Sesión con derrota cantada para el Gobierno en el Senado mientras Milei está de viaje. Además de Discapacidad la oposición busca limitar el uso de los DNU.

La oposición se prepara para rechazar el veto de Javier Milei de la legislación que aumenta el presupuesto en el área y dispone de la actualización de aranceles. Además, la Cámara alta tratará un proyecto para limitar las atribuciones del Presidente para esquivar el control legislativo

El Senado vuelve a sesionar para votar el rechazo al veto presidencial del proyecto que declara la emergencia en el área de Discapacidad, además de debatir un proyecto de modificación del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, que limita las atribuciones del Presidente para imponer su predominio sobre el Poder Legislativo.

Así fue acordado en una reunión de Labor Parlamentaria en la que se definió la dinámica de una sesión que estará atravesada por el escándalo que envuelve al gobierno de Javier Milei por los audios difundidos del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

Serán cinco las cuestiones de privilegio que se centrarán en el tema que afecta a máximas autoridades del Poder Ejecutivo: la trama de presuntas coimas que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, uno de sus colaboradores y más estrechos funcionarios, Eduardo ‘Lule’ Menem y Spagnuolo, entre otros protagonistas, además de que también harán hincapié en la cautelar del juez Alejandro Maraniello contra la difusión de esos audios.

La sesión en el Senado comenzó con las cuestiones de privilegio, que apuntaron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Legisladores cuestionaron lo que definieron como un “ataque” a periodistas y medios de comunicación que difundieron los audios en los que se denuncian supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Los senadores remarcaron que las declaraciones de Bullrich buscaban desacreditar la investigación periodística y consideraron que representaron un intento de amedrentamiento hacia la prensa.

Macri dio libertad de acción al PRO en el Senado: “Cada uno vota a conciencia”

El bloque del PRO mantuvo ayer una reunión interna para definir su postura frente al veto presidencial de la ley de emergencia en discapacidad. Del encuentro participó Mauricio Macri a través de una videollamada.

El ex presidente había planteado inicialmente que las bancadas de Diputados y Senado debían votar en la misma dirección. Sin embargo, ante la discusión sobre el nuevo escenario político y el impacto de los audios que involucran al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, Macri terminó habilitando la libertad de acción: “Cada uno vota a conciencia”, transmitió.

Martín Lousteau ingresó al recinto y anticipó su rechazo al veto presidencial de la ley de emergencia en discapacidad. “El veto es una enorme inmoralidad porque mientras se ajusta a los que más necesitan se les está robando”, señaló el senador radical. Recordó que ya había acompañado la norma en la votación anterior y remarcó: “Ahora voy a votar en contra del veto.

Además, me imagino que va a haber una mayoría abrumadora, porque si en Diputados se sostuvo la ley cuando todavía no se conocían los audios, hoy, que revelan que mientras se ajusta a los discapacitados se les roba, debería haber mayor insistencia”.

Con 39 presentes, el Senado alcanzó el quórum y comenzó la sesión

A las 11:12, el tablero electrónico del recinto marcó “Hay quórum”. Con 39 senadores presentes, 33 ausentes y 15 aún no identificados, quedó habilitado el inicio formal de la sesión en la que se tratará el rechazo al veto presidencial de la ley de emergencia en discapacidad y el proyecto de modificación del régimen legal de los DNU.

La discusión se desarrolla en un clima atravesado por la polémica en torno a los audios que involucran al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y a figuras clave del Ejecutivo.

Senadores colocan cartas de chicos discapacitados en las bancas para rechazar el veto

En los preparativos de la sesión en el Senado, senadores de Unión por la Patria comenzaron a pegar en las bancas cartas escritas por chicos con discapacidad que les fueron entregadas ayer. En una de ellas, hecha con crayones, se lee: “Sra. Senadora: le solicito que apoye la Ley de Emergencia en Discapacidad. No al veto”.

El gesto busca interpelar directamente a las legisladoras en el recinto, en el marco del debate por el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad.

El interbloque de Unión por la Patria (UP) en el Senado mantuvo ayer una reunión con representantes de más de una decena de organizaciones vinculadas al colectivo de discapacidad, en vísperas de la sesión en la que se debatirá el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El encuentro reunió a familiares, personas con discapacidad y prestadores afectados por los recortes al sector implementados por el gobierno nacional.

El jefe del interbloque, José Mayans, presidió la reunión, convocada a pedido de los senadores Anabel Fernández Sagasti y Sergio Leavy, quienes durante las últimas semanas articularon los pedidos de audiencia entre los distintos sectores y la Cámara alta.

Entre los asistentes figuraron la actriz Valentina Bassi, familiar de un niño con discapacidad; Jony de la Silla, miembro del Frente Patria Grandeque encabeza Juan Grabois; el prestador Daniel Lipani; Alejandro Alonso, fundador del Frente de Lisiados Peronistas; Gonzalo Gastón Giles, autor del libro Error 408: Normalidad no encontrada; Fernanda Cecilia Santoandré, representante de Dravet Argentina; Tomás Lorenzo Radunsky, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba); y Mauro Steffani, presidente de la Asociación de Electrodependientes.

Tras el encuentro, el bloque de UP manifestó a través de sus canales oficiales: “Nos comprometimos a garantizar el rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y a defender los derechos de más de 6 millones de personas que han sido perjudicadas por esta decisión del gobierno de Javier Milei“.

El senador de la Unión Cívica Radical (UCR) por Chaco, Víctor Zimmermann, anticipó hoy que acompañará la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En declaraciones recogidas por AM 990, Zimmermann sostuvo que ratificará la iniciativa, pese a haber estado en “disidencia parcial” con el proyecto original. “Yo voto a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Nuestra provincia necesita el fortalecimiento con este tema que es prioridad hoy en Argentina”, consideró.

El senador radical anticipó que “la gran mayoría de los bloques y de los senadores van a ratificar el proyecto que fue votado y recibió un número muy abrumador y acompañamiento” en el Congreso.

“Son las posibilidades de los mecanismos institucionales que existen, esa es nuestra tarea, esperemos estar a la altura de las circunstancias”.

El Gobierno prevé que el Senado rechazará el veto y prepara la letra chica de la judicialización para no aplicar la Ley

El Senado se propone rechazar hoy el veto a la Ley de Emergencia de Discapacidad. Los bloques opositores que la impulsan tienen el número para poder hacerlo, lo que implica que, de prosperar, la decisión presidencial quedará sin efecto. Este escenario ya había sido previsto por Javier Milei como una posibilidad, razón por la cual dijo que iba a iniciar una judicialización para evitar que esta legislación tenga que aplicarse.

“Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”, afirmó Milei en una entrevista radial con El Observador el mes pasado. Ahí alegó que los proyectos que se estaban tratando “violan la restricción financiera”.

“La condición financiera es que los aumentos de gastos tienen que tener como contrapartida aumento de impuestos, y tienen que explicar de dónde van a sacar los impuestos, o tienen que explicar de dónde van a sacar los otros gastos, qué gastos van a quitar para poder financiar esto”, justificó, a su manera, el Presidente.

Las áreas judiciales técnicas del Gobierno están terminando de trabajar en la letra chica de los planteos que presentarán ante la Justicia para evitar la aplicación de la normativa, que entre otras medidas prevé la regularización de pagos y actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, así como una compensación de emergencia para prestadores

A pesar de que es el segundo año consecutivo en el que el Gobierno se maneja con un presupuesto prorrogado, en la Casa Rosada acusan de que estos nuevos fondos que debería afrontar el Poder Ejecutivo no están contemplados en el cálculo presupuestario para el resto del año y tampoco se estimaba para el próximo. En rigor, buscan ganar tiempo para no comprometer el objetivo de déficit cero antes de las elecciones. “No les dan los tiempos para causar daño, no tienen tiempo para causar daño”, esgrimió oportunamente Milei al referirse al tema.

El principal argumento en el que se basará la defensa gubernamental será en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. Esta establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

En tanto, el planteo abarcaría otros aspectos complementarios. “Estamos analizando ampliar la argumentación, aunque el artículo 38 sería el motivo principal”, comentó a Infobae un altísimo funcionario que está haciendo el seguimiento de la judicialización, la cual se presentará una vez que la ley quede ratificada.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que la Ley tiene un impacto de entre el 0,22% y 0,42% del PIB, aunque esto sin contemplar otras medidas o efectos complementarios que no pudieron ser estimadas.

Horas antes de que la Cámara de Diputados tratara el veto presidencial tres semanas atrás, el vocero presidencial Manuel Adorni había comunicado que el Ejecutivo estaba evaluando un incremento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

El incremento iba a hacerse con los ahorros conseguidos de las bajas de las pensiones por invalidez que habían sido mal otorgadas. El Gobierno dio de baja más de 100.000 en los últimos meses, pero el procedimiento de revisión gruesa todavía sufre de importantes demoras, por lo que el incremento no sería sustancial. Este anuncio de Adorni se dio horas antes de que salieran los primeros audios comprometedores que luego configurarían el escándalo de presuntas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con la droguería Suizo Argentina.

Mientras tanto, la administración libertaria no incrementa el nomenclador para prestadores de servicios de ese rubro desde diciembre del año pasado. Esa es una de las razones principales por las que el reclamo sectorial ganó tanta fuerza.

Qué dice la Ley de Emergencia en Discapacidad

El proyecto de Ley declara la Emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 y dispone medidas para garantizar derechos fundamentales de las personas con discapacidad, como la educación, la salud, la rehabilitación, la protección social y el empleo.

Entre sus acciones, se ordena el financiamiento adecuado de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y la promoción del modelo social de discapacidad desde el Estado y los municipios. Se establece la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, ajustados según la inflación, y se incluyen beneficios tributarios y de regularización de deuda para los prestadores de servicios, con el objetivo de asegurar la continuidad de las prestaciones.

La iniciativa introduce reformas en las leyes 13.478, 22.431 y 24.901 para redefinir la discapacidad según los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, actualizar el proceso de certificación y compatibilizar la pensión con el empleo formal hasta un determinado tope salarial.

Además, declara de interés público los servicios de los prestadores y prevé mecanismos obligatorios de consulta con las personas con discapacidad y sus organizaciones. El Poder Ejecutivo deberá informar anualmente al Congreso sobre la ejecución presupuestaria y podrá realizar modificaciones en el presupuesto para garantizar la implementación de las medidas, sin afectar recursos asignados a servicios sociales.