“La educación tendría que ser un negocio. Y no es mala palabra. Es el mercado pudiendo asignar los recursos a las necesidades (…) Si no se trata como negocio y se trata como un derecho, sonaste.”

Lo afirmó en un reportaje reciente Alberto Benegas Lynch (h), apodado “Bertie”, uno de los principales asesores económicos de Javier Milei, el personaje que representa objetivamente los intereses políticos de Mauricio Macri, quien lo apoya (y tal vez conduzca) para ser presidente de la Argentina. Benegas Lynch es el economista que Milei alaba como “prócer”, mentor también de la propuesta de eliminación del Banco Central, de la venta de órganos y de la oposición al aborto, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.

Bertie agregó, con convicción, que el proyecto de Milei contempla eliminar completamente el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires. “Todo el presupuesto al sistema educativo estatal se lo sacás y se lo das a la demanda para que elija. Entonces lo ponés en competencia. Les cambiaste la cabeza y la forma de encarar la cuestión”.

Continuó afirmando: “La pregunta que incomoda, porque pisa callos, es cuántos egresados tenés respecto al presupuesto. Porque en definitiva si sos una universidad o hacés un negocio, también tenés que ver cuántas ventas tenés. Hay gente que se altera si vos ponés la cuestión de ventas, pero es un negocio. Debería ser un negocio”.

Otra concepción (diametralmente distinta), que es la que suscribimos, destaca que la educación, como la salud, es un bien público que no debe quedar sometida a la cruda lógica del mercado, ni tampoco a los intereses particulares de determinados grupos.

Las universidades privadas -en su enorme mayoría- representan los intereses particulares de grupos religiosos, de grupos ideológico-políticos o directamente de grupos empresariales.

A su vez, la universidad pública estatal está obligada a orientarse por el interés de la sociedad en su conjunto, de donde deriva su carácter universalista y, por ende, esencialmente democrático. El necesario sustento económico estatal a la educación universitaria se justifica por la obligación que le cabe al Estado de responder a los intereses de la Nación y de la comunidad que la conforma.

La tracción que ejercen los grupos privados para que el Estado proteja sus intereses específicos (en desmedro de los del conjunto) no es nueva. Pero ahora, en la época de la barbarie neoliberal, el avance sobre la anhelada rentabilidad de la educación mercantil se muestra extremadamente voraz y a cara descubierta.

En febrero de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, la educadora Adriana Puigróss recordaba que la fundación neoliberal FIEL (asesora de la dictadura de 1976) era entonces consultora del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) fue fundada en 1964 por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina y dice ser, según su propia página web, “una institución independiente y apolítica”. Su consejo académico está integrado por Ricardo López Murphy, Manuel Solanet, Mario Teijeiro y Miguel Kiguel.

López Murphy, exponente del ala derecha del radicalismo, funcionario de la dictadura cívico-militar, ministro de Fernando de la Rúa, diputado nacional de Juntos por el Cambio, de ortodoxia liberal inconmovible, cercano ahora a “libertarios” profundamente individualistas y conservadores como José Luis Espert y especialmente como Javier Milei, es un representante genuino del papel que cumplen fundaciones como FIEL, aunque quieran disimular su indudable accionar político.

En evidente confrontación con la educación estatal, esta organización destaca -desde hace tiempo- que “un elemento esencial de una competencia justa es que las instituciones privadas y estatales enfrenten condiciones similares. Una política esencial para ello es la eliminación de subsidios a las universidades nacionales y la instauración de un sistema de préstamos y becas disponibles tanto para estudiantes de instituciones privadas como de las públicas. Existe también otro privilegio de las universidades estatales que debe ser removido: la ausencia de un costo de alquiler sobre las propiedades usufructuadas por las universidades públicas”. Como se puede observar, toda una declaración de férreas posiciones de esta institución que se define como “apolítica”.

La falacia de estos argumentos radica en que colocan en el mismo plano a instituciones de diferente naturaleza. Las empresas educativas, como cualquier empresa, compiten en el mercado; mientras que la universidad pública es una institución cuyo fin es contribuir al desarrollo social y moral de la sociedad. La universidad no presta un servicio a individuos particulares; aporta al mejoramiento de la comunidad que conforma la Nación. Al mismo tiempo, las condiciones de acceso a la educación superior comunes para todos (cualquiera sea la capacidad adquisitiva de cada uno) tiende a favorecer la igualdad, no sólo en el ingreso, sino también en la convivencia cotidiana.

Una propuesta que reduce la sociedad y la política a la mera competencia en el mercado es una expresión reduccionista y empobrecida, aún de los principios más básicos de la democracia moderna y tiende a afectar la calidad de la participación social y política.

Lo que se evidencia tras las propuestas “mileistas” de eliminación del presupuesto universitario y del conjunto de la educación es la renovada presión de ciertos grupos económicos y políticos para que el Estado resigne la defensa de los intereses del conjunto a favor de intereses sectoriales.

A pesar del avance del fundamentalismo neoliberal, aún no se han podido apropiar del llamado “negocio de la educación”. Este es el principal objetivo de los embates contra la universidad pública. Lisa y llanamente, aspiran a transformar la educación en mercancía. Por eso hoy atacan tan fuertemente el financiamiento estatal de la educación.

Resistirse ante este nuevo ataque a la educación a cargo del Estado constituye una contribución profundamente democrática, tendiente a la realización de una sociedad más plena e igualitaria.

* Norberto Alayón es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

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