ANMAC desregula inscripciones comerciales y elimina la tasa anual: inscripciones serán válidas por cinco años. La nueva resolución busca desburocratizar el sistema de registros para usuarios comerciales, colectivos y cinegéticos vinculados con materiales controlados

La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) oficializó este martes una reforma clave en el régimen de registros de armas, municiones y materiales controlados. A través de la Resolución 77/2025, publicada en el Boletín Oficial, se dispuso extender a cinco años el plazo de vigencia de las inscripciones para fabricantes, talleres, entidades de tiro y otros usuarios registrados, y eliminar la exigencia del pago de una tasa anual, hasta ahora obligatoria para mantener la validez de las autorizaciones.

La medida se enmarca en el plan de desregulación y simplificación administrativa impulsado por el Gobierno nacional, y busca aliviar la carga operativa sobre el sector legal de usuarios de materiales controlados, sin comprometer los estándares de seguridad ni los controles fundamentales.

Quiénes se benefician con los nuevos plazos y la eliminación de la tasa

La nueva norma alcanza a los siguientes rubros:

• Fabricantes de armas de uso civil y uso civil condicional
• Fabricantes de municiones y materiales de uso especial
• Talleres de armado y reparación de vehículos blindados
• Verificadores y repotenciadores de instalaciones blindadas
• Recargadores comerciales de munición
• Usuarios colectivos, entidades de tiro y legítimos usuarios cinegéticos

Hasta ahora, estas inscripciones debían renovarse anualmente y requerían el pago de una tasa administrativa, además de una serie de trámites de actualización de datos. Con la nueva resolución, la inscripción será válida por cinco años, y el pago anual queda sin efecto, aunque los titulares deberán informar a la ANMAC cualquier modificación significativa en su situación (como cambios societarios, pólizas, apoderados) dentro de los 30 días de ocurrido el cambio.

La medida toma como antecedente el Decreto 891/17 de Buenas Prácticas Regulatorias y los decretos más recientes 70/2023 y 90/2025, que impulsan una revisión integral de la normativa administrativa nacional para reducir tiempos, costos y burocracia tanto para el Estado como para los ciudadanos y actores económicos.

Según los considerandos de la norma, desde la sanción de la Ley 20.429 de Armas y Explosivos en 1973, y su reglamentación a través del Decreto 395/75, se acumularon múltiples disposiciones complementarias del ex RENAR (Registro Nacional de Armas) y de la actual ANMAC, muchas de las cuales resultaban redundantes o poco eficientes para la gestión moderna.

“Atendiendo a la simplificación y desburocratización de los trámites, resulta conveniente unificar los plazos de caducidad de las inscripciones establecidos reglamentariamente por el ex RENAR o por esta ANMAC”, señala la resolución firmada por Juan Pablo Allan, director ejecutivo de la agencia.

Para implementar estos cambios, la resolución faculta a las Direcciones Nacionales de Registro y Fiscalización a actualizar los instructivos y plataformas digitales que regulan los trámites de inscripción y actualización de datos de los usuarios alcanzados.

Los registros afectados por esta medida seguirán estando sujetos a fiscalización y controles, pero con menor carga de trámites repetitivos, lo que permite a la agencia concentrar recursos en el monitoreo de alto impacto y situaciones de riesgo real.

Esta decisión representa un paso concreto hacia un modelo más eficiente y razonable de control estatal, con foco en la trazabilidad de materiales peligrosos y la responsabilidad activa del usuario habilitado, más que en la burocracia periódica.

Además, libera recursos técnicos y administrativos para áreas críticas como el combate al tráfico ilegal, el control de importaciones y la supervisión de actividades de riesgo.

El nuevo esquema entra en vigencia de forma inmediata y será clave para fabricantes, armerías, clubes de tiro y usuarios autorizados de todo el país, con un impacto directo en provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Entre Ríos, donde la actividad legal vinculada a armas y municiones tiene fuerte arraigo deportivo y comercial.