El Gobierno autorizó la privatización total de AySA: venderá el 90% de las acciones a operadores privados

El Decreto 494/2025 habilita la venta del paquete accionario estatal de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. El proceso incluye una licitación pública nacional e internacional para transferir el control a un operador estratégico y la colocación del resto en el mercado de capitales. El Ejecutivo busca reducir el déficit fiscal y garantizar inversiones en infraestructura.

El Poder Ejecutivo nacional oficializó este martes, mediante el Decreto 494/2025, el inicio del proceso de privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa que presta el servicio de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida autoriza la venta del 90% de las acciones en manos del Estado, que representan la casi totalidad del capital social de la compañía. De acuerdo con el texto, al menos el 51% será adjudicado a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el resto será colocado en los mercados de valores locales.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se enmarca en lo dispuesto por la Ley de Bases 27.742, que incluyó a AySA en el listado de empresas sujetas a privatización, y en los procedimientos previstos por la Ley 23.696 de Reforma del Estado.

Déficit crónico y falta de inversiones

El texto oficial justifica la decisión en el deterioro operativo y financiero que arrastra la empresa desde su creación en 2006. Según el decreto, entre 2006 y 2023 el Estado transfirió USD 13.400 millones para sostener a AySA, sin lograr revertir el déficit ni mejorar la eficiencia.

La Casa Rosada argumenta que el Estado no está en condiciones de afrontar las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura del servicio, en un contexto de emergencia económica. La privatización, según el Gobierno, permitirá atraer capital privado y “contribuir directamente a la mejora en la prestación del servicio público”.

Cómo será el proceso de privatización

El Ministerio de Economía, con la asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, tendrá a su cargo el proceso de venta.

El esquema aprobado contempla:

• Licitación pública nacional e internacional para vender al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico.
• Colocación en bolsas y mercados del resto de las acciones.
• La continuidad del Programa de Propiedad Participada vigente, sin implementar nuevos esquemas de participación accionaria para empleados.

El decreto aclara que la privatización no afectará la continuidad del servicio, que seguirá bajo la figura de concesión pública.

Plan de transición y control estatal

En paralelo, el Ministerio de Economía aprobó el Plan de Acción de Transición 2024-2026, que busca adecuar los compromisos de prestación de AySA a su capacidad real de ejecución e inversión durante el proceso de traspaso.

La normativa también prevé que el Estado mantenga la planificación, regulación y control técnico del servicio, en línea con lo dispuesto por la Ley 26.221, que define al agua y saneamiento como servicios públicos esenciales.

El Gobierno espera que la operación permita reducir el déficit del Tesoro, liberar recursos públicos y acelerar las inversiones en infraestructura que requiere el sistema.

Sin embargo, la privatización abre un debate sobre el modelo de prestación y los mecanismos de control, especialmente en un servicio esencial que impacta directamente en millones de usuarios del AMBA.

El decreto instruye al Ministerio de Economía a dictar las normas complementarias necesarias y a informar a la Comisión Bicameral del Congreso, tal como exige la Ley 23.696.