariados privados, presentándose más de 4,2 millones de personas en dicha condición de empleo. En este panorama, podrían añadirse además unos 250 mil trabajadores del ámbito público cuya relación laboral con el Estado no refleja lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo a este efecto y otros 146 mil ocupados sin retribución laboral. En suma, esta recopilación da cuenta de un total de 9,5 millones de personas con inconvenientes de empleo (casi 1 de cada 2 activos), tanto por encontrarse marginados del mercado de trabajo como por enfrentar condiciones laborales de incertidumbre, mayor vulnerabilidad, menores ingresos, en contextos de menor preparación que obstruyen el progreso laboral y el aprendizaje. A estos, se añaden más de 1,1 millones de jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo (Ni Ni) que tienen entre 18 y 24 años de edad.

Se trata de una situación que ya lleva varios años, por lo que modificarla constituye uno de los principales desafíos de la Administración Macri. Aliviar esta problemática requiere la articulación de una multiplicidad de estrategias con políticas activas para acompañar y facilitar la inserción y el sostén de poblaciones vulnerables en el mundo del trabajo, además de la consideración de la realidad de dichos trabajadores en la discusión de normativas e instituciones laborales, de manera que puedan propiciarse instancias de mayor movilidad laboral y crecimiento del empleo, así como también el impulso de la productividad (como vía genuina de la formalización y acceso a buenos empleos). Se requiere también el desarrollo de instancias de intermediación laboral, teniendo en cuenta las múltiples realidades sectoriales y regionales del complejo y variado entramado productivo que caracteriza a Argentina.

Las últimas cifras de evolución del empleo dan cuenta de los problemas de competitividad y del sector externo, que han hecho que en el sector productor de bienes transables se destruyeran casi 45 mil puestos de empleo entre 2015 y 2017, así como también el hecho de que la mayor parte de la recuperación del empleo estuvo concentrada en la producción de bienes y servicios no transables, ámbito en el cual se crearon 34 mil puestos en idéntico periodo. Por su parte, el empleo público, si bien moderó el ritmo de crecimiento observado entre 2012 y 2015, aún continúa expandiéndose, con la creación de unos 55 mil puestos entre 2015 y 2017 (la mayoría en 2015, en que hubo dos administraciones de gobierno). Además, instancias como el blanqueo y el acceso por Ley de monotributistas al programa de Asignación Universal por Hijo (AUH) propició un fuerte crecimiento en el empleo por cuentapropia, entre ellos aquel de menor calificación. Se tiene así una mejora en la evolución del empleo, pero con falencias en términos de la calidad de los puestos generados. Esta recuperación debe ser acompañada de iniciativas que promuevan un mayor impulso entre los sectores que enfrentan situaciones más complejas, en pos de un mayor impulso a la productividad y la calidad del empleo generado. 

El costo laboral bajo una perspectiva comparada

La contratación de un trabajador formal en Argentina implica la consideración de una importante cantidad y variedad de aspectos y prestaciones incluidas en el Sistema de Seguridad Social.

En particular, por cada $100 de salario básico abonado a un trabajador, el empleador debe adicionar otros $33 pesos en concepto de contribuciones patronales, obra social, ART y aporte sindical; otros $3 correspondientes al sostenimiento de los costos indemnizatorios establecidos; otros $4 en conceptos de premios, bonificaciones, viáticos y el pago de horas extras y, en el promedio de horas anuales, un total de $9 por ausentismo, $6 por vacaciones y $3 por el cubrimiento de feriados no laborales.

En total, el costo laboral considerando este ejemplo correspondería a $158. Por su parte, sobre este salario básico, el trabajador realiza aportes directos al sistema previsional (11%), obra social (3%) y PAMI (3%), es decir, $11, $3 y $3 respectivamente; por lo cual, su salario de bolsillo (sin considerar otras deducciones como podría ser, por ejemplo, el pago del impuesto a las ganancias como trabajador asalariado) sería de $87.

En suma, el costo laboral enfrentado por el empleador resulta un 82% más alto que el salario de bolsillo percibido por la persona. Esta discrepancia contrasta fuertemente si se considera que el sistema previsional no premia con suficiencia (en términos del valor del haber previsional futuro de la persona) el cumplimiento de los aportes requeridos por la legislación (el haber mínimo representa un 60% del haber promedio del sistema) y los problemas de calidad y cobertura de las prestaciones del PAMI. Bajo otra perspectiva, la observación del costo laboral que enfrenta el sector industrial (aquel que ha presentado mayores inconvenientes a lo largo de los últimos años) puede ayudar a completar el diagnóstico.

En particular, la brecha salarial en dólares entre trabajadores industriales de Argentina y Brasil se encuentra en un 116%, cifra que resulta semejante a la registrada después de la devaluación del real de principios de 1999.

Esta relación de competitividad es mejor que la de los últimos meses de 2015, alivio que ocurrió luego de la salida del cepo cambiario, sin embargo – y a la luz de una importante reforma en la legislación laboral del país vecino – es una brecha que podría acentuarse, dificultando aún más la recuperación del sector. 

De igual manera, considerando estadísticas provistas por el Bureau Labor of Statistics (BLS) de Estados Unidos, Argentina es el país que presenta un mayor ritmo de crecimiento interanual en los costos laborales unitarios en dólares, entre el año 2002 y la actualidad, elevando sus costos laborales a razón de un 8,8% anual, en contraste con lo ocurrido con la mayoría de los países emergentes con los que podría competir a nivel global por ganar participación de mercado. Estos resultados se acentúan si se considera las significativas falencias de la economía argentina en materia de productividad.

Los desafíos legislativos y de política laboral

Las múltiples dificultades laborales que se visualizan reflejan problemas estructurales escasamente abordados por la política pública. Se necesita mejorar las condiciones por el lado de la demanda laboral, a través de la discusión tributaria, de cargas sociales y de incentivos para el desarrollo productivo a nivel regional, y también por el lado de la oferta: serios diferenciales en la acumulación de capital humano entre la población activa, inconvenientes educativos, falta de preparación socio-emocional y en habilidades blandas para el mundo del trabajo, entre otros aspectos. Asimismo, se destaca la insuficiencia de esfuerzos en materia de intermediación laboral entre la oferta y demanda de trabajo.

En igual sentido, a estos dos enfoque podría añadírsele la falta de criterios federales y sectoriales sobre las regulaciones y estatutos laborales, así como la priorización de instrumentos que permitan alinear regionalmente la preparación y acumulación de capital humano por parte de la población activa, con los requerimientos característicos del entorno productivo próximo (perfiles ocupacionales más buscados por las empresas en cada región).

Tampoco puede ignorarse que Brasil ha realizado una actualización de su legislación laboral, incluyendo mayor descentralización y adecuación a cada tipo de empleo en las negociaciones entre empleadores y empleados, además de reglamentar las nuevas formas de trabajo vigentes (por ejemplo, el home office y la tercerización). Esto impone nuevos desafíos en materia de competitividad para Argentina.

Hasta el momento, la agenda en Argentina se ha basado fundamentalmente en una significativa reforma realizada en materia de prevención de accidentes de trabajo, la cual ya comienza a mostrar resultados positivos, además del impulso en forma descentralizada de acuerdos sectoriales, y los denominados, “pactos de productividad”.

La particularidad de estas iniciativas es que refieren a temas concretos que han venido actuando en detrimento de la productividad y el desarrollo productivo dentro de cada sector. Hay avances en la búsqueda de formalización laboral en sectores como la construcción, la reducción de los costos logísticos y de transporte para actividades extractivas, la disminución del ausentismo y una mayor capacitación en la producción automotriz, entre otras.

Este tipo de acciones descentralizadas contribuyen a la reducción de los costos productivos y al incremento en la productividad, atendiendo a los requerimientos específicos de cada sector.

Sin embargo, en forma complementaria, parece oportuno señalar la necesidad de modernizar la estructura de la legislación y los institutos laborales bajo una perspectiva más amplia, que logre alinear los objetivos de progreso laboral con las oportunidades productivas y las nuevas modalidades de empleo. Un nuevo marco legislativo, en un contexto de abordaje integral, articulado con las provincias y los actores claves de los diferentes sectores productivos, debería formar parte de estas reformas.

El objetivo debería ser la promoción de entornos laborales más promisorios e inclusivos, con especial foco en la generación de empleo de calidad, mejora en las retribuciones reales de los trabajadores, adecuación de perfiles ocupacionales con la preparación de los trabajadores locales, mayor competitividad y la promoción de economías regionales.