Gobierno avanza con privatización de grandes represas hidroeléctricas: venta de acciones y continuidad operativa hasta fin de 2025

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 564/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que habilita la transferencia y venta de las acciones de las empresas operadoras de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La medida establece que la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, conducirá el proceso de privatización a través de un Concurso Público Nacional e Internacional sin base, mientras las actuales concesionarias podrán continuar operando hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta la adjudicación definitiva, lo que ocurra primero.

Las concesiones originales, otorgadas en los años ’90 como parte del proceso de privatización de HIDRONOR S.A., tenían un plazo de 30 años, ya vencido. Tras varias prórrogas, el Gobierno decidió conformar nuevas sociedades anónimas —con mayoría accionaria de ENARSA y participación minoritaria de Nucleoeléctrica Argentina— para tomar posesión de los activos y licitar su operación.
La medida se enmarca en la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y en la política oficial de privatización de empresas públicas estratégicas.

El Decreto 564/2025 autoriza:

• Transferencia de acciones de las cuatro sociedades hidroeléctricas de ENARSA a la Secretaría de Energía.
• Venta de paquetes accionarios mediante licitación sin base, de alcance nacional e internacional.
• Continuidad operativa de las concesionarias actuales (Orazul Energy, Enel Generación, AES Argentina y Central Puerto) bajo carta de adhesión, manteniendo obligaciones contractuales y garantías por USD 4,5 millones.
• Pago de regalías a las provincias de Río Negro y Neuquén según acuerdos con la Secretaría de Energía.
• Inventarios bimestrales de bienes y equipos, y acceso a instalaciones para oferentes interesados.

En caso de no adhesión, las empresas deberán continuar operando por 90 días hábiles para garantizar la transición.

El Gobierno fundamenta la decisión en la necesidad de garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico, asegurar inversiones para prolongar la vida útil de las represas y dar previsibilidad a los usuarios.
Participan en el proceso la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas. Las provincias de Río Negro y Neuquén han solicitado tiempo adicional para analizar la operación, dado el impacto económico y territorial.

Repercusiones económicas y políticas

La privatización de estos activos representa un cambio estructural en el sector energético argentino, con implicancias sobre:

• Mercado eléctrico mayorista: posible reconfiguración de precios y contratos.
• Finanzas provinciales: regalías hidroeléctricas como fuente clave de ingresos.
• Inversiones privadas: oportunidad para capitales locales e internacionales en activos estratégicos.
• Relaciones Nación-Provincias: necesidad de acuerdos para el manejo de cuencas y seguridad de presas.

El Ministerio de Economía deberá convocar el concurso público en un plazo de 60 días y definir pliegos que incluyan perímetros de concesión, obras obligatorias, normas ambientales y de manejo de aguas. La adjudicación podría concretarse antes de fin de año si el proceso avanza sin contratiempos, o extenderse hasta el límite del 31 de diciembre de 2025.
El esquema no prevé programas de propiedad participada ni preferencias para oferentes, apuntando a un mecanismo competitivo abierto.