El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, envió el martes al Congreso un proyecto de ley que endurece las penas contra los delitos ambientales, en medio de una ola de incendios récord que tienen en su mayoría origen criminal.

Los incendios forestales arrasaron más de 22 millones de hectáreas entre enero y septiembre en Brasil, un 150% más que en el mismo período del año pasado, según los registros del organismo de monitoreo MapBiomas.

Las llamas han asolado particularmente la Amazonia y el Pantanal, cruciales para la biodiversidad y la regulación climática.

«De ahora en adelante, no jugaremos con los delitos medioambientales, las personas tendrán que ser castigadas severamente», dijo el presidente Lula al firmar el proyecto de ley en el palacio de gobierno, acompañado de varios ministros.

Una sequía histórica relacionada según expertos al cambio climático ha favorecido los incendios en Brasil.

Pero las autoridades identificaron que en muchos casos son causados por la acción humana.

Los objetivos suelen ser limpiar los pastos para pastoreo o agricultura, una práctica prohibida en medio de la crisis actual; o  quemar bosques públicos y apropiarse de las tierras transformándolas en pastos. 

La propuesta del Gobierno aumenta de tres a seis años la pena de reclusión para aquellas personas que hayan provocado incendios en selvas o pastizales, así como endurece las sanciones pecuniarias que se aplican por esos delitos.

También considera como agravantes, con un consecuente aumento de las penas, que las llamas sean desatadas en zonas protegidas y que, por sus dimensiones, pongan en riesgo la vida y las propiedades de otras personas o tengan impacto en la salud pública.

Asimismo, se establecen penas más severas para casos de minería ilegal y se castigarán más duramente delitos de tráfico de fauna silvestre, contaminación de recursos naturales o mortandad provocada de fauna acuática, entre otros.También se castigarán más duramente delitos de tráfico de fauna silvestre, contaminación de recursos naturales o mortandad provocada de fauna acuática, entre otros.

El proyecto debe ser aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado.

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