Luego de obtener la certificación internacional del estándar Verra para su Programa Jurisdiccional REDD+, Misiones iniciará durante agosto una serie de jornadas informativas destinadas a propietarios de bosques nativos, un paso considerado clave antes de la apertura formal de las inscripciones al esquema de créditos de carbono.

La iniciativa marca el ingreso de la provincia a una nueva etapa: pasar de la construcción institucional del programa a la incorporación efectiva de beneficiarios. No se trata todavía del comienzo de las inscripciones, sino de un proceso de difusión para explicar requisitos, beneficios, compromisos y mecanismos de participación.

Las reuniones se desarrollarán en las zonas norte, centro y sur de Misiones y estarán orientadas principalmente a pequeños y medianos productores propietarios de bosque nativo, quienes históricamente tuvieron dificultades para acceder individualmente al mercado internacional de carbono debido a los elevados costos de certificación y validación.

El programa representa uno de los proyectos ambientales más ambiciosos impulsados por la provincia en los últimos años.

La lógica cambia de manera significativa respecto de los esquemas tradicionales de aprovechamiento forestal: el bosque deja de generar valor únicamente por la madera que produce y comienza a transformarse también en un activo ambiental capaz de generar ingresos por permanecer en pie.

En términos económicos, los créditos de carbono constituyen un mercado global que remunera la reducción o captura de emisiones de dióxido de carbono (CO₂). En este caso, Misiones comercializará créditos derivados de la conservación de sus bosques bajo el estándar internacional REDD+, uno de los mecanismos más utilizados para combatir la deforestación.

La certificación otorgada por Verra representa un paso estratégico porque habilita a la provincia a participar en el principal mercado voluntario de carbono del mundo.

Quiénes podrán participar

La convocatoria inicial está destinada exclusivamente a los titulares de inmuebles con bosque nativo comprendidos dentro de la denominada “Cuenta 2” del programa.

Podrán incorporarse propietarios cuyas parcelas:

• posean bosque nativo;
• no integren Parques Provinciales ni Parques Nacionales;
• hayan conservado la cobertura forestal entre 2017 y 2022;
• mantengan esa condición durante el período de monitoreo.

Uno de los aspectos centrales es que el programa no modifica los derechos de propiedad ni restringe el uso legal del campo.

Los productores continuarán pudiendo desarrollar actividades autorizadas por la Ley Nacional de Bosques, mantener planes de manejo sustentable e incluso abandonar el programa si así lo desean o desarrollar proyectos privados de carbono en el futuro.

Cómo se calcularán los ingresos

El monto que recibirá cada productor no será uniforme.

El sistema contempla una fórmula que pondera distintos factores ambientales de cada establecimiento:

• categoría del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN);
• ubicación dentro del Corredor Verde;
• existencia de reservas privadas;
• precio efectivo al que Misiones logre comercializar los créditos en el mercado internacional.

A ello se sumarán los ajustes que corresponda realizar al Estado nacional y, próximamente, un simulador oficial permitirá que cada propietario estime cuánto podría percibir antes de adherir al programa.

El compromiso principal asumido por quienes adhieran será conservar el bosque y evitar desmontes o cambios de uso del suelo durante el período establecido por el programa.

Ese requisito constituye la base ambiental que permite emitir créditos de carbono y es el elemento que otorga valor económico a la conservación.

Desde la óptica provincial, el objetivo es transformar la preservación de los bosques en una actividad económicamente rentable, especialmente para pequeños y medianos productores que muchas veces enfrentan fuertes restricciones para obtener ingresos derivados únicamente de la producción tradicional.

El programa también posiciona a Misiones como una de las jurisdicciones pioneras de América Latina en implementar un esquema jurisdiccional de créditos de carbono certificado internacionalmente.

A diferencia de los proyectos privados, el enfoque jurisdiccional permite incorporar grandes superficies bajo un mismo estándar, reduciendo costos de certificación y ampliando el universo de beneficiarios.

Esto podría generar una nueva fuente de divisas para la provincia, fortalecer la política de conservación de la Selva Paranaense y consolidar un modelo de desarrollo basado en los servicios ecosistémicos.

Las jornadas previstas para agosto representan, en ese contexto, el primer paso operativo hacia una política pública que combina ambiente, economía y financiamiento climático.