Misiones continúa garantizando la Justicia Ambiental

Junto al Ministerio de Ambiente de Nación, Misiones fue elegida para realizar la Mesa de Diálogo Regional del 1° acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe. Tratado único en el mundo en incorporar disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

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Junto al Ministerio de Ambiente de Nación, Misiones fue elegida para realizar la Mesa de Diálogo Regional del 1° acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe. Tratado único en el mundo en incorporar disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

El día lunes recibimos en las instalaciones de Cambio Climático, a las asesoras de la Secretaría dependientes de Ambiente Nación, María Fernanda Ruano, Consultora en Educación Ambiental y Responsabilidad Social y Ambiental, Asesora en Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación (MAyDS); y Carolina Guerra Navarro, Bióloga, Docente y Asesora didáctica. Asesora técnica en Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación (MAyDS) quienes lideraron el taller en esta instancia de participación ciudadana, con el objetivo de recoger propuestas y obtener insumos para la elaboración del Plan impulsada por la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. ⁣

Elegida como sede regional para la Mesa de Diálogo, en trabajo conjunto a la Subsecretaría de Gestión encabezada por Silvia Kloster, Misiones dialogó para la construcción del primer Plan de Acción Nacional para la implementación del Acuerdo de Escazú. Este tratado incorpora herramientas para facilitar el acceso a la información, fortalecer la participación pública en procesos de toma de decisiones y garantizar el acceso a justicia en asuntos ambientales.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Busca otorgar garantías a los ciudadanos en 3 ejes: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El tratado fue adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018 y entró en vigencia el 22 de abril de 2021. Por el momento, este acuerdo ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, de los 33 de la región. Y son 15 los Estados parte que ya han ratificado el acuerdo, entre los que está la Argentina. Desde su entrada en vigencia, 3 países nuevos han ratificado el acuerdo: Chile, Granada y Belice. Entre los grandes ausentes está Costa Rica, uno de los países que lideró la creación del acuerdo, y Brasil y Perú, países amazónicos.

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El Acuerdo de Escazú establece que los ciudadanos pueden pedir información en asuntos ambientales a las autoridades competentes. Gracias a este tratado, los ciudadanos también tienen el derecho de participar en los procesos de toma de decisiones vinculados a proyectos y actividades que puedan tener un impacto importante sobre el ambiente o la salud humana. Asimismo, el acuerdo pretende garantizar la seguridad de los defensores ambientales. América Latina es la región más peligrosa para las personas que defienden el medio ambiente. Según el último informe de la ONG internacional Global Witness, en 2021 más de tres cuartas partes de los ataques registrados a defensores ambientales ocurrieron en esta región.

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