CIUDAD DE MÉXICO — Hace poco, en una sofocante tarde en su estado natal de Tabasco, el presidente de México celebró el más reciente triunfo de su gobierno: una nueva refinería.

Aunque no está operativa aún, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclamó al proyecto como pieza central de su gran campaña para asegurar la independencia energética de México.

“No hicimos caso al canto de las sirenas, las voces de los que pronosticaban, de buena fe, tal vez, el fin de la era del petróleo y la llegada masiva de los carros eléctricos y de las energías renovables”, le dijo a una multitud entusiasta.

En un momento en que los científicos están sonando la alarma sobre la necesidad de apartarse de los combustibles fósiles que contribuyen al catastrófico calentamiento global, la invasión de Rusia a Ucrania ha encendido un movimiento global en dirección contraria: Estados Unidos y los países europeos están tomando medidas para aumentar la producción de petróleo y gas para contrarrestar las prohibiciones a la energía rusa.

Pero México está yendo más allá.

Impulsado por el objetivo histórico de López Obrador de retirar el control del sector energético a las empresas privadas a fin de que las estatales dominen el mercado, el gobierno está socavando los esfuerzos de expandir la energía renovable y apostando el futuro del país en los combustibles fósiles.

La política es clave para la ambición de López Obrador de revertir lo que considera una privatización corrupta de la industria, garantizar la soberanía energética de México y devolver al país a los días gloriosos en los que el petróleo creaba miles de empleos y ayudaba a impulsar la economía.

Para este fin, las autoridades mexicanas están empleando el poderío de sus agencias regulatorias para mantener a las empresas de renovables fuera del mercado, bloqueando la operación de sus plantas eléctricas y más bien apuntalando las plantas de hidrocarburos que el Estado posee u opera, según entrevistas con más de una decena de exfuncionarios del gobierno, analistas y ejecutivos del sector energético.

Como resultado, según los analistas, es casi seguro que México no logre cumplir su promesa al mundo de reducir su producción de carbono. El país posiblemente también haya puesto en riesgo miles de millones de dólares de inversiones en renovables y creado otra fuente de tensión con el gobierno de Joe Biden, que ha hecho del combate al cambio climático un pilar de su agenda de política exterior.

“La gente dice, ‘¿cómo va a cumplir sus compromisos con el cambio climático?’ Y yo siempre le digo a la gente, ‘bueno, a él no le importa’”, dijo Tony Payan, experto en México del Instituto Baker de Política Pública en la Universidad de Rice, refiriéndose a López Obrador. “Es un hombre de petróleo”.

La oficina de prensa de la presidencia, la Secretaría de Energía de México y la empresa estatal de electricidad no respondieron a los pedidos de comentario.

Pero López Obrador ha argumentado que si bien la transición a la energía renovable sucederá en algún momento, México simplemente no está listo.

“Ese avance tecnológico más temprano que tarde se convertirá en realidad”, dijo en la inauguración de la refinería. “Es claro que, para llegar a ello, todavía falta tiempo”.

El gobierno no ha abandonado por completo las energías renovables. Planea gastar unos 1600 millones de dólares para construir una enorme planta solar en el norte de México, y también reequipar más de una decena de plantas hidroeléctricas propiedad del Estado.

México genera alrededor del 70 por ciento de su energía de combustibles fósiles, mientras que las fuentes renovables y nucleares proveen el 20 por ciento restante, según cifras del gobierno.

Los partidarios de López Obrador también argumentan que la estrategia gubernamental permitirá al Estado un mayor control sobre el sector energético y cualquier cambio hacia las renovables. La política es clave en un país en donde la supervisión pública del sector privado a menudo ha sido débil, según Fluvio Ruíz Alarcón, analista y exconsejero en Pemex, la petrolera estatal.

“Una vez que un sector tan importante en nuestro país como el energético quedara controlado por manos privadas, la regulación desde el Estado yo la veo muy muy difícil”, dijo Ruíz. Mantener el sector en manos del Estado, “te da la capacidad de manejar tus ritmos de transición energética”.

Para México, la soberanía energética es muy especial. En la década de 1930, el presidente Lázaro Cárdenas expropió los activos de las petroleras extranjeras, incluidas estadounidenses, acusándolas de explotar a los trabajadores y nacionalizó la industria, un evento icónico que se celebra como una fecha cívica.

Para López Obrador, que dice que Cárdenas es una inspiración, una de sus principales prioridades es recuperar para el Estado un casi monopolio de la energía.

Una de sus primeras medidas fue instalar a sus partidarios en el directorio de una comisión regulatoria de energía encargada de supervisar el sector energético, convirtiendo así, según los analistas, a una agencia independiente en una herramienta para llevar a cabo la agenda presidencial.

“Ahí pierdes cualquier apariencia de autonomía o independencia”, dijo Jeremy M. Martin, vicepresidente de energía y sostenibilidad en el Instituto de las Américas, una institución de investigación en materia de política pública.

En junio, más de 50 proyectos eólicos y solares propuestos por empresas privadas y extranjeras estaban a la espera de permisos de la comisión; algunas de las solicitudes databan de 2019, la última vez que se aprobaron permisos nuevos para compañías privadas de energía, según registros del gobierno. En total, representan casi 7000 megavatios de energía renovable, suficientes para abastecer a una ciudad del tamaño de Los Ángeles.

Según Francisco Salazar Diez de Sollano, expresidente de la Comisión Reguladora de Energía, se trata de una “guerra que ha habido contra las renovables”.

Antonio Perea, quien trabaja en desarrollo de negocios en Sungrow, una empresa china proveedora de equipo solar, dijo que tres proyectos en los que su empresa trabajaba se encontraban en pausa debido a que el gobierno no ha emitido los permisos.

“Llegamos a tener en México, como país, la energía más barata del mundo en tema solar y, desafortunadamente, con todos estos cambios nos quedamos en el camino”, dijo Perea sobre la agenda de energía del gobierno. “No es un tema energético, es un tema político”.

López Obrador también se ha enfocado en dar marcha atrás a las amplias reformas económicas aprobadas por su antecesor, que abrieron los mercados energéticos a las empresas privadas, incluidas las extranjeras que trabajan con renovables, por primera vez en décadas. Y canceló una subasta pública en 2019 que ponía a la venta los derechos para la generación de energía eólica y solar, incluso cuando las subastas previas habían resultado en precios de energía renovable que se hallaban entre los más bajos del mundo.

El partido gobernante de López Obrador, Morena, también ha aprobado una propuesta de ley para reescribir las reglas que rigen el orden en que las plantas generadoras alimentan la energía a la red eléctrica mexicana, con lo que se revierten los cambios previos que exigían que la energía más barata, a menudo renovable, se despachara primero en lugar de darle la prioridad a las plantas estatales.

La nueva ley, que ha sido ampliamente criticada por el sector privado y los ambientalistas, fue ratificada por la Suprema Corte en abril, pero sigue entrampada en varias demandas.

Las autoridades gubernamentales también han evitado que operen comercialmente al menos 14 plantas privadas eólicas y solares que ya se habían construido, según dos ejecutivos de la industria que pidieron el anonimato, pues temen las represalias del gobierno.

El gobierno, alegando las necesidades de fiabilidad del sistema de energía, también ha permitido que la plantas que queman carbón, gas y combustible propiedad del Estado alimenten a la red eléctrica nacional antes que las plantas privadas de energía renovable.

Dicha práctica se llevó a cabo “sin justificación aparente”, según un informe emitido el año pasado por una firma con sede en Estados Unidos que México contrató para monitorear el sector energético del país. La Suprema Corte falló que la política era inconstitucional, pero en la práctica sobrevive, según ejecutivos de la industria.

Incluso al obstaculizar la energía renovable, el Estado planea invertir 6200 millones de dólares para construir 15 plantas a gas y diésel para 2024, según documentos del gobierno.

La atención de las autoridades al sector energético ha tenido un gran impacto económico: la inversión extranjera directa en la industria pasó de 5000 millones de dólares en 2018, año en el que López Obrador asumió la presidencia, a menos de 600 millones el año pasado, según cifras del gobierno.

“México no está abierto a la inversión en energía”, dijo Payan. “Simplemente se cerró”.

Dado que empresas estadounidenses ya había hecho cuantiosas inversiones en el sector energético mexicano, los cambios en las políticas cada vez siembran más tensión en la relación con Washington.

El gobierno de Biden indicó recientemente que buscaba conversaciones de alto nivel con México en materia de política energética e insinuó la posibilidad de aranceles.

“Hemos expresado repetidamente serias preocupaciones por una serie de cambios en las políticas energéticas de México”, dijo en un comunicado Katherine Tai, representante de comercio de EE. UU. “Desafortunadamente, las empresas de EE. UU. siguen enfrentando un tratamiento injusto en México”.

Durante una conferencia de prensa, López Obrador pareció desestimar la advertencia de Estados Unidos, al mostrar el video de una canción popular titulada “Uy, qué miedo”.

El mandatario mexicano ha dicho que su país estaría abierto a la inversión extranjera en proyectos renovables solo si la Secretaría de Energía estuviera a cargo de la planeación y la empresa eléctrica estatal tuviera una participación mayoritaria, lo que podría ser una violación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

López Obrador ha insistido que México cumplirá su meta, establecida en el Acuerdo de París de 2015, de producir 35 por ciento de su energía con fuentes renovables para 2024, pero un informe presentado este año mostraba que el país lleva años de retraso en ese objetivo.

Muchos ambientalistas y expertos en energía renovable dijeron que estaban concentrados en las próximas elecciones presidenciales, a realizarse en dos años, con la esperanza de que un nuevo gobierno sea más amigable a la energía renovable.

“Quien sea que asuma el cargo en 2024 tendrá que lidiar con graves deficiencias en el sector energético”, dijo Martin. Pero, añadió, en lo que respecta al compromiso del Acuerdo de París, “ya se fue ese tren”.

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